El constitucionalismo acusa al Govern ante Bruselas de acoso contra los no independentistas

La manifestación en Barcelona del próximo domingo en la que se rechazará la amnistía que negocia Pedro Sánchez con los independentistas preocupa al soberanismo catalán. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en su última comparecencia, calificó la manifestación de ser convocada "en contra de los catalanes" y aseguró que los posibles asistentes "lo que tienen es catalanofobia". Esta diatriba de la portavoz del Govern -que jamás critica ninguna acción del independentismo aduciendo la obligada neutralidad del Ejecutivo- ha levantado airadas críticas en las organizaciones constitucionalistas, hasta el punto de que la asociación Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo ha dirigido una carta de queja a la cúpula de la UE. La carta fue enviada a Vera Jourova, vicepresidenta de Valores y Transparencia y a Didier Reynders, comisario de Justicia.

Domingo señala a El Confidencial que "lo que pretendemos es denunciar la falta de colaboración de las instituciones. En el Parlament, por ejemplo, no se han condenado nunca los ataques violentos contra el constitucionalismo". Además, el acoso no se da solamente en un ámbito, sino prácticamente en todas las áreas sociales. "Los partidos constitucionalistas son insultados y linchados periódicamente. Se les acosa clarísimamente desde los ámbitos sociales e institucionales. Y en el mundo educativo se dan muchas situaciones de acoso a padres de alumnos". Domingo explica que "es obvio que en Cataluña hay un acoso sistémico contra el constitucionalismo, como si formase parte de la propia estructura nacionalista el acoso hacia los que lo son".

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En su misiva a la UE, el dirigente cívico califica el discurso del Ejecutivo catalán de "discurso del odio". "No se les escapará la gravedad de que la portavoz de un gobierno, en relación a una asociación cívica, diga que es ‘catalanófoba’ y que la manifestación que convoca es ‘en contra de los catalanes’. Quien habla en nombre del gobierno ha de mantener un respeto exquisito, también por las opiniones discrepantes y la obvia discrepancia con quienes cuestionan los planteamientos del propio gobierno no puede convertirse en insulto y, mucho menos, en acusaciones que tienen como resultado el señalamiento de quienes no comparten los planteamientos del gobierno", dice la misiva.

El presidente de Impulso Ciudadano, letrado de profesión y conocedor de todos los intríngulis legales de la UE, enfatiza que "es obvio que una acusación como la de catalanofobia, dirigida a un colectivo claramente identificado por su ideología supone una manifestación del discurso del odio que la Unión Europea y, en concreto, la Comisión Europea, se han comprometido a combatir (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 9 de diciembre de 2021)". Y subraya que "es un discurso que puede tener como consecuencia el hostigamiento a quienes son señalados de esta forma, pues el vínculo entre discurso del odio y violencia está claramente identificado en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo que acaba de ser citada".

Acoso en el campus como ejemplo

A partir de ahí, informa a las autoridades comunitarias que en Cataluña, "esta continua estigmatización de los colectivos constitucionalistas ha llevado también a un constante acoso a los mismos". La cosa venía a cuento porque, mientras la portavoz del Govern denostaba a los que rechazaban la amnistía como "anticatalanes", en el campus de Bellaterra, plataformas independentistas acosaban a la asociación S’Ha Acabat, la única entidad estudiantil constitucionalista inscrita en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con gritos de ‘Pim, pam, pum, que no quedi ni un’ (Pim, pam, pum, que no quede ni uno). Fue "un hostigamiento que exigió la intervención de la Policía para defender a los constitucionalistas".

José Domingo acusa al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de disculpar y banalizar los ataques físicos contra los estudiantes de S’Ha Acabat al llamar "manifestaciones pacíficas" a los intentos de agresión. "Anteriormente, la entonces consejera de Universidades en el Gobierno regional [Gemma Geis, actualmente vicealcaldesa de Girona, que dejó el Govern tras la crisis entre JxCat y ERC] mostró su apoyo a quienes hostigaban a los constitucionalistas. Esta misma consejera había tildado de ‘fascista’ a la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) por oponerse a la discriminación del castellano en los exámenes de acceso a las universidades en Cataluña".

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Estas y otras acciones, recoge la misiva,"forman parte de una campaña orientada a deslegitimar y estigmatizar a quienes discrepan del nacionalismo. La atribución de cualidades indeseables (fascistas, catalanófobos), a la vez que se apoya la reacción violenta contra ellos es un mecanismo claro de retroalimentación entre discurso del odio, violencia y exclusión del debate público de determinados planteamientos críticos con el poder".

La gravedad de todo ello ¡radica en el hecho de que las descalificaciones de intransigencia y el discurso del odio provienen de las propias instituciones catalanas. "Cuando la autoridad pública apoya directamente la utilización de la violencia contra el discrepante, ¿qué tendrán que hacer las instituciones europeas que dicen velar por el respeto al estado de derecho y a los principios democráticos en el conjunto de la Unión?", resume la carta. El escrito termina denunciando que "la vulneración de los principios democráticos básicos continúa. Si no se toman medidas ahora, más adelante puede ser ya tarde" y advierte que "las instituciones europeas deberían luchar de manera decisiva contra los discursos del odio. Y cuando esos discursos son obra del poder público, no debería haber dudas ni matices en la respuesta, que debería ser clara, contundente, inequívoca".