La Generalitat abre la puerta a revertir el contrato que externaliza el rastreo del covid

El Gobierno catalán estudia la anulación del contrato de externalización del rastreo de los positivos de coronavirus en Cataluña, una adjudicación otorgada a la compañía Ferroser Servicios Auxiliares, filial del grupo Ferrovial. Se trata de realizar “un servicio de seguimiento de los contactos positivos mediante ‘scouts”. El contrato, desvelado por El Confidencial, supone un desembolso de hasta 17,7 millones de euros. La oposición y los médicos han criticado la adjudicación, articulada a través de la empresa pública Serveis d’Emergències Mèdiques SA (Semsa).

El rechazo a la externalización de los rastreos ha sido unánime: desde partidos políticos hasta asociaciones profesionales, sindicatos o el Colegio de Médicos, se han posicionado en contra de la medida. La polémica está en marcha en Cataluña, no solo por privatizar un servicio de estas características en un momento de pandemia como el actual, donde la sanidad pública ha sido la que ha salvado la situación y a la población, sino también por las implicaciones políticas que conlleva la adjudicación.

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La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, dejó la puerta abierta este lunes a modificar el contrato a Ferrovial, pero subrayó que ese contrato fue otorgado por el Departamento de Salud y su consejera, Alba Vergés, de ERC, el otro partido gubernamental. Budó afirmó, en una entrevista en la Cadena SER, que el contrato es “un contrato que la empresa ya ganó por concurso, el del servicio telefónico del 061”. Pero apuntó como responsable del mismo a la Consejería de Salud, en manos de ERC. Ante las quejas desde todos los ámbitos, matizó: “Vemos que la comunidad y el sistema de salud se han manifestado contrarios a esta decisión. Tenemos que ser capaces de escucharles y tomar la decisión que corresponda, y si pasa por modificar la forma de hacer el seguimiento de casos, hablémoslo, valorémoslo”. Es decir, dejó en manos de sus socios/rivales de ERC la responsabilidad del tema.

Marta Vilalta, portavoz de ERC, salió enseguida a la palestra. Justificó el contrato aludiendo al “contexto de urgencia y necesidad extrema de responder de forma inmediata a las necesidades” de la sanidad. Pero luego, afirmó: “No nos gusta este contrato. Preferiríamos poder gestionar directamente de manera pública todos los servicios que se dan desde el ámbito de la Generalitat. Por eso, hemos puesto a trabajar al Departamento de Salud para poder revertir el contrato, que se hizo con la mejor de las intenciones. Nos hemos conjurado desde ERC y desde Salud para revertir el contrato e impulsar un programa público que pueda dar respuesta y prepararnos para un posible rebrote”. Claro que si ERC estaba en contra de la externalización, se comprende aún menos por qué procedió su consejera a llevarla a cabo.

Fuentes de Ferrovial señalaron a El Confidencial: “Obtuvimos el contrato porque ya estábamos haciendo el servicio del teléfono 061 de atención al público. En el peor momento de la crisis, pusimos encima de la mesa más recursos y se atendió muy bien el servicio. La adjudicación, pues, ha sido porque ya éramos proveedores de la Generalitat y no por limpiar hospitales. Además, evidentemente, ahora ya no hay ese aluvión de llamadas y los nuevos recursos con que hemos dotado al servicio pueden destinarse a hacer el seguimiento de los positivos”. Ferrovial defiende: “Sí estamos cualificados, sí tenemos experiencia y sí tenemos recursos para llevar a cabo el contrato programado”.

Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC, destacó este lunes el enfrentamiento interno en el Govern sobre este tema. “No puede ser que la consejera de Presidencia pida explicaciones en la radio a la consejera de Salud sobre Ferrovial. Tenemos un desgobierno de dos partidos que, en lugar de hablar entre ellos y acordar las políticas, hacen campaña cada día. Pedimos que se aclaren. Que asuman sus competencias y gobiernen”.

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Sobre el dispendio que supone el contrato con Ferrovial, Granados aventuró que la contratación de este grupo “traerá cola” y criticó especialmente al Departamento de Salud, que destinará solo 4,5 millones de euros a ambulatorios mientras da 17,7 millones a Ferrovial, mientras que lo que se debería hacer es fortalecer los servicios públicos, los ambulatorios y los centros de atención primaria.

El diputado Jorge Soler, de Ciudadanos, por su parte, ha pedido ya a través del Parlament la copia íntegra del expediente administrativo del contrato, copia del informe de necesidad y copia del informe jurídico del contrato administrativo de Semsa. El diputado Martín Barra reclamó la relación de todos los procedimientos de contratación incoados, adjudicados y formalizados por la Generalitat durante el estado de alarma, así como copia íntegra de todos los expedientes de contratación de Salud desde el 14 de marzo. También solicitó la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera Alba Vergés para que dé explicaciones de los contratos en materia de sanidad. El diputado José María Cano, por su parte, solicitó la comparecencia en sede parlamentaria del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, para informar de la contratación pública durante el estado de alarma.

