El delirante informe de los 'observadores' del 1-0: Cataluña era una república independiente en 1810

El equipo de "expertos internacionales" que asistió a la celebración el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 estuvo durante casi dos meses alojado en hoteles de Barcelona, con todos los gastos pagados y con suntuosos sueldos para que rubricasen con su firma el resultado de la consulta. Eran nueve técnicos de "gran prestigio" encabezados por la neozelandesa Helena Catt. Contaba también con el apoyo de 4 personas más, integrantes de un "equipo de apoyo administrativo". Catt, primera mujer directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda entre 2004 y 2009, tiene un título en Historia Moderna y Política de la Universidad de Edimburgo y un doctorado en votación táctica de la London School of Economics. Su cometido era realizar un informe final sobre el referéndum de independencia que, aunque apenas nadie se lo ha leído, deja perlas para la historia.

El independentismo vendió a Catt como una celebridad mundial y respetadísima especialista. Pero como historiadora, pese a su título, parece ser un desastre total. Ya fuese influenciada por falsos historiadores catalanes o por teorías conspiranoicas, su informe final sobre el referéndum es un cúmulo de despropósitos.

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Una de sus revelaciones es afirmar que Cataluña ya había sido una República independiente en el siglo XIX, pero nada menos que bajo la bota de las tropas napoleónicas, que habían invadido la Península Ibérica un par de años antes. "Napoleón permitió y reconoció una República independiente catalana en 1810, aunque con su seguridad garantizada por el Estado francés", afirma el informe de los "expertos internacionales". A continuación, señala que la independencia de Cataluña duró dos años, puesto que Napoleón "incorporó Cataluña a su imperio dos años más tarde y se vio obligado a abandonar la Corona española cuando fue derrotado dos años después de eso".

El informe recoge que Cataluña ya se había constituido como república en 1641, durante la Guerra dels Segadors, "aunque con protección del monarca francés". Pero Europa receló y conspiró para acabar con la República catalana, por lo que esta se incorporó de nuevo a la Corona española. Los expertos dan a entender que Cataluña gozó entonces de autonomía hasta que Barcelona cayó en 1714 como colofón a la Guerra de Sucesión y la aprobación de los decretos de Nueva Planta en 1716. "Felipe V incorporó a Aragón y sus distintas instituciones al Reino de Castilla, terminando esencialmente con la autonomía catalana".

Un referéndum en 2014

El informe no data concretamente el nacimiento de la "nación catalana", y que eso depende, dice, "tanto de las opiniones del historiador en cuestión como del propio registro histórico". Pero cita que algunos historiadores consideran que Cataluña nació en el siglo IX bajo el gobierno de Wifredo el Belloso, que reinó entre 878 y 897. Aunque el informe subraya que su intención era recuperar territorio o "construir una zona de amortiguación entre la cristiandad de los francos y el califato del mundo islámico en lugar de establecer una identidad nacional como tal". En este sentido, reconoce que, en aquellos momentos, los territorios que hoy se definen como Cataluña "no era un Reino, ni se llamaba Cataluña, ni sus fronteras eran congruentes con la Cataluña actual. Sin embargo, fue claramente un precursor histórico de la política moderna de Cataluña".

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El delirante informe es más papista que el Papa: asegura que en 2014 hubo "un referéndum sobre la autodeterminación". Se refiere a la consulta del 9 de noviembre de ese año, a la que ningún partido independentista considera referéndum por sus propias condiciones. Pero los expertos no tienen empacho en calificarlo de tal.

También da carta de naturaleza a las leyes de desconexión aprobadas en la noche del 6 de septiembre de 2017, unas leyes que abolían el Estatuto y la Constitución y que dinamitaban la división de poderes de las democracias y que servían para justificar el referéndum del 1-O. "Hubo muchos retrasos en los procedimientos, alteraciones en la agenda, cambios en el procedimiento normal y muchos filibusteros. Finalmente, la ley fue aprobada por mayoría, aunque los Estatutos de Autonomía de Cataluña (sic) especifican una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estado de Cataluña. El resultado fue vinculante, sin participación ni voto mínimo requerido [para dar por válido el referéndum]".

