La última del Consell de la República: amenazas al exconcejal que denunció sus convenios municipales

El Consell de la República ha amenazado al exconcejal socialista de Sant Pol de Mar, Enric Abad, con llevarle a los tribunales por difamación tras denunciar este último que el convenio firmado entre el órgano áulico de Puigdemont y el consistorio de esa localidad puede suponer la transgresión de las leyes, podría estar cometiendo prevaricación administrativa y pretende la abolición de la Constitución en esa población. Hasta ahora, cinco ayuntamientos catalanes han firmado convenios por los que se dejan asesorar en "buenas prácticas" por el Consell y se comprometen a impulsar el carnet de la República que reparte Carles Puigdemont en lugar de utilizar al DNI español.

El Ayuntamiento, que preside Albert Zancas (ERC), firmó hace más de un año un convenio con el Consell de la República para el "impulso de buenas prácticas en contratación pública y de la identidad digital republicana como método de identificación de la ciudadanía". En otras palabras, el Consell de la República, un órgano totalmente opaco, con sede en Waterloo, que no rinde cuentas al fisco español, que jamás ha rendido cuentas ni siquiera a sus afiliados sobre su sistema de financiación ni sobre sus gastos, pretende sentar cátedra sobre buenas prácticas en una Administración pública española. Y, además, quiere utilizar el carnet que vende Puigdemont a 12 euros (además de entregar el carné obliga a afiliarse al Consell) para que los ciudadanos se identifiquen ante los consistorios arrinconando al DNI español.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 16 de Barcelona lleva una investigación sobre este convenio. Según se explicó en el pleno municipal, "la legitimidad del Consell de la República nace de la soberanía popular del pueblo de Cataluña expresada en dos ocasiones, el 1 de octubre de 2017 y el 21 de diciembre de 2017. En esta segunda ocasión, las fuerzas independentistas obtuvieron la mayoría en el Parlament de Cataluña. El acuerdo de investidura preveía la creación del Consell de la República, ya que el mandato republicano surgido del 1 de octubre de 2017 necesita de una institución republicana".

Buenas prácticas en entredicho

Bajo esta pretendida legitimidad, el Ayuntamiento de Sant Pol suscribió el acuerdo de colaboración. En el pleno de octubre de 2022, Zancas aseguró que el convenio tiene como finalidad "dar la opción de relacionarse con el Ayuntamiento con la identidad digital republicana. Además, favorecer en la contratación pública la introducción de cláusulas que favorezcan la equidad pública catalana mediante cláusulas sociales".

David Hernández, concejal de la CUP, afirmó en el pleno que el convenio permite "dos cosas: explicar y difundir entre los santpoleños la Identidad Digital Republicana e implementarla en trámites no administrativos del Ayuntamiento (reserva de espacios municipales, hacer propuestas en los presupuestos participativos, apuntarse a actividades municipales, preguntar telemáticamente en los plenos municipales, etc). Es decir, al margen de la identificación del DNI español, que también haya la opción de la identidad republicana. Por otro lado, este convenio ha de permitir un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consell de la República en la aplicación de un modelo de buenas prácticas en materia de contratación pública de acuerdo con criterios contractuales socialmente justos, de eficiencia ambiental, de igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, culturales y de protección de derechos laborales".

TE PUEDE INTERESAR

Un juzgado investiga el convenio de Sant Pol de Mar con el Consell per la República

A. Fernández. Barcelona

Paradójicamente, el Consell de la República ha hecho en la práctica todo lo contrario: sus afiliados han exigido reiteradamente a Carles Puigdemont el rendimiento de cuentas, pero el expresident contestó con la disolución por decreto de la Asamblea de Representantes el pasado mes de agosto, que en la práctica funcionaba como su parlamento privado. De ese modo, no tiene que rendir cuentas a nadie. Además, un documento firmado por más de un tercio de la Asamblea de Representantes (activistas elegidos por sufragio entre todos los afiliados) acusaba de poco transparente al Consell y a la cúpula de manejar el Consell para su propia conveniencia y con oscuros intereses personales.

Una base de datos sospechosa

Ajeno a esta realidad, el Ayuntamiento de Sant Pol firmó un convenio que en una de sus cláusulas dice que "algunos de los servicios que puede ofrecer el Consell de la República pueden reforzar un mejor ejercicio de sus competencias y un mejor servicio a sus ciudadanos favoreciendo la introducción de criterios de simplificación, ética, compromiso social y ambiental y satisfacción en definitiva de sus ciudadanos".

