Rodrigo Lanza se apoya en los casos de Otegi y Alsasua para recurrir de nuevo su condena

Rodrigo Lanza sigue dispuesto a dar la batalla judicial. La defensa del joven condenado por el llamado ‘crimen de los tirantes’ ha presentado un segundo recurso contra la pena de asesinato impuesta a su cliente en el que solicita la calificación de los hechos como homicidio imprudente, la nulidad del juicio o una reducción de condena alegando, entre otros motivos, “falta de imparcialidad de la jueza”, como en su día hizo Arnaldo Otegi ante Estrasburgo. Así consta en un escrito presentado ante el Tribunal Supremo (TS) en el que también hace suyos los argumentos esgrimidos en el conocido como caso Alsasua para descartar la supuesta motivación ideológica que llevó al acusado a agredir a la víctima.

Lanza, que en el pasado fue condenado por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, fue considerado culpable de la muerte de Víctor Laínez durante una agresión que presuntamente se inició porque la víctima llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España.

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En un primer juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, el jurado estimó las tesis de la defensa y consideró al acusado autor de un delito de homicidio imprudente —cinco años de cárcel—. Pero las acusaciones recurrieron esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) concluyó que el fallo no estaba suficientemente motivado y ordenó repetir el proceso. Un nuevo juicio, celebrado en septiembre de 2020, casi tres años después de la muerte de Laínez, acabó elevando hasta asesinato los cargos contra el joven antisistema, a quien finalmente se le impuso una pena de 20 años de prisión.

Endika Zulueta, representante legal de Lanza, defendió su recurso de apelación contra esta resolución en una vista que se celebró el pasado mes de marzo y en ella solicitó la nulidad del veredicto y que se valorase la posibilidad de celebrar el proceso en otra comunidad autónoma.

La defensa reitera en su nuevo escrito que la jueza pecó de "falta de imparcialidad"

Esta última petición la sustanciaba, principalmente, en la creencia de que la jueza del caso fomentó una “predisposición” negativa entre los miembros del jurado hacia el acusado, tanto en los comentarios hechos al inicio de la vista, cuando pasó esposado frente al tribunal, como en las interrupciones hechas mientras hacía uso de su derecho a la última palabra. Una argumentación que reitera en el recurso de casación presentado semanas atrás, en el que también solicita la nulidad de la declaración de cinco testigos que, según su tesis, adquirieron la categoría de protegidos sin cumplir los preceptos legales.

Otegi y Estrasburgo

El escrito, de 149 páginas, y al que ha tenido acceso El Confidencial, desgrana la jurisprudencia en la que se apoyan el acusado y su defensa para tratar de demostrar que la magistrada del proceso actuó de forma parcial —“posicionándose junto a la acusación en diferentes momentos de la vista”—, y una de las sentencias que detalla es la emitida por la Sección Tercera del Tribunal de Derechos Humanos tras la demanda interpuesta, entre otros, por Arnaldo Otegi contra el reino de España. Este órgano judicial consideró que existían dudas razonables sobre la imparcialidad de un tribunal que en primera instancia condenó al actual coordinador general de EH Bildu a 10 años de prisión por supuestamente intentar reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Herri Batasuna. Estrasburgo cimentó su fallo en la presencia en el mismo de la magistrada Ángela Murillo, que había sido apartada en un proceso anterior contra Otegi.

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El abogado defensor recuerda que esta resolución fijó que la imparcialidad de un juez debe ser medida “teniendo en cuenta sus convicciones personales” —“si se encontraba afectado por cualquier prejuicio”— y con base en un “criterio objetivo” —como que la composición del tribunal “ofrezca garantías para excluir cualquier duda”—.

A lo largo del proceso contra Lanza, asegura el letrado, se produjo una “parcialidad patente”, con “muestras de animadversión hacia la defensa” que generaron “un clima hostil contra la misma” y un “posicionamiento de la magistrada junto con la acusación” que pudieron “influenciar” al jurado. “No se ha garantizado el principio de igualdad, permitiendo la intervención de manera indebida de una de las partes” que —según manifiesta— derivó en una “extralimitación”.

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El letrado llega a documentar hasta 44 interrupciones y una veintena de choques que se produjeron durante la vista oral, con los que pretende apuntalar la acusación de que se generó un ambiente contrario y se limitó el derecho a la defensa. Además, censura que se rechazara su “solicitud de recusación” de los jurados que “se habían posicionado en contra del acusado durante la entrevista”.

Otro de los pilares en que se sustenta el recurso de casación es el hecho de que cinco de los testigos declararon detrás de un biombo, como si fueran protegidos, cuando supuestamente no habían adquirido esta categoría, defiende el abogado. Esta medida, afirma, sería motivo de nulidad, por más que se justificara en que no querían ser captados por el sistema de grabación que distribuía las imágenes a los medios de comunicación.

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“No consta denuncia alguna por parte de estas cinco personas, en el sentido de que hubiera algún tipo de peligro para sus personas o para terceros”, así como “para su libertad o bienes”. “Tampoco consta que antes de entrar en la sala los testigos hicieran comparecencia alguna en la que solicitasen, de forma fundamentada, declarar sin ser vistos por el acusado”, señala el abogado, que asegura que el sitio donde declaraban los testigos estaba fuera de tiro de cámara.

El caso Alsasua

Aunque también reprocha que el objeto del veredicto “incluye valoraciones que están vetadas judicialmente”, como referirse a la “contundencia de los golpes”. Una de las líneas de defensa recogidas en el recurso conecta este caso con el de Alsasua, en un intento de disipar la alevosía que parece impregnar todo delito impulsado por motivaciones ideológicas.

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La defensa de Rodrigo Lanza estima que de los hechos probados de la sentencia debe suprimirse que la causa de la agresión fue por “motivos ideológicos”, porque “dicha expresión no es un relato fáctico, sino una valoración de un hecho” que “predetermina el fallo”. Y para defender su postura recurre a la resolución del TS que asumió esta tesis para eliminar la agravante que se impuso a los atacantes de dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas en la citada localidad navarra.

“Como se ha dicho, la sentencia que se recurre no define como hecho probado ni la ideología del acusado, ni la de la víctima, ni que, en cualquier caso, esta fuera el motivo de la agresión”, afirma el letrado en su escrito, en el que señala que “no existe prueba de cargo de la intencionalidad del acusado al momento de cometer la agresión”.

La defensa sostiene que la sentencia recoge valoraciones personales que condicionan

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite este recurso de casación y posteriormente valorar si estima las peticiones de la defensa o, en su defecto, ratifica las resoluciones de la Audiencia Provincial de Zaragoza y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Este periódico se puso en contacto con el partido Vox, que ejerce la acusación particular, por si quería hacer alguna valoración sobre el contenido de este nuevo escrito, declinando realizar manifestaciones sobre el mismo.