El PSC pierde a sus concejales en Sant Pol de Mar por su tibieza frente al independentismo

El PSC se ha quedado, a mes y medio de las elecciones municipales, sin representantes en el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, en plena comarca del Maresme, al norte de Barcelona. El único concejal que tenía en este municipio, Enrique Abad, solicitó al alcalde su pase a concejal no adscrito la semana pasada, después de varios desencuentros con los dirigentes comarcales socialistas y después de que intentasen hacer que desistiese de denunciar el convenio que el Ayuntamiento de Sant Pol firmó con el Consell de la República de Carles Puigdemont. La entidad creada por el expresident ha firmado otros seis convenios más en las últimas semanas con otros tantos consistorios catalanes.

“La forma de actuar de los dirigentes del PSC deja mucho que desear. Mi antecesor ya se fue del partido por cuestiones similares y por las trabas que le ponían en el desarrollo de su labor. Ahora me voy yo. La indiferencia y la falta de apoyo en cuestiones trascendentales es enorme”, señaló enrique Abad a El Confidencial. Sant Pol de Mar tiene 13 concejales y su actual alcalde es Albert Zanca, de ERC. El partido republicano tiene 4 representantes, los mismos que JxCat, mientras que la CUP tiene 3 y Junts per Sant Pol y el PSC tienen uno cada uno. Hasta 2019, la localidad siempre había estado gobernada por CiU, salvo en la legislatura de 1991 a 1995, en que fue alcalde un independiente. Los socialistas carecieron de concejales ente 2011 y 2019, aunque con la crisis generada en esta legislatura pueden perder el edil que lograron en los últimos comicios.

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Abad relata a este diario que su trabajo consistía no sólo en fiscalizar la labor del equipo de gobierno, sino en plantear abiertamente temas identitarios, como los de la lengua, la bandera o la constitucionalidad de las iniciativas. De hecho, suya fue la denuncia de que el consistorio vulneraba la ley de banderas y tras un fallo judicial, el alcalde no tuvo más remedio que poner la enseña española en la fachada. Desde entonces, en algunas ocasiones ha sido boicoteada: con cualquier excusa, desde que se había enredado hasta que no funcionaba bien la cuerda, los responsables municipales evitaban que permaneciese junto a las otras, tal y como dicta la ley.

La gota que colmó el vaso

La gota que colmó el vaso fue la oposición del concejal del PSC a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Consell de la República, una iniciativa que ya está siendo investigada por un tribunal. Dentro de la estrategia del independentismo, este paso es importante: en principio, no se asigna ningún presupuesto para evitar que pueda haber base legal sobre los pagos a una entidad no reconocida legalmente en España ni inscrita en la Administración, pero se deja la opción de poder destinar partidas económicas para sufragar el asesoramiento del Consell.

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Además, Puigdemont intenta que los ayuntamientos catalanes que suscriban convenios exijan la “identidad digital republicana” para los trámites municipales. Es decir, que utilicen el DNI que expide el propio Consell de la República. Esa exigencia, según el convenio que el Ayuntamiento firmó con el fantasmagórico Consell, “permitirá crear una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso del DNI español”. Además, y a pesar de que nunca ha rendido cuentas económicas ni siquiera a sus afiliados (ha habido constantes bajas por ese oscurantismo), el Consell de la República se compromete a asesorar en “buenas prácticas” a los municipios catalanes.

El cúmulo de irregularidades en el convenio fue denunciado por el concejal del PSC, pero su partido, afirma el edil, no encontró apoyo en su pugna contra el consistorio independentista. “Llegué a escribir a la secretaría de la Diputación de Barcelona, pero me contestaron con una información económica que no tenía nada que ver con lo que yo había planteado. La respuesta de la Diputación fue una tomadura de pelo. Tras eso, tuvo una reunión con el secretario general del PSC en el Maresme y con su segundo. En esa reunión, me dijeron que el convenio no tenía importancia, que lo dejase correr, que era normal, que se trataba de un acuerdo con una institución privada. Les dije que no es nada normal que se firme un convenio con una entidad que ni siquiera está registrada aquí, con un organismo que no está reconocido en España, que no está dado de alta y que ni siquiera realiza justificación de cuentas”.