Enfado de los profesionales

Pero es desde las asociaciones profesionales desde donde han llegado las críticas más duras contra el Gobierno catalán. Este domingo, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, se quejaba a través de Twitter. “Exigimos a Salud que revierta la decisión errónea de hacer que una empresa —Ferrovial— haga la gestión de los rastreadores del covid-19. Ha de ser la Atención Primaria. Por lógica, por coherencia y por mayor seguridad clínica”, decía en un mensaje firmado conjuntamente con el doctor Antoni Simsó, presidente de la Asociación Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic).

Jaume Sellarès, vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, señala a El Confidencial: “A nosotros lo que nos preocupa no es que se contrate o no a alguien, sino que se haga sin consultar con nadie”. Subraya Sellarès que durante estos meses, el sector de la sanidad ha estado trabajando de manera muy precaria, sin tener equipos de protección, sin test de diagnóstico “y ahora que comienza a normalizarse la situación, se contrata a otra gente”. La sanidad pública ha demostrado en estos tres meses que está capacitada. “La atención primaria siguió a los pacientes, los controló en sus casas y también en los hospitales y resolvía las dudas. Fue una buena solución y funcionó muy bien. Pero, de repente, la consejera te dice que ahora ya no lo haces tú. Lo han hecho de repente. No hubo ninguna comunicación o aviso. Es cierto que no necesitan nuestro permiso, pero del mismo modo, si toman una decisión sin encomendarse a nadie, que cada quien asuma sus responsabilidades”.

Resalta también el vicepresidente del colegio que lo extraño es que no sea la atención primaria quien controle los seguimientos. “Los propios profesionales de la atención primaria están encantados de hacerlo y dicen que es su trabajo. Y desde el colegio pensamos lo mismo: deben hacerlo ellos en colaboración con la Agencia de Salud Pública. No se entiende que a la atención primaria, que lo hizo tan bien para hacer los seguimientos, las diagnosis, los PCR, ahora se lo saquen de las manos”. Por eso, critica especialmente que “vendiesen ese contrato como un intento de reforzar el servicio público: una cosa es el servicio de la sanidad pública y otra cosa es contratar una empresa para hacer llamadas. Lo que debería hacer el Govern es hablar con el sector y tomar decisiones luego. Que se haga todo atendiendo a los profesionales y poniendo los recursos desde más se necesitan. Sería bueno que alguien ponga sentido y escuche a los profesionales del sector. No pedimos que se anule el contrato, sino que se hable con los profesionales. Y si luego se decide que lo mejor es hacer el contrato, por ejemplo, que los trabajadores de esa empresa se pongan a disposición de la atención primaria”.

El sindicato Metges de Catalunya, por su parte, también exigió este lunes la reversión del contrato y califica de “indecente” la decisión de externalizar el seguimiento de los infectados. “Es insultante que Salud contrate por valor de 17,6 millones de euros el rastreo del covid-19 a una empresa con ánimo de lucro y, por el contrario, solo destine 4,5 millones de euros a reforzar este verano los centros de atención primaria de la costa y los equipos con una mayor presión de residencias geriátricas, a pesar de la pérdida de más de 850 facultativos que arrastra el primer nivel asistencial por culpa de los recortes de los últimos 10 años”.

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Metges de Catalunya subraya que “la atención primaria es la red sanitaria con una mayor penetración geográfica y social y, como tal, es la que está en mejores condiciones de poder detectar los nuevos casos de covid-19 y hacer el seguimiento de los contactos, en estrecha colaboración del Salud Pública, siempre que se inyecten los recursos económicos y humanos suficientes”.

Críticas sindicales

La Federación de Sanidad de CCOO, por su parte, criticó la adjudicación a dedo del contrato a Ferrovial y arremetió contra el Departamento de Salud. “Se observa la poca transparencia a la hora de hacer esta contratación a una empresa que en principio hace tareas de limpieza, aprovechando el carácter urgente que prevé el actual estado de alarma”, dice esta organización en un comunicado. El sindicato de Enfermería Satse y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) también han emitido sendos comunicados pidiendo la anulación del contrato.

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Satse critica que el seguimiento ha de hacerse desde el sector sanitario. “Nos extraña que esta compañía sea la adecuada para llevar a cabo una tarea en la que se tiene que estar familiarizado con el entorno socioeconómico del enfermo y tener unos conocimientos sanitarios que permitan realizar unas valoraciones mínimas”, aludiendo a que la empresa firmante de la adjudicación está especializada en servicios de limpieza y lavandería. El sindicato más representativo de las enfermeras resalta que hay que inyectar más recursos económicos en la sanidad pública y pide que se revierta el contrato y que se aproveche ese dinero “para invertir en la estructura profesional de los servicios sanitarios”.

La FAVB, por su parte, destaca que “la nueva normalidad tiene más que ver con la vieja anormalidad que con un planteamiento serio de la política sanitaria en Cataluña”. Critica la “privatización sin ningún concurso público de un servicio esencial” y resalta que el seguimiento de la propagación del virus “es una tarea que corresponde a la Administración pública, en la que ha de jugar un papel crucial la atención primaria, a la que se ha de dotar de los recursos adecuados”. La entidad vecinal termina pidiendo “una rectificación” del Govern.