Una empresa de limpieza hará el seguimiento de los enfermos de covid en Cataluña

La filial de Ferrovial elegida por la Generalitat de Cataluña para hacer el seguimiento de los enfermos de coronavirus y el riesgo de contagio en Cataluña, Ferroser Servicios Auxiliares, es una empresa dedicada a la limpieza de locales. Nunca tuvo actividad fuera de ese ámbito y los contratos públicos logrados en esa comunidad lo fueron para llevar a cabo tareas de limpieza de hospitales o de residencias de ancianos. Tanto es así que, antes de 2012, su nombre era Eurolimp.

El macrocontrato de 17,7 millones de euros otorgado por la Generalitat de Cataluña (su concepto detalla que es para el "servicio de seguimiento de los contactos positivos mediante scouts"), ha generado críticas no solo por su volumen, sino por la naturaleza del propio adjudicatario. Se trata del mayor contrato otorgado por Quim Torra en esta pandemia. "No tiene sentido. Es como si encargas la revisión de tu coche a un zapatero", escenifica a El Confidencial la situación un diputado de la oposición, sobre el hecho de que no se lo haya llevado una empresa sanitaria.

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Desde el 'holding', se explica que lo de menos es el nombre de la empresa, ya que "la marca o razón social es una cosa y el trabajo que se presta es otra". E insisten en que la división que trabaja en el ámbito de servicios de ese grupo tiene unos 8.000 empleados. El abultado contrato solo dará empleo a 184 personas. O, al menos, esas son las previsiones.

En el portal de la transparencia de Cataluña solo existen cuatro contratos públicos a esta empresa. No obstante, El Confidencial tiene constancia de más adjudicaciones. El año pasado, Ferroser Servicios Auxiliares logró el contrato de la limpieza de la sede de la Fundación Institut Mar de Investigaciones Médicas, del Hospital del Mar. Fueron 284.617 euros, en una adjudicación donde no se presentó ninguna oferta más. El contrato es prorrogable, por lo que esa cantidad podrá doblarse en 2020.

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En 2018, obtuvo un contrato de 2.214 euros del Banco de Sangre y de Tejidos (BST) por la limpieza de laboratorios. El 1 de abril de ese año, firmaba también un contrato con la consejería de Trabajo (también en manos de ERC, igual que la de Salud) para realizar "los servicios de limpieza, lavandería y otros servicios en la residencia de ancianos Llar Sant Josep, en Lleida". La duración de ese contrato es de 26 meses y el precio del mismo fue de 997.097,96 euros. En el pliego de cláusulas administrativas, no obstante, especifica que el valor estimado del contrato es el doble, ya que cabe una prórroga del mismo por otro periodo similar.

Una central de compras en vez de urgencias

En el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) solo aparece reseñada la empresa en dos ediciones: la limpieza de la residencia citada de Lleida en 2019, y una relación de contratos similares en 2015. En aquella ocasión, la firma se hizo con el contrato de limpieza y lavandería de la residencia de ancianos Mare de Déu de la Mercè, en Tarragona, por 440.065,62 euros; la limpieza de la residencia asistida para ancianos y centro de día Jaume I, de Espluga de Francolí por 903.724,80 euros; la de la limpieza de la residencia Llar Conca de Barberà, de Montblanc, por 642.074,40 euros, y la limpieza de la residencia de Can Ruti, en Badalona, por 848.603,55 euros. Ni una mención en sus páginas al contrato de Llar Sant Josep citado anteriormente. Ni al contrato del BST. En 2016, también se hizo con el contrato de la limpieza del Liceu, que le reportó 751.663 euros. Otra omisión del DOGC, en el que teóricamente habrían de publicarse todos los contratos públicos que se firman. La trayectoria de la compañía, pues, no invita a pensar en su labor como controladora de los enfermos de covid.

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El segundo punto de la adjudicación estrella de Torra en el que pone el foco la oposición es por qué ha sido la empresa pública Sistemes d’Emergències Mèdiques SA (Semsa) la que vehiculó el contrato, cuando podría haber sido el área de la atención primaria la que lo adjudicase. Ello deriva las responsabilidades hacia una empresa, que no está sujeta al mismo control que una Administración pública y soslaya el ojo crítico de la intervención, con lo que tiene más margen de maniobra a la hora de conceder contratos.

La oposición pide explicaciones

La diputada socialista Assumpta Escarp es muy crítica con el contrato. "Para empezar, el contrato no especifica el periodo de tiempo del mismo. Pero, además, la Generalitat ha anunciado que contrata a 108 especialistas para el seguimiento epidemiológico. Teóricamente, estos especialistas son los que facilitarán a los empleados de Ferroser los teléfonos para hacer los seguimientos, que consistirán básicamente en llamar por teléfono dos veces a una persona en cuestión y dependiendo de los síntomas que tenga, derivarla a la atención primaria", señala Escarp a este diario.

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Pero, además, el dinero destinado a este contrato contrasta con el que necesita la sanidad pública a otros niveles, en los que se regatea hasta el último céntimo. "Mientras que aquí se pone una cantidad de dinero exorbitante, para todo el verano, con el refuerzo que se ha de poner, las sustituciones y los fondos complementarios, se destina solo 4,5 millones de euros. Un contrasentido absoluto", remarca Escarp.

Ciudadanos también ha presentado una batería de preguntas sobre el contrato. El diputado Jorge Soler ha sido el encargado de hacerlo. "¿Qué empresas se presentaron al concurso? ¿Cómo se han garantizado los requisitos de transparencia y concurrencia en esta contratación? ¿Qué medios ha fijado del Departamento de Salud para garantizar la protección de datos de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos? ¿Por qué una aplicación que se pondrá en marcha de manera urgente e inmediata ha sido contratada sin publicidad?", son algunas de las preguntas que el partido naranja ha presentado en el Parlamento catalán.

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Jorge Soler, diputado y portavoz de salud de Ciudadanos, señala a El Confidencial que esta formación exige "explicaciones. Queremos saber qué hay detrás de este contrato, puesto que nos parece una cantidad desproporcionada". Cs también ha pedido la comparecencia del responsable del CTTI, el centro de telecomunicaciones.

La oposición señala el hecho de que el gerente de la división de servicios de Ferrovial en Cataluña es nada más y nada menos que Roger Junqueras, hermano del exvicepresidente catalán que cumple condena por el 1-O. Este directivo compagina su dedicación de gerente de Ferrovial Servicios con la de gerente de la UTE Pedalem, operadora del sistema de 'bicing' en Barcelona para la próxima década.

Desde Ferrovial se subraya que Junqueras lleva 19 años en el grupo Ferrovial y que "su cargo es de tercer o cuarto nivel". No obstante, es directivo en Cataluña. El hermano del exvicepresidente trabajaba para una empresa de jardinería hasta que esta fue comprada por Cespa, del grupo Ferrovial, en 2006. A partir de ahí, fue ascendiendo "hasta llegar a tener un desarrollo profesional y cierto nivel de responsabilidad". Destacan que no aparece en el organigrama de Ferrovial Servicios España. En la compañía apuntaron también a que el contrato del seguimiento de enfermos de coronavirus podría depender del área de infraestructuras, pero la propia naturaleza de la compañía contratada apunta a que es la división de servicios, que está bajo el manto de Junqueras, la responsable del mismo.