El independentismo, incapaz de dar una respuesta unitaria al nuevo auto de Llarena

El independentismo presume de cohesión en la calle por la manifestación unitaria convocada para este 19 de enero contra la cumbre hispano-francesa en Barcelona, que reunirá a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Pero, en términos jurídicos, no ha sido posible una respuesta única cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha adaptado su euroorden al nuevo Código Penal. Cada uno de los afectados ha salido por su lado en función de sus intereses políticos o personales, en algunos casos de manera sorprendente. La unidad forzada para la foto en la calle salta por los aires cuando hay que dirimir el destino judicial de cada uno de los encausados por los hechos del procés.

Carles Puigdemont ya ha dicho que no piensa volver a menos que a finales de marzo el Tribunal General de la UE le garantice la inmunidad como europarlamentario en la totalidad del territorio europeo. Desde Waterloo, prima el diseño de "la batalla europea", basada en la idea de que los tribunales europeos acabarán dando a la razón al independentismo y dejando en evidencia a la Justicia española por sus, para ellos, déficits democráticos.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo reformula el 'procés': los siete líderes independentistas más beneficiados

Pablo Gabilondo Beatriz Parera

El último revolcón del TJUE a Oriol Junqueras con respecto a la pretensión de que su escaño quedase vacante apuntaría en otro sentido, pero el sector más fundamentalista de JxCAT, que encabezan los abogados de fuera del partido Gonzalo Boye y el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, siempre han apostado por esta vía.

Sorprende, así, la opción de la exconsellera de Ensenyament Clara Ponsatí, sobre todo porque está afincada en Bruselas y es eurodiputada de JxCAT como Puigdemont. Mientras que el expresident prima la seguridad jurídica, Ponsatí ha asegurado en Catalunya Ràdio que quiere "volver a Cataluña lo antes posible", pero evitará presentarse ante Pablo Llarena, que solo la reclama por un delito de desobediencia que no lleva asociada penas de prisión. Es decir, Ponsatí apuesta por una detención simbólica que cargue a su persona de más épica, consciente de que no acarreará una pena de cárcel firme.

TE PUEDE INTERESAR

Solo un 4,2% de los catalanes considera que el 'procés' acabará en la independencia

Marcos Lamelas. Barcelona

No es el único caso. El exconseller de Cultura Lluís Puig ha prescindido de Gonzalo Boye como abogado y lo ha cambiado por Miquel Samper, quien tiene previsto aplicar a su nuevo cliente su propia estrategia para regresar a España con el mínimo coste legal para el interesado. El autodenominado exilio se va diluyendo poco a poco, lo que implicará que dejará de ser una referencia del octubrismo de JxCAT. Lluís Puig lleva cinco años en Bruselas, pero vive la imposibilidad de tornar peor que otros compañeros de huida. Fuera de Bélgica, la dinámica es similar. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, asegura que está estudiando volver, pero sin precipitarse, aunque fuentes de ERC calculan que después del 19 de enero, de la manifestación contra la cumbre, ya estará en Barcelona.

División ante los recursos

Esta división se extiende a la presentación de los recursos de absolución ante el Tribunal Supremo. Los encausados de ERC, como Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriors Raül Romeva o la exconsellera de Treball Dolors Bassa, van a pedir su absolución ante el alto tribunal. No lo hará la mayoría de JxCAT y tampoco lo harán los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La idea de estos últimos es dejar abierta la vía de seguir reclamando ante los tribunales europeos, en su caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para dejar en evidencia a España. Sin embargo, hay un punto hipócrita. Si los consellers de ERC se benefician de este aspecto, ellos automáticamente también lo harán. Por tanto, es una rebeldía que, jurídicamente, les sale gratis.

Cada encausado actúa por su cuenta y eso diluye el peso del 'exilio' catalán

Por su parte, el exconseller de Interior Joaquim Forn, a quien representa el abogado Javier Melero, prepara un recurso extraordinario de revisión de condena, pero al margen de estrategias conjuntas, puesto que en su caso hay una sentencia de la Audiencia Nacional. En la que su principal subordinado en 2017, el major de los Mossos Josep Lluís Trapero, fue declarado inocente. Como ya pasó en el juicio del procés, el independentismo carece de una postura conjunta para hacer frente jurídicamente a la respuesta legal de España.

La dispersión de respuestas no solo confunde a los votantes independentistas, sino que responde a estrategias electorales, que pueden ser las que acaben imponiéndose durante la manifestación del 19 de enero. Para ERC, se trata de justificar su acercamiento al Gobierno y los resultados de la mesa de diálogo. Para JxCAT, de deslegitimar cualquier contacto con el Gobierno español. Y a partir de esa dicotomía, sigue fragmentándose cada vez más el movimiento independentista.