La opaca asociación de transparencia que ha puesto contra las cuerdas a Ada Colau

La querella que ha puesto a la alcaldesa de Barcelona contra las cuerdas fue impulsada por una plataforma que tiene su sede en un centro de negocios de Barcelona, cuyos despachos se alquilan por horas o días. Se trata de un desangelado piso ubicado en un señorial edificio del centro de Barcelona, donde solo existe una recepcionista que atiende a las visitas. La empresa que lo regenta es Sayde, publicitada como “business center hecho a tu medida que se adapta a tus necesidades ofreciendo desde una oficina virtual para trabajar unas horas a la semana, despachos de alquiler donde establecer tu negocio o simplemente domiciliación de sociedades para aprovechar nuestra fantástica localización”.

Teóricamente, en esa dirección se encuentra la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). “Nadie le va a atender. Tiene que enviar un correo electrónico a la dirección que le voy a dar”, informa la recepcionista. La opacidad de la organización contrasta con el nombre con el que se inscribió en el Ministerio del Interior el 28 de abril de 2017, en el que ostenta el número de inscripción 612872. Ni en la portería ni en el rellano existe rótulo alguno de la actividad que se realiza en ese inmueble. ¿Es un despacho de abogados?. “Sí, esto es un despacho de abogados, pero ya le digo que nadie hablará con usted de este tema”, responde fríamente la recepcionista ante la insistencia. Se cierra en banda y solo accede a facilitar un mail. Ni siquiera un número de teléfono ni un nombre. Resulta que la Asociación para la Transparencia no practica con el ejemplo.

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“Es una forma de pasar inadvertidos”, comenta un abogado que sí tiene despacho abierto con rótulo en la puerta. “Pero no deja de ser extraño”, añade a continuación. En sus bases, la asociación indica que la mayoría de sus asociados “prefieren trabajar de forma anónima” y que “de hecho, dado el carácter de los principios que defendemos, en muchas ocasiones ese anonimato es perfectamente entendible”. Pero una cosa es anonimato y otra, opacidad.

La ATCD es una asociación cuya sede central está en la calle Luis Misson de Madrid. Su blog no se renueva desde diciembre de 2018, mientras que su cuenta de Twitter estaba inactiva desde marzo de 2021. Por sorpresa, en diciembre del año pasado interpuso una querella contra Ada Colau en un juzgado de Barcelona, por hechos que ya habían sido denunciados ante la Fiscalía por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución.

Sobreseimiento de Fiscalía

El motivo son las subvenciones reiteradas a la plataforma DESC (de la que provienen tanto Ada Colau como sus principales apoyos dentro del organigrama municipal), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fundada por la propia Colau, Enginyers sense Fronteres (ESF) y la Alianza contra la Pobreza (ACE) desde que los comunes gobiernan Barcelona. La denuncia de Abogados por la Constitución se dirigía también contra los concejales Laura Pérez y Eloi Badia (alto cargo de ESF), las exconcejales Gala Pin y Laia Ortiz, la asesora del Ayuntamiento Vanesa Valiño y contra la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela. Luego se amplió para incluir al actual portavoz de UP en el Congreso, Jaume Asens (exteniente de alcalde), y Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, exprimer teniente de alcalde de Barcelona y marido de Valiño. Entre 2015 y 2019, esas entidades habrían recibido alrededor de 3,4 millones de euros en ayudas oficiales del Ayuntamiento de Barcelona, lo cual, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los altos cargos municipales habían estado vinculados hasta 2015 a esas entidades, levantaba sospechas sobre el posible favoritismo y trato de favor a ‘entidades amigas’.

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La Fiscalía solicitó al Ayuntamiento cinco expedientes y determinó que todo estaba correcto y que los fondos públicos aportados por el Ayuntamiento a esas entidades se correspondían con los gastos realizados y, por tanto, no hubo irregularidades en ese sentido. También justifica el fiscal que no se recurriese a un otorgamiento ordinario de las subvenciones, en lugar de ser “excepcionales” a pesar de concederse cada año y con cantidades muy similares. Y, por último, justifica el elevado monto del dinero concedido. “Cualquier entidad, asociación o ciudadano puede discrepar abiertamente de los motivos aducidos por el Ayuntamiento para optar por el procedimiento de subvención directa, superado el límite máximo establecido (salvo causa justificada). Ahora bien, se estima que la vía adecuada por la que encauzar tan discrepancia no es la penal, sino la administrativa y, en su caso, la contencioso-administrativa”.

El fiscal también aportaba dos datos de interés: entre 2008 y 2014, DESC fue subvencionada con 978.373 euros y ESF, con 1.392.447 euros. “Este dato permite deducir que la llegada de los denunciados al poder municipal no ha sido el detonante de una serie de decisiones tendentes a beneficiar a entidades afines, teniendo en cuenta que gobiernos municipales de signo distinto ya venían subvencionando los proyectos que tales entidades proponían”. Por otro lado, destacaba que entre 2016 y 2019, el Ayuntamiento subvencionó a 270 entidades diferentes en las que las ayudas públicas servían para pagar los salarios del personal. “Cabe inferir, por tanto, que DESC, PAH, APE y ESF no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial, sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades a través de un procedimiento -discutible o no- que parecía ser el utilizado con habitual frecuencia por parte del consistorio”. En base a todo ello, el fiscal descarta que hubiese prevaricación y, por tanto, tampoco se puede achacar a los acusados los delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Ya había ganado un pleito a Colau

El tema, no obstante, está siendo ahora investigado por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, que ha pedido todo el expediente a Fiscalía. La ATCD, sin embargo, no es nueva en estas lides: en 2017, denunció a Ada Colau por una multiconsulta que quería realizar la alcaldesa para decidir sobre determinados aspectos de su gestión. Se trataría de un referéndum local para legitimar la actuación de la alcaldesa en la toma de cualquier decisión. El juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona paralizó los concursos que ya estaban en marcha para adjudicar los servicios técnicos de esa multiconsulta: si el tema se llevaba a cabo, los datos particulares de los barceloneses caerían en manos de una compañía privada y nadie sabe qué se podría hacer con ellos. Colau no tuvo más remedio que anular la convocatoria del concurso de los servicios técnicos y el concurso de los servicios logísticos.

“Cabe inferir, por tanto, que DESC, PAH, APE y ESF no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial"

No fue el único proceso en el que implicó la ACTD: incluso antes de ser inscrita oficialmente en el Ministerio del Interior, la asociación presentó una denuncia contra el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, por la intención de remunicipalizar el agua de la ciudad. La denuncia fue presentada el 22 de abril y la fecha de su inscripción como asociación lleva fecha de 28 de abril, según el registro del Ministerio (la web de la ACTD también comenzó su andadura el 19 de abril de 2017, antes de constituirse oficialmente). En la denuncia vallisoletana se personaron también la multinacional Suez y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tal conjunción de fuerzas no fue suficiente y los tribunales dieron finalmente la razón al Ayuntamiento de la ciudad.