Carlos Ramos, el nuevo 'juez Llarena' al que el independentismo acosa en Cataluña

El independentismo tiene un nuevo enemigo público número uno: el juez Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que los principales dirigentes con problemas judiciales han puesto en su punto de mira. En los últimos meses, Ramos, juez instructor del sumario que el tribunal sigue contra Laura Borràs, entre otros, ha sido recusado en varias ocasiones, para intentar apartarlo de las causas pendientes. La propia Borràs presentó un recurso de recusación que fue rechazado, lo que provocó las iras de la política y acusaciones de prevaricación contra el magistrado. Es más: el último escrito de Borràs contra el juez es una copia del escrito con el que el 'expresident' Quim Torra le había recusado hace algo más de dos años.

En un auto fechado el pasado 15 de julio, Ramos acusa a la defensa de Borràs de realizar una recusación que es "un abuso de derecho y un fraude procesal dirigido a remover al juez predeterminado por la ley y dilatar la tramitación, con la finalidad de retrasar la decisión a adoptar sobre una eventual apertura del juicio oral". Le recuerda también que los hechos investigados en la causa contra Borràs son "presuntos delitos relativos a una actuación administrativa sin connotaciones políticas de ningún género".

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En un recurso de apelación presentado el pasado 20 de julio, Borràs acusa a Ramos de que no haya admitido el incidente de recusación "sin siquiera haber cumplido con las formalidades básicas que establecen las normas de aplicación". De ahí que le eche en cara unas "prisas indebidas que encajan perfectamente con los intereses denunciados —como causas de recusación— en el incidente del cual este recurso trae causa". También relata que "no nos consta que se hayan respetado, siquiera, las normas esenciales del procedimiento, causando una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a un proceso con las debidas garantías y, también, del derecho al juez imparcial que sin cumplir con las normas procesales básicas ha resuelto que esta parte estaba actuando con 'abuso de derecho' o en 'fraude procesal".

Ajenos a la calificación apolítica del magistrado, los abogados de Borràs aprietan el acelerador en la versión que más puede emponzoñar el asunto. Aseguran que el magistrado tiene "animosidad no solo a quienes le recusan en este procedimiento, sino a la opción política que representan aquellos líderes políticos y, especialmente, mi aquí mandante que, además, es que sucede en el cargo al señor Roger Torrent".

"He conseguido apartar al presidente del TSJ del juicio a la Mesa del Parlament"

Se da la circunstancia de que Ramos es miembro de la sala que ha de juzgar a la Mesa del Parlament de la anterior legislatura, cuando la Cámara estaba presidida por el republicano Roger Torrent, acusado, junto a varios miembros más de la Mesa, de desobediencia al haber aceptado a trámite resoluciones prohibidas por el Tribunal Constitucional: una contra la monarquía y otra a favor del derecho a decidir. Las penas a las que se exponen son solo de inhabilitación y multa.

Esa causa también ha sido motivo de dolores de cabeza para el magistrado: uno de los acusados, el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ya le ha recusado tres veces, la última esta semana. A esa nueva recusación se han unido sus compañeros de sumario, Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Toda una batería de políticos para abatir a un magistrado que consideran hostil. Carlos Ramos es, hoy por hoy, caza mayor para el independentismo. Costa, en cambio, sí logró este mes de julio que el magistrado Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, no intervenga en el juicio a la Mesa del Parlament. ¿Motivo? Barrientos se levantó y se fue de un acto en el Colegio de Abogados en el que Roger Torrent politizó su intervención. Barrientos dijo que se fue para preservar la independencia judicial, pero el TSJC aceptó su recusación para que no pueda haber lugar a malentendidos. "Barrientos KO. He conseguido apartar el presidente del TSJ del juicio a la mesa del Parlament", se ufanó Costa en las redes.

Pero tanto el fiscal como el juez Ramos han reprochado la mala fe de Costa en la recusación de este último. "La presente recusación tiene falta de fundamento y es patente su carácter fraudulento, dado que la intención del acusado —la actitud obstruccionista a lo largo de toda la tramitación de la causa principal es notoria— no es otra que la de dilatar la celebración del juicio oral contra él mismo e intentar apartar —mediante los sucesivos incidentes de recusación— a cuantos magistrados sean designados para formar parte del tribunal que lo tiene que juzgar", alega el fiscal. Su estrategia de recusación es tan enrevesada que, cuando se nombró un instructor para resolver la recusación de Ramos —en este caso, la magistrada Maria Eugènia Alegret—, Costa también la recusó en un intento de eternizar y hacer impracticable el sumario.

