Del Teatre Nacional al Mercat de les Flors: el uso de las instituciones por el soberanismo

El independentismo busca desesperadamente el choque entre instituciones para justificar su posicionamiento inamovible. Mientras por una parte la Generalitat boicotea directamente los actos en los que participa la Casa Real, por otra parte, diversos ayuntamientos declaran a Felipe VI persona 'non grata' y el Parlamento propone un debate sobre la monarquía o llama a aprobar resoluciones contra otras instituciones del Estado, ya sean gubernamentales o judiciales.

El propio presidente del Parlament, Roger Torrent, envió la semana pasada una carta a más de 100 diputados, presidentes de parlamentos y organismos internacionales acusando a España de que la sentencia del Supremo establece un precedente muy preocupante en la UE porque criminaliza los ejercicios de los derechos fundamentales. Asegura que su antecesora, Carme Forcadell, ha sido condenada "por haber defendido que en el Parlament se tiene que hablar de todo" (en realidad, fue condenada por desobediencia) y que el alto tribunal "ha retorcido el Código Penal para condenar a los líderes sociales atribuyéndoles un delito que requiere el uso de la fuerza, circunstancia que nunca se ha dado". Obvia, no obstante, que una cosa es hablar y discutir de un tema y otra aprobar resoluciones parlamentarias con pretendidos efectos jurídicos sobre temas en los que la Cámara no tiene competencias.

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También la pasada semana, el abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull en el juicio del 1-O, presentó su dimisión como vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona. Fue una “decisión personal” del letrado, pero detrás de ella acecha la larga sombra de la sentencia: los soberanistas intentaron hasta la saciedad que el colegio emitiese un comunicado de apoyo a los condenados y de rechazo de la sentencia. Es cierto que Pina, por el volumen de trabajo que tiene, no ha dedicado mucho tiempo a la institución, pero eso es común a otros letrados. En todo caso, tras el juicio del 1-O, la intensidad del trabajo ha bajado de manera importante. Y algunas fuentes apuntan a que la negativa del colegio a posicionarse ante la sentencia fue el detonante de su decisión.

Juguetes en manos soberanistas

Lo cierto es que casi todas las instituciones son, en estos momentos, meros instrumentos políticos en manos de las formaciones soberanistas. JxCAT forzó un pleno de la Diputación de Barcelona para rechazar expresamente la sentencia. Al solicitarlo más de un cuarto de los miembros del pleno, este se tuvo que convocar. La resolución, aprobada por JxCAT, ERC y Tot per Terrassa (suman 24, cuando la mayoría absoluta se sitúa en 26, pero Ciudadanos no asistió al pleno y los comunes se abstuvieron), fue aprobada. La moción exige “la libertad inmediata de todos los presos y la amnistía de todos ellos y de todos los exiliados”. Se condena también “la criminalización del movimiento independentista". La presidenta de la institución, Núria Marín (PSC), no obstante, realizó una declaración institucional el mismo día en la que condenaba los episodios violentos que estaba viviendo Cataluña y subrayó: "Nos negamos a normalizar la violencia como herramienta de acción política, y no rechazarla explícitamente es una manera de normalizarla." Marín reclamaba también salidas pacíficas y consensuadas y garantizó que la Diputación no asumirá ninguna ilegalidad.

El Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure y el Mercat de les Flors, tres instituciones públicas, salieron al paso con sendos comunicados rechazando también la sentencia. Incluso el Festival de Cine de Sitges se solidarizó con los condenados, lo mismo que el Orfeó Català o la Academia Catalana de la Música.

El Colegio de Economistas hizo otro tanto y llamó a "abrir un proceso de negociación". El Colegio de Arquitectos emitió un breve comunicado en el que rechaza la sentencia y se suma a un manifiesto que muestra el desacuerdo con el fallo del Supremo y asegura que "no resuelve el conflicto civil", al tiempo que se compromete a trabajar por “la libertad de los condenados” y llama a “participar en las movilizaciones” de protesta.

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran un total de 29 colegios profesionales de Cataluña, cuyas respectivas juntas de gobierno se posicionaron claramente en contra del fallo. Entre ellos, además de los citados, el Colegio de Médicos, el de Psicología, el de Protésicos Dentales, el de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias o el de Enólogos. Asimismo, apoyan el manifiesto los máximos responsables de media docena más de colegios profesionales.

También se posicionaron en el mismo sentido diversas corales, asociaciones y organizaciones como la ANC, Amical de Mauthausen, el Centre Excursionista de Catalunya, Ciemen, CCOO, la Confederación de Asociaciones de Vecinos (CONFAVC), el Consejo Escolar de Cataluña, el decanato del Colegio de Ingenieros Industriales y del Colegio de Trabajadores Sociales, la entidad En Peu de Pau, varias federaciones deportivas y agrupaciones de ‘castellers’, la Federación de Empresarios Femcat, el FAGC, las Fundaciones Pare Manel, Jaume Bofill, PuntCat, Utopía o Joan Maragall, entre otras, Intersindical-CSC, Justicia y Paz, Sindicato de Periodistas de Cataluña, Sos Racisme, UGT, USOC, o Unió de Pagesos. Hasta el momento, se han adherido 560 instituciones (entre las que también hay numerosas cooperativas, escuelas o clubes deportivos).

Tirón de orejas a la Cámara

La lucha es encarnizada. Semana y media después de conocerse la sentencia, la UPC aprobaba un documento en su claustro en el que exige la puesta en libertad de las “personas injustamente condenadas o en prisión provisional”, lo que engloba también a los detenidos por presunto terrorismo en septiembre o los detenidos por las algaradas de la pasada semana. Una entidad privada como el FC Barcelona (toda una referencia social) emitió, asimismo, un comunicado pidiendo la liberación de los “líderes cívicos y políticos condenados” y rechazó la sentencia porque “la prisión no es la solución”. El RCD Espanyol, en cambio, fue más pragmático y lamentó el sufrimiento ante “determinadas situaciones procesales”, pero respetó la sentencia y llamó a buscar “soluciones políticas y democráticas para esta crisis social”.

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Particularmente escandaloso es el posicionamiento de la Cámara de Comercio de Barcelona, presidida por el radical Joan Canadell, que no solo apoya entusiásticamente las campañas de boicot a productos españoles y empresas del Ibex, sino que quiere desalojar de puestos de responsabilidad de la institución a empresas que hayan trasladado su sede fuera de Cataluña (y reemplazarlas, eso sí, por multinacionales que tampoco tienen su sede en ella), que rechaza la sentencia y que responsabiliza de los disturbios de la semana pasada… a Pedro Sánchez. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, envió una contundente carta a Canadell: "Me veo en la necesidad de recordarle que, desde la organización que preside, no procede ni la defensa ni declaraciones que pongan en cuestión la aplicación de leyes y obstaculicen el cumplimiento de decisiones judiciales (…) se le presupone un especial celo en el respeto de la legislación vigente y una representación inequívoca de los intereses generales de todos los asociados de la Cámara (…) sin excepción".

Se trata, pues, de la cosificación de las instituciones, de una utilización política de las instituciones y los mecanismos sociales para atacar al oponente. Incluso cuando se trata de instituciones que deberían observar una estricta neutralidad por su condición de públicas. Lo dicho: pura cosificación de las instituciones.