Los expertos explican las semanas anteriores al referéndum ilegal, la batalla jurídica con recursos y fallos continuos del Constitucional y entran en flagrantes contradicciones que ponen en entredicho el informe y sus conclusiones. Aseguran en el texto que "en ninguna parte de la orden emitida, el TC declaró que el referéndum era totalmente ilegal o inconstitucional". Una conclusión totalmente desconcertante, puesto que los avisos del alto tribunal fueron claros. A pesar de esa consideración, en un párrafo específico sobre la evaluación del voto el 1-O, dice: "El Gobierno español y el Tribunal Constitucional consideraron el voto como ilegal y tomaron muchas medidas para tratar de evitar que la votación se llevara a cabo (…) El gobierno catalán contrarrestó cada movimiento con una contramedida diseñada para permitir el voto".

Un descontrol absoluto

El informe pasa por alto la existencia o no de un censo electoral. Teóricamente, el 1-O no había ningún censo electoral ni control de los votos, ya que muchas personas pudieron votar en varias mesas electorales sin que les pusiesen impedimento alguno. Y reseña que el mismo día del referéndum se cambiaron las instrucciones. "Al anunciar los cambios de procedimiento en la mañana de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat citó el derecho universal a votar como justificación de estos cambios". Da por sentado, pues, que cualquiera puede convocar un referéndum y que su resultado es válido.

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A pesar de todo, en otro apartado reconocen los expertos que hubo votantes que no fueron registrados y que "en la práctica, vimos una inconsistencia en el uso del registro electrónico". Así, explican el caso de 4 ciudadanos a los que se permitió votar, pero que ya lo habían hecho otra vez con anterioridad, aunque resta importancia a la limpieza del proceso: "Para muchos, el hecho de que se realizara una votación parecía ser su principal preocupación, más que el resultado", dejaron escrito los expertos.

Aun así, reconocen que ni siquiera pudieron saber si había responsables de las mesas electorales (en cada una ha de haber un presidente y dos vocales, así como los suplentes). Pero da carta de naturaleza a que se crease una ilegal Junta Electoral de Cataluña que diese supuesta cobertura legal a la votación, ajena a la administración electoral española. En el informe, los expertos sacan pecho: "Nuestros observadores a menudo fueron recibidos con aplausos en los colegios electorales, ya que la gente veía a los observadores internacionales como una protección del proceso democrático".

Cientos de miles de euros gastados

Para poder llegar a un informe de este calibre, el Gobierno catalán invirtió cientos de miles de euros. En realidad, el Diplocat (que se encarga de las relaciones diplomáticas de Cataluña), según los documentos oficiales, destinó una partida global de 206.371,49 euros al equipo de "prestigiosos expertos", a los que hay que añadir 64.654,09 euros más camuflados como gastos de "un programa de visitantes internacionales" y otros 34.763,43 euros destinados a una actividad concreta que era Workshop de expertos Europa. En total, pues, 305.789,01 euros para un informe cargado de inexactitudes, contradicciones y fantasías históricas.

Además de los hoteles de lujo en que fueron alojados los miembros del equipo, se abonaron su manutención, los viajes, alquileres de vehículos, los gastos privados de los expertos y sus salarios, así como gastos administrativos. Solo por esos servicios se emitieron dos facturas de 13.800 euros cada una el 18 de agosto y el 13 de septiembre de 2017 a la empresa Democracy Volunteers Ltd. El sueldo de Helena Catt fue de 8.775 euros, conforme se desprende de una factura con fecha 5 de octubre de 2017, gastos aparte. Ese día, entregó su informe al Gobierno catalán y su cuenta corriente creció.

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En la escena política catalana, nadie admite haber leído el informe, ya sea por vergüenza ajena o para evitar poner en duda las sorprendentes conclusiones que plantea. En realidad, las afirmaciones sobre la historia de Cataluña son fácilmente rebatibles. Están basadas en simples apreciaciones gratuitas de teorías que manipulan la realidad. La principal deficiencia es la invención de pasajes de la historia para hacerla coincidir con los deseos del núcleo más duro del independentismo. Y, para postre, utilizar esa manipulación con el fin de justificar el presente y el futuro. Los expertos invitados para el 1-O llegaron a Cataluña para ser testigos del referéndum y se marcharon más de un mes después con una nueva historia de Cataluña bajo el brazo. Acababa de nacer otra delirante fake news.