Curiosamente, Laura Borràs y Josep Costa habían compartido despacho en el Parlament durante unos meses: ambos eran de la ‘War Room’, la ‘habitación de la guerra’, el cubículo donde se gestaban las acciones más radicales de Junts contra el Gobierno español y el Estado. Ambos están procesados por causas distintas, pero coinciden en recusar al mismo magistrado.

Copiando a Quim Torra

Y no son los únicos: el 'expresident' Quim Torra, condenado por desobediencia al no retirar ni los lazos amarillos ni la pancarta política partidista en la fachada del Palau de la Generalitat, también lo recusó en su día, aunque la recusación no prosperó y el mandatario fue finalmente condenado. Torra era otro ocupante de la mencionada 'War Room'. En su alegación, el todavía 'president' aseguraba que Ramos estaba "estrechamente vinculado al PSC", aunque no se le conoce militancia política alguna. Lo más cerca que se encuentra de algún tipo de militancia es su pertenencia a Jueces para la Democracia, que es un colectivo profesional. El motivo de esa ‘estrecha vinculación’ fue que en 2004 el magistrado fue propuesto por los socialistas en una terna en la que también figuraban representantes de ERC y de ICV para formar parte del TSJC. De ahí que, 15 años más tarde, Torra asegurase que el magistrado podía tener "interés directo en la causa", puesto que el PSC tenía una "obsesión política" en apartarlo de la presidencia de la Generalitat. Torra intentó su recusación al menos en dos ocasiones.

Curiosamente, los argumentos expuestos por Torra en su día han sido incluidos en el recurso que el abogado Gonzalo Boye presentó para recusar a Ramos en el caso Borràs. La presidenta del Parlament, igual que su amigo 'expresident', alegó que la intervención del PSC fue decisiva para que Ramos pudiese ser magistrado en el año 2004 y ahora los socialistas solicitan "reiteradamente la dimisión de la señora Borràs". Además, esgrime que tanto la presidenta del Parlament como "la ciudadanía" tienen la percepción de una "pérdida de imparcialidad, máxime si se tiene presente ‘la controversia’ suscitada en torno a 'los nombramientos de origen político de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia". Ramos apela a que el propio TC ya ha dejado sentado que "no se puede atribuir a un magistrado una finalidad política como consecuencia de un determinado sistema de nombramiento". Olvida Borràs (y, por extensión, su abogado) que esos argumentos no impidieron que Torra fuese condenado en su día. La conclusión es lógica: cuando las barbas de tu vecino veas cortar…

Un personaje marcado

En realidad, el entorno de Convergència nunca ha podido tragar a este magistrado, que antes que juez fue el fiscal Anticorrupción de Cataluña y, como tal, llevó las acusaciones en casos tan relevantes como el sumario contra el financiero Javier de la Rosa (en aquellos momentos, nombrado por Jordi Pujol empresario ejemplar), el exjuez Lluís Pasqual Estevill o el exconsejero de Economía Jordi Planasdemunt, condenado por organizar una red de pagarés falsos por valor de 4.000 millones de pesetas en los años 90 (unos 25 millones de euros al cambio).

Como fiscal Anticorrupción, Ramos siempre fue rechazado por Convergència, que lo consideraba un alumno de Carlos Jiménez Villarejo, el fiscal jefe que sentó a Jordi Pujol en el banquillo por el caso Banca Catalana y que acabó de fiscal Anticorrupción en Madrid. El sucesor de Villarejo, José María Mena, fue otra de las bestias negras de los convergentes y Carlos Ramos heredó esa marca de fábrica. Fiscalía y Convergència nunca se llevaron bien desde entonces. Cuando Ramos entró como magistrado por el cuarto turno (reservado para personalidades del ámbito jurídico que acrediten determinados méritos), Convergència no pudo oponerse ni decir nada. Pero ahora los posconvergentes le han puesto una diana en el pecho.

A principios del siglo XXI, a Carlos Ramos le llegaron a ingresar dinero en la cuenta de su esposa para acusarlo de tener ingresos irregulares y para falsificar luego extractos bancarios con movimientos exorbitantes de dinero. 20 años más tarde, con su vida y sus cuentas impolutas, la guerra contra él se libra en otros ámbitos, estrictamente jurídicos, donde se orquesta un relato político que intenta por todos los medios apartarlo de los asuntos que afecta a una determinada casta política, que no tiene inconveniente en orquestar campañas de imagen para destruir al adversario. El nacionalismo/independentismo siempre ha sido un especialista en estas campañas.