Resalta el convenio que el Consell es propietario de "una identidad digital republicana (IDR) que permite verificar un número, que está asociado a una persona. Esta identidad está en el Registro Ciudadano del Consell de la República". Y es la que quiere imponer el consistorio para determinados trámites. El Ayuntamiento "se compromete a admitir el número de identidad republicana como elemento identificador para todos aquellos trámites que, de acuerdo con los artículos 9 a 12 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no requieran la identificación previa. A título enunciativo, estos trámites pueden ser presentación de quejas, sugerencias, denuncias sobre desperfectos en la vía pública o en el mobiliario urbano, denuncias de animales abandonado o plagas, inscripción en cursos, actos o cualquier clase de actividades, recogida de muebles viejos y voluminosos, abonos de espectáculos o instalaciones deportivas, entre muchas otras".

El Ayuntamiento, según el convenio, pasaría al Consell el número de la IDR de la persona física para comprobar si está inscrita en el Consell, a partir de lo cual facilita el acceso a los anteriores servicios. Y sería el Consell el que verificaría si la identidad es correcta o no, en vez del propio Ayuntamiento. Ello, objetivamente, puede ar lugar a la creación de facto de un listado de simpatizantes dispersos por el territorio.

TE PUEDE INTERESAR

El PSC pierde a sus concejales en Sant Pol de Mar por su tibieza frente al independentismo

Antonio Fernández. Barcelona

Además, el Consell es el encargado de "facilitar modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares que incorporen cláusulas sociales, ambientales, éticas y de calidad que pongan en valor esos efectos por encima de las cuestiones económicas". Ello supondría también un filtro que podría chocar con las normas vigentes, puesto que las ofertas económicas de las licitaciones quedan supeditadas a los criterios subjetivos de quien otorga los contratos públicos, por lo que una empresa amiga que haya presentado un presupuesto muy abultado pero sea conforme a las especificaciones “éticas” que diga el Consell se llevaría el concurso ante opciones menos onerosas para la Administración.

Sesgo ideológico

En un escrito al juzgado fechado en marzo pasado, Abad recuerda que las administraciones han de preservar los intereses generales y con ese convenio, el Ayuntamiento de Sant Pol "no puede desarrollar actividades orientadas a conseguir la derogación de la Constitución en Cataluña". Señala también que "no es que el Consell, de carácter privado, actúe al margen de lo previsto en la Constitución, sino que su finalidad es ir directamente contra ella, con el objetivo declarado de convertirla en ineficaz. (…) En este caso, además, el contenido del convenio firmado incluye la implementación de la IDR en los equipamientos municipales de Sant Pol de Mar (…) La finalidad que se pretende por el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar al admitir dicho documento como identificativo es dejar de utilizar el DNI español o, al menos, utilizar un instrumento de identificación no oficial con un marcado sesgo ideológico, incompatible con la neutralidad que se ha de predicar de la Administración púbica".

Además, subraya que, utilizando esa identificación, "obligaría a los ciudadanos de Sant Pol de Mar a manifestarse ideológicamente ante el Ayuntamiento, pues la opción entre la identificación a través del DNI o de la IDR daría muestras de la adscripción o no del ciudadano o ciudadana a los planteamientos separatistas contrarios al orden constitucional”. También señala que el Ayuntamiento invade competencias estatales “al pretender sustituir el DNI con lo que denomina la IDR". Y pide, por último, que se anule el convenio, advirtiendo que en este caso puede haber "una posible prevaricación administrativa".

En otro escrito fechado a finales del pasado mes de junio, al que ha tenido acceso El Confidencial, el abogado del Consell de la República, Ramón Llena, niega todas las acusaciones y amenaza a Enric Abad de que su alegación es un "infundio" y que la demanda "constituye una calumnia al resultar la imputación falsa de un hecho delictivo, en la medida en que el sujeto pasivo de una resolución prevaricadora también es responsable penalmente y llevar a cabo tal imputación por escrito y en un medio que no es una denuncia penal [se trata de un procedimiento ante un juzgado contencioso], sin duda constituye calumnia y nos reservamos el derecho a actuar al respecto cómo y cuándo consideremos oportuno". Abad, que no se presentó en las últimas elecciones municipales, no tiene ahora cargo público alguno, aunque sus alegaciones fueron realizadas cuando era aún concejal.