Salen a subasta más de 30 locales de Convergència por casi cinco millones

El año arranca con malas noticias para la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido fundado por Jordi Pujol en 1974 y que en 2016 se refundó en un nuevo partido, el PDeCAT.

Tras presentar en junio de 2020 el concurso de acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona acaba de dar luz verde a la subasta judicial de 32 locales de su propiedad con el objetivo de cancelar sus deudas con algunos de sus acreedores, entre los que se encuentran algunas de las grandes entidades financieras del país. El valor conjunto de todos estos locales roza los cinco millones de euros, según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial.

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CDC entró en preconcurso a finales de 2019 y tenía que presentar concurso de acreedores el 30 de marzo, sin embargo, la crisis del coronavirus provocó la paralización de la actividad judicial y retrasó su entrada en concurso hasta el verano de 2020, una vez retomada la misma.

La deuda acumulada por el partido que gobernó Cataluña durante 23 años ascendía a 4,3 millones de euros y buena parte de su patrimonio se encontraba hipotecado y algunas de sus sedes embargadas por la sentencia del caso Palau. Tal y como trascendió tras declararse su concurso, CDC debía 2,1 millones de euros a CaixaBank, 1,5 millones al Banco Sabadell y el resto al Banco Popular (actualmente Banco Santander) por créditos electorales, pero también por préstamos hipotecarios sobre la práctica totalidad de las sedes y locales del partido por toda Cataluña.

Tras presentar concurso de acreedores, el juez nombró a un administrador concursal que ha sido el encargado de iniciar la liquidación del partido con la venta, entre otros, de estos 32 locales distribuidos por toda la comunidad catalana —Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Olot, Vic...—, como se puede apreciar en el cuadro inferior.

Cada uno de estos locales se subasta por separado, y el plazo para poder pujar por ellos —a través del sistema de subastas electrónicas del BOE— finaliza el próximo 24 de enero. Todos estos locales cuentan con diferentes cargas hipotecarias con CaixaBank (2,2 millones), Banco Sabadell (532.500 euros) y Banco Santander (671.000 euros). De hecho, estas tres entidades figuran como acreedores privilegiados de CDC y todas han designado a un representante para que pueda pujar por estos activos en la subasta.

Todos estos activos cuentan con características muy diferentes, tanto por su ubicación como por su tamaño y precio. Así, por ejemplo, el local con el precio más elevado se sitúa en la calle Consell de Cent 113, en Barcelona. Dispone de una superficie de 170 metros cuadrados y sale a subasta por más de medio millón de euros.

32 locales por toda Cataluña

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, todos los activos a subasta son locales, es decir, no hay viviendas, y tampoco se encuentran ocupados actualmente. Todos ellos se podrán visitar por los interesados. Por otro lado, la postura mínima de adjudicación será de un 50% del valor de tasación a efectos de subasta, "a partir del cual se debe conferir traslado a la administración concursal para evaluar la bondad de la postura".

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E. Sanz

En abril de 2020, apenas unos meses antes de declararse en concurso de acreedores, el Tribunal Supremo confirmó la condena a CDC de 6,6 millones que tendrá que devolver por cobrar comisiones ilegales a través del Palau de la Música. Entonces, para afrontar dicho pago, una veintena de locales fueron embargados. Aquel fue el principio del fin de un partido que gobernó durante más de dos décadas en Cataluña.

Sin embargo, según publicó el diario 'Ara', el Tribunal Supremo decidió que las sedes que fueron embargadas a CDC y que debían servir para afrontar la multa de 6,6 millones de euros por la financiación irregular se integraran dentro de la masa total de activos de Convergència, una decisión que permitiría que la venta de todos esos activos se destinase a pagar a todos los acreedores del partido, siendo los primeros en cobrar los bancos con préstamos hipotecarios —acreedores privilegiados—; después la Seguridad Social, Hacienda, los extrabajadores y los proveedores; quedando en último lugar la multa de 6,6 millones del Palau. Una deuda, según 'Ara', clasificada como "deuda subordinada" por el juzgado de lo mercantil, cuyo argumento asumió el Tribunal Supremo.