El TS anula la orden del Govern que obligaba a Airbnb a bloquear anuncios ilegales

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado una orden de la Generalitat, de enero de 2015, que obligaba a Airbnb a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten con un número de inscripción en el Registro de Cataluña, lo que acredita su legalidad como vivienda turística.

En la sentencia, consultada este miércoles por Europa Press, los magistrados han explicado que el 30 de enero de 2015 la Generalitat ordenó a Airbnb "bloquear, suprimir o suspender definitivamente" de la web el contenido relativo a la publicidad de empresas o establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña, en que no constara el número de inscripción en el Registro de Cataluña.

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El tribunal también ha estimado el recurso de casación interpuesto por Airbnb contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 13 de diciembre de 2019, y que ahora anula, en la que se determinó que la plataforma tenía que dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten con un número de inscripción en el Registro de Cataluña.

La sala ha explicado que los requisitos que debe reunir un prestador de servicios de la sociedad de la información para considerar que está establecido en España son que su residencia o domicilio social se encuentre en territorio español y que coincida con el lugar en que esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Asimismo, han explicado que los anuncios de la plataforma son responsabilidad del que presta el servicio turístico final y no de la plataforma donde este se anuncia, afirmando que Airbnb "no está sujeto de manera directa a las normativas sectoriales".

"Intermediario neutro"

Han mantenido que Airbnb es un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información, y que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos, y que como intermediario se le aplica la Directiva de Comercio Electrónico y la ley que la implementa en España.

Los magistrados han sostenido que la obligación de inscribir los alojamientos turísticos en el Registro autonómico y mencionar el número de registro en la publicidad de los alojamientos turísticos "recae en las empresas turísticas".

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También añade que en la web no solamente caben anuncios de alojamientos turísticos que, en virtud de lo dispuesto en la Ley catalana 13/2002, estarían obligados a incluir el número de registro, sino también otros tipos de alojamiento que no estarían sujetos a dicha obligación.

"Esta circunstancia y la naturaleza de los servicios de intermediación, cuyas prestaciones son meramente accesorias a la actividad subyacente —en los términos ya expuestos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea—, impiden considerar que la omisión de un número de requisitos administrativos sea una ilegalidad flagrante", han manifestado.

Así pues, el Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Airbnb contra la Generalitat y contra las posteriores resoluciones del secretario de Empresa y Competitividad.

Airbnb aplaude la decisión

Airbnb ha celebrado esta medida y ha subrayado que sigue comprometida "en trabajar conjuntamente con los gobiernos en Cataluña para empoderar a las familias y apoyar a las ciudades contra la masificación turística". "Airbnb considera que este fallo es un paso adelante para seguir colaborando con los gobiernos y trabajar juntos en una normativa clara", destaca en un comunicado la directora general de Airbnb Marketing Services SL, Mónica Casañas.

Según la entidad, quieren ser "un buen socio para las administraciones públicas", y constatan que en Cataluña, desde 2018, facilitan a los anfitriones una herramienta para que estos puedan mostrar su número de registro y ayudar a las autoridades a identificar a los malos actores, en sus palabras.

"Por ejemplo, la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona ha permitido identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios", concreta Casañas, que también añade que, tras la entrada en vigor de un nuevo decreto de turismo en Cataluña en agosto de 2021 relacionado con el alquiler de habitaciones, se activó la misma herramienta.