Investigan a un alto cargo de Aragonès por desviar dinero público destinado al deporte

Sergi Blázquez, secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima en el Departamento de Justicia de la Generalitat, está bajo la lupa judicial. La Guardia Civil investiga unos documentos que acreditan que presuntamente cobró 31.460 euros de la Associació Catalana per l'Activitat Física i Esportiva (Acafie), una entidad que trabajó para internacionalizar el conflicto catalán a través del deporte y cuya sede coincide con la de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. El material hallado en un ordenador de la plataforma apunta a un despliegue continuo, durante varios años, de gestiones sufragadas con fondos públicos provenientes de subvenciones a fondo perdido. Blázquez, según los atestados policiales, ingresó solo de Acafie alrededor de 30.000 euros anuales.

La Guardia Civil ha descubierto que, durante años, la Plataforma Pro Seleccions Esportives recibió fondos exentos de concurrencia pública por su carácter único, pero en un ordenador incautado se han hallado documentos de la otra entidad, Acafie, que recibía dinero por los mismos motivos, un montante que podría ser ilegal. Esta organización se llevaba unos 600.000 euros anuales de subvenciones solo de la Generalitat de Cataluña (también le pagaban diputaciones y ayuntamientos). Antiguos cargos de ERC y de Convergència, así como un exministro de Macedonia, se beneficiaron también de pagos a través de Acafie. Además de estos dispendios, también se encontraron referencias en los balances internos a "gastos de campaña referéndum", que ascendieron en 2017 a 8.144,44 euros, "lo que vendría a reafirmar que se emplearon fondos públicos a dicho propósito".

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La duplicidad de funciones entre la plataforma y Acafie ha llamado la atención de los investigadores, hasta el punto de que han descubierto que los objetivos de las subvenciones otorgadas a las dos entidades son los mismos, "por lo que pudiera haber una duplicidad en cuanto a solicitud de subvenciones, con la irregularidad que ello podría conllevar y, consecuentemente, la plataforma carecería del carácter único que alega como motivo para ser excluida de la concurrencia pública". En resumen, Acafie y la Plataforma Pro Seleccions compartían objetivos, compartían subvenciones, compartían sede y solo se diferenciaban en sus cargos: la primera estaba presidida por Francesc Serra y la segunda, por Gerard Figueras.

Durante los años en que ambas entidades percibían ayudas con los mismos objetivos, Blázquez era vicepresidente y tesorero de la Plataforma Pro Seleccions. En ese cargo estuvo durante los años previos al referéndum ilegal de octubre de 2017 y hasta el año pasado. En su currículo, que consta en la página oficial de la Generalitat, no obstante, oculta su paso por la entidad. Sí detalla que presidió la Associació de Juristes Drets (el organismo independentista autor de la mayor parte de las denuncias internacionales contra España) entre 2014 y 2021, y en el apartado de "otra información relevante", incluye solo "asesor legal de diferentes federaciones y clubes deportivos".

Cobrando de Acafie

La plataforma, mientras Blázquez era tesorero y vicepresidente, organizó dos foros internacionales bajo el manto de la entidad Crans Montana, especialista en eventos internacionales de índole política, para captar aliados para la secesión de Cataluña en el exterior. Uno de ellos tuvo lugar a comienzos de verano y el otro, en otoño. Para el primero, se destinaron al menos 300.000 euros de una subvención pública, además de sufragar suntuosos gastos de gestiones, alojamiento, manutención y viajes hasta Barcelona de mandatarios de medio mundo. En los balances internos de la plataforma figura que en 2017 se destinaron a Crans Montana 603.000 euros, aunque las prestaciones del Consell Català de l'Esport ese año fueron de 1.274.000 euros en una primera remesa y de 59.000 en una segunda, además de contar con 34.500 euros de cuotas, 10.000 euros de un ayuntamiento, 15.000 euros del Diplocat (el organismo de relaciones internacionales de la Generalitat) y 35.000 euros aportados por Acafie. En los estadillos finales, no obstante, se imputa a Crans Montana unos gastos de 746.884,34 euros.

