Nepotismo en Barcelona: hasta media docena de enchufes en el equipo de Colau

El Comité de Ética y Conducta del Ayuntamiento de Barcelona ha censurado con un durísimo informe el fichaje de Alicia Ramos como asesora en el equipo de Ada Colau. Ramos, pareja de la concejala de Vivienda, Lucía Martín, se incorporó a la cuarta tenencia de alcaldía el 14 de septiembre de 2020. Y aunque ya no trabaja en el consistorio, el organismo, en un escrito fechado en abril de 2021 y hecho público el pasado lunes, reprendía a la alcaldesa por haber permitido una contratación que podía derivar en un "conflicto de interés, real, potencial o aparente", al tiempo que exigía que en un "futuro se evite el daño al prestigio y a la imagen pública del Ayuntamiento de Barcelona" con este tipo de movimientos. Fue un caso claro de nepotismo, pero no el único desde que Colau se hizo con el bastón de mando. El Confidencial ha contabilizado al menos media docena de episodios similares u otros en los que se ha contado con la colaboración de familiares para determinados proyectos.

El primer fichaje polémico fue el del propio marido de Colau, Adrià Alemany. "Era quien cortaba el bacalao en las reuniones y en las negociaciones con el resto de grupos. Todos sabíamos que nada estaba decidido hasta que él le daba luz verde", rememoran desde la oposición. Sin embargo, cuando llegó el momento de encontrarle ubicación en el consistorio, apuntan las mismas fuentes, "y ante lo que podía convertirse en un escándalo mayúsculo, finalmente decidieron integrarlo en el partido".

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A Alemany le siguieron Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda y pareja del entonces primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello; Tatiana Guerrero, novia del concejal Eloi Badia, o Carme Ribas, pareja del entonces comisionado de Cultura y hoy ministro de Universidades, Joan Subirats. Guerrero es en la actualidad asesora de Derechos Sociales, aunque debido a su juventud llegó sin apenas currículo al ayuntamiento. Fuentes municipales enumeran también la contratación de la novia de la también exedil Gala Pin, que no repitió mandato en 2019, o el caso de Alicia Ramos. Familiares de otros altos cargos han tenido fuertes vínculos con la institución y han participado en multitud de actos organizados desde la Administración local, como Zaida Muixí, arquitecta y pareja del entonces concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

Duro informe

“El código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona establece que el ejercicio de cualquier cargo no puede suponer incurrir en situación de conflicto de interés, ya sea real, potencial o aparente”, decía la dura resolución del caso Ramos, difundida por Ciudadanos. El texto reprochaba además a los responsables del ayuntamiento la contratación de una persona “que es pareja en ese momento de la concejala adscrita a la misma tenencia de alcaldía donde se había de incorporar dicha persona”.

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Señalaba también que “no consta ninguna razón ni documento por los que la señora Alicia Ramos fue nombrada (…) Con todo, tratándose del nombramiento de un cargo asesor y eventual, no se procedió a una designación por concurso público y, por tanto, la elección correspondió únicamente a la alcaldesa”. Resaltaba el informe que ese nombramiento ofrece "una imagen reputacional negativa de la institución" y recomienda que “en el futuro se evite el daño al prestigio y la imagen pública del Ayuntamiento de Barcelona”. La alcaldesa dispone de 9 asesores adscritos directamente a su gabinete y de 8 más adscritos a la concejalía de Presidencia.

“Hasta ahora se nos ha estado ocultando el informe. Es intolerable y significa un tremendo varapalo a Ada Colau. En realidad, reconoce lo que nosotros venimos denunciando: que Colau utiliza el dinero público para colocar a familiares y amiguetes. Ha convertido el ayuntamiento en un árbol genealógico del enchufismo y en un entramado de redes clientelares”, denuncia a El Confidencial Luz Guilarte, líder del grupo de Ciudadanos en el consistorio barcelonés.

Un origen común

Muchos de esos polémicos fichajes provenían del Observatorio DESC, una plataforma fundada por Jordi Borja, antiguo teniente de alcaldía de Barcelona y cuyos orígenes hay que buscarlos en las filas comunistas del PSUC. Está considerado el padre político de Colau y muchas de las organizaciones ligadas a esta entidad han sido cuestionadas por sus vínculos con la causa independentista y la elaboración de informes más que dudosos. La propia alcaldesa percibía su salario de esta entidad, con la que también colaboraban a menudo Pisarello y Jaume Asens (anteriores tenientes de alcaldía y pertenecientes al núcleo duro de la primera edil). En DESC trabajaban también la exconcejala Gala Pin; la directora de Comunicación del ayuntamiento, Àgueda Bañón; o el actual concejal Marc Serra. La directora de DESC entre 2007 y 2015 fue, precisamente, Vanesa Valiño.

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En ese Observatorio figuran como miembros el abogado Gonzalo Boye y su esposa, Elisa Elbal, el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), el Centre de Drets Humans Iridia, CCOO, Dones Juristes o Amnistía Internacional, entre otras entidades. En la misma sede de DESC conviven una veintena de empresas y entidades beneficiadas en subvenciones y contratos públicos.

En las oficinas de DESC, se ha reclutado a fieles asesores para tejer una red de confianza dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Colau llegó a fichar a Carles Macias, que la sustituyó al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (que estaba dentro del Observatorio DESC). Este, tras su paso por la entidad entre 2015 y 2018, fue nombrado asesor de la Concejalía de Vivienda.

Elisa Miralles, actual asesora en el Distrito de Gràcia, pasó por DESC antes de ser fichada por la empresa pública Foment de Ciutat y por el grupo parlamentario de los comunes. En parecida situación está Xavier Joan Calafat Martínez. De miembro del equipo de apoyo a Podemos en Valencia pasó al equipo de Comunicación de Valencia en Comú, luego recaló como investigador en prácticas del Observatorio DESC en 2020 y ahora está contratado como asesor en la dirección de la alcaldía de Barcelona desde el año pasado. Su salario, como en la mayoría de los casos de estos consultores (salvo que tengan un rango superior), es de 57.224 euros anuales.

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Y Júlia Trias, asesora del Comisionado de Seguridad, proviene del polémico gabinete Iridia. La organización elaboró un informe en el que acusó a policías nacionales de haber violado a mujeres que acudieron a votar el 1-O. La entidad también articuló la defensa del chileno Rodrigo Lanza, condenado por dejar tetrapléjico a un agente en Barcelona y posteriormente sentenciado por el asesinato en Zaragoza de Víctor Laínez.

Muchos de aquellos activistas que hace casi 20 años comenzaron a trabajar juntos bajo el paraguas del DESC hoy copan la Administración local de Barcelona. Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Ada Colau, Vanesa Valiño, Josep Maria Montaner, Zaida Muixí (esposa de Montaner) o el actual ministro de Universidades, Joan Subirats, ya eran entonces uña y carne.