El concejal intentó en varias ocasiones que su partido se pusiera las pilas sobre el tema. “Insistí en que se ponen en jaque los servicios que pueden prestar los municipios con ese convenio, porque se habla de fomentar un ‘consumo republicano’, lo que quiere decir que habrá discriminación ideológica de los proveedores. Por otro lado, aunque no se compromete cantidad alguna, en un futuro habrá costes de los servicios y entonces será muy difícil, por no decir imposible, controlar este tema. No se podrán fiscalizar las cuentas municipales”.

Fuentes del PSC desmienten a El Confidencial algunas de las afirmaciones de Abad. “En el tema del Consell de la República, estamos donde siempre, es decir, en contra. La posición oficial del partido es muy clara en este sentido. Siempre nos hemos opuesto. Y con el tema de la bandera, lo mismo”, subrayan. También afirman que el PSC siempre ha apoyado las iniciativas críticas con el gobierno municipal, pero resaltan que “en las próximas municipales tenemos un nuevo candidato, Luis Vecino, con muchas posibilidades. Y en esa candidatura no figura Abad, por eso su decisión de pasar a no adscrito puede tener otra lectura”.

Seis convenios más

Mientras tanto, Puigdemont aprovecha y acaba de firmar otros seis convenios para asesorar en “buenas prácticas” e implantar la “identidad digital republicana” en otros seis ayuntamientos catalanes, en una operación similar a la que había realizado en Sant Pol y en Torres de Segre. Los nuevos municipios que han caído bajo su control son Vic, Amposta, Bescanó, Santa Eugènia de Berga, Olvan y Artés.

Anna Erra, alcaldesa de Vic (y probable nueva presidenta del Parlament en sustitución de Laura Borràs si ésta es definitivamente expulsada de su escaño), señala en un vídeo del propio Consell de la República que “este apoyo y reconocimiento al Consell es clave especialmente después del 1 de octubre, cuando iniciamos este camino hacia la soberanía de nuestro país. El Consell es el instrumento clave para conseguirlo”. Adam Tomàs (ERC), alcalde de Amposta, aseguró que su partido estaba “alineado” para “la mejora de los derechos de Cataluña y por la independencia del país”

Puigdemont aprovecha y acaba de firmar otros seis convenios para implantar la "identidad digital republicana"

Xavier Vinyoles (ERC), alcalde de Bescanó, confirma el convenio en el que se felicita por la decisión de apostar por el DNI de Puigdemont “propiciando así la desconexión de las herramientas de identificación españolas”. Para Xavier Fernández (JxCat), alcalde de Santa Eugènia de Berga, es “una manera de hacer país, de hacer la república que todos deseamos”. Sebastià Prat (CUP), alcalde de Olvan, aseguró que el convenio sirve para dos cosas: “Una es el reconocimiento de la identidad digital republicana, que es una cosa que pone nerviosos a los españoles. También porque hemos de ser espabilados y saber censarnos nosotros mismos como catalanes y catalanas. Y el segundo paso es este acuerdo para fomentar lo que sería el consumo republicano”. Enric Forcada (ERC), alcalde de Artès, justifica el convenio como “la primera piedra de esta república catalana. Además, creemos que es muy importante que apoyemos a las entidades que trabajan para la independencia de Cataluña, en este caso concreto el Consell de la República local de Artès, que es una entidad fuerte y a la que queremos ayudar”

Pero si esa ayuda lleva emparejado un dispendio económico, es decir, si el dinero se va a las cuentas del Consell de la República de Waterloo, lo que pueden tener, en vez de una nueva identidad digital republicana y un consumo estratégico republicano, será un proceso judicial, puesto que podría haber un posible delito de malversación. De ahí que en los convenios, oportunamente, se deje abierta la posibilidad de asignar las partidas económicas más adelante.