Por esas fechas, según la documentación hallada por la Guardia Civil en los registros realizados en la sede de la plataforma, Blázquez cobró los 31.640 euros por
"trabajos de gestoría y asesoramiento", aunque paradójicamente no de esta entidad, de la que era alto cargo, sino de Acafie. De ese dinero, 27.560 euros fueron detraídos de una subvención que el Consell Català de l'Esport (CCE) había realizado a la entidad, lo que contravenía las normas legales. Así se recoge no solo en un extenso informe de la Guardia Civil que lleva fecha del 29 de septiembre de 2022, sino en el informe 3/2019 de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, que ya había detectado desvíos de fondos. En una tabla de gastos de Acafie relativa a 2018, el monto pagado a Blázquez fue de 28.314 euros por nueve meses.

El punto de inflexión de la frenética actividad internacional de la plataforma supuso la detención de su presidente, Xavier Vinyals, el 28 de octubre de 2020, en el marco de la operación Voloh, que dirige el magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Vinyals está imputado en la causa, pero las investigaciones se ciernen sobre su equipo directivo y sobre el exsecretario del Deporte de la Generalitat Gerard Figueras.

Cargos blindados

Tras la formación del nuevo Govern de Pere Aragonès en 2021, los principales políticos implicados en el escándalo fueron trasladados de puesto para blindarlos ante los posibles problemas judiciales que pudieran tener. A Figueras se le nombró secretario de Acción Exterior y a Blázquez, secretario de Medidas Legales, ambos bajo el manto protector de JxCAT. El salario de cada uno de ellos es ahora de más de 92.000 euros anuales. A otro de los implicados, Eric Hauck, gerente de la plataforma en el momento del referéndum, se le nombró delegado de la Generalitat en los Balcanes.

El informe de la Guardia Civil desvela también que precisamente otros ex altos cargos de ERC y de Convergència cobraron de la entidad Acafie. Así, se destaca en una relación de facturas que Carles Llorens Vila realizó "gestiones internacionales" por las que cobró 3.180 euros, de los que 2.730 euros provenían de las subvenciones oficiales en 2016. En 2017, los pagos a Llorens alcanzaron 19.360 euros. Había sido secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales de Convergència, delegado del Ejecutivo catalán en Girona entre 2000 y 2004 y director general de Cooperación de la Generalitat entre 2011 y 2014.

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También se encontró una factura de 1.815 euros de la empresa Forum 1406, propiedad de Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación, además de principal implicado en la operación Voloh. Vendrell cobró de la propia plataforma 9.680 euros para llevar mandatarios de Latinoamérica a un evento independentista de apoyo al referéndum organizado con dinero público. El ex alto cargo republicano se ocupó de que asistiesen a ese evento, celebrado en Barcelona en el verano de 2017, el ministro de Comercio e Industria de Haití, Pierre Marie du Meny; el exministro de Energía de República dominicana Pelegrín Castillo; el asesor de la Procuraduría General (Fiscalía) de Colombia, Guillermo Sepúlveda; la esposa del alcalde de Caracas (Venezuela), Mitzy Capriles de Ledezma, y la abogada venezolana experta en derechos humanos Tamara Sujú Roa.

En el estadillo que se encontró en un documento, figuraban también gastos por 5.195 euros en viajes, otros 5.108 euros a Marc Gafarot y 5.000 euros a Emil Kirjas. Este último fue ministro de Relaciones Exteriores de la República de Macedonia de 2004 a 2006 y en 2017 fundó la empresa Kirjas Global Limited, que supuestamente asesora a "jefes de Estado y líderes políticos de todo el mundo". En uno de los estadillos incautados, constaba que a Kirjas le habían dado 10.000 euros, pero se habían justificado solamente 6.400 euros, por lo que le quedaba un remanente de 3.600 euros.

Gafarot es un politólogo, periodista y escritor al que se les pagaron esos emolumentos por "desplazamientos y gestiones internacionales". En los documentos hallados, figura que en 2017 percibió de esta entidad 35.280 euros, mientras que en 2016 le aparecen imputados 11.760 euros. Uno de sus libros, titulado 'La independencia y sus enemigos', fue publicitado y presentado por Sílvia Orriols, concejala de Ripoll y entonces la cara visible del Front Nacional de Catalunya (FNC), un partido considerado por los propios independentistas como de extrema derecha. "Todos los gastos generados por estas personas en los expedientes de subvención de la plataforma poseían algún tipo de irregularidad", concluye la Guardia Civil.