El TSJC juzgará a la Mesa del Parlament en noviembre... y con un traductor al aranés

Los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que supuestamente desobedecieron resoluciones judiciales serán juzgados del 19 al 22 de noviembre, según una diligencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahí serán sometidos a juicio Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Ramona Barrufet (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Mireia Boya (CUP) y Joan Josep Nuet (EUiA). Ninguno de ellos, a excepción del último (que ejerció de tránsfuga en las últimas generales y se pasó de los comunes a las filas de ERC) es ya ni diputado, pero han de responder sobre si incumplieron a propósito resoluciones muy claras del Tribunal Constitucional para someter a votación preceptos presuntamente inconstitucionales o dar luz verde a actuaciones que vulneraban las leyes.

Lo que llama la atención en este juicio, además, es una de las determinaciones del tribunal: “Nómbrese un intérprete de la lengua aranesa/occitana a fin de que asista a la procesada señora Mireia Boya i Busquet en la sesión del juicio oral en que deba practicarse su interrogatorio y en la que deba hacer uso del derecho a la última palabra”, dice uno de los fundamentos de derecho.

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Mireia Boya es exdiputada de la CUP, candidata en el Val d’Aran, de donde es oriunda. La polémica dirigente ‘cupera’ ya tuvo sus más y sus menos no solo con los medios de comunicación, sino también con sus compañeros. Ahora, pide un intérprete para el TSJC, que se supone que es la principal institución judicial de la comunidad.

La diputada 'cupera', proveniente de una familia acaudalada con negocios del ladrillo, cuando fue elegida diputada, en su declaración de bienes deslizó que tenía un terreno rústico en su localidad natal y declaraba un valor nimio. Era verdad lo del terreno rústico, pero había ocultado que sobre él se había construido un hotel rural, de tres plantas y con un valor de cientos de miles de euros. Incluso en su cuenta de Linkedin figuraba como propietaria de la casa rural Bòrda Guilhamuc desde julio del 2007.

Su salida de la CUP

Descubierta la ocultación, las protestas ciudadanas fueron masivas y al final aseguró que había tenido que cerrar el establecimiento en noviembre de 2017 porque había recibido amenazas de muerte anónimas. La propia Boya denunció por Twitter “amenazas fascistas” para justificar el cierre. Aseguró que una familia que se alojaba en su establecimiento “fue increpada cuando salía por la puerta” y que con ello “se ponía en peligro la integridad de otra gente”. Y subraya: “Recibí decenas de amenazas de muerte y de quema de la casa”. También aseguraba que “en diciembre, se pusieron lazos amarillos en Aran, como en muchos sitios. Duraron una noche y quien los sacó los dejó a la puerta de mi casa. Señalando y avisando a quien proclama la libertad de los presos políticos. Ningún problema, seguiremos”.

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En marzo pasado, Boya dejó la dirección de la CUP acusando a un compañero de “agresión psicológica continuada”, que ella había denunciado ante el secretariado nacional del partido. “He visto con tristeza cómo las organizaciones tendemos a cambiar prioridades, a olvidarlas y a hacer periférico eso que realmente importa y no paramos de repetir: las personas y los cuidados en el centro. He marchado por eso, necesito tiempo para cuidarme”, dijo.

En un escrito público, señalaba también que “marcho consciente de dejar el reto colectivo de mejorar la gestión de las agresiones machistas”. Y recordaba que “todo lo que pasó durante aquellos tiempos difíciles y complejos, donde la prioridad era el referéndum, y todo lo que ha venido asociado a la represión del Estado, me ha comportado problemas de salud que he escondido bajo una coraza que me fabriqué a medida”.

Lo que se escondía bajo esas acusaciones era una lucha de poder dentro de la CUP. Ella hablaba de “comportamientos agresivos y roles de poder”. Otras fuentes de la CUP prefieren callar y aseguran que eso fue “un enfrentamiento personal con otro dirigente”. Varias asambleas locales de la CUP y militantes a nivel particular se solidarizaron con ella, pero nunca quedó claro el papel de cada uno de los protagonistas en la historia, porque el supuesto agresor, X. G., también exdirigente del partido, prefirió no hablar más del asunto para no dañar a la formación.

Declaraciones en el juicio

Lo cierto es que la exdiputada Mireia Boya pretendía algo parecido a la politización del juicio, con un desfile de políticos de la CUP en el estrado. Entre sus propuestas estaban la de que declarasen las caras más visibles de la organización: el exdiputado David Fernández, el portavoz Lluc Salellas, la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater y el actual alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Según el tribunal, no se advierte en la proposición de Boya “ni en el escrito de conclusiones ningún dato que permita al Tribunal que dichos testigos tengan alguna relación de utilidad o pertinencia con los hechos enjuiciados o con el planteamiento de la defensa”. En otras palabras, que su presencia en el juicio sería “impertinente”.

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En cambio, el tribunal sí admite a trámite la declaración como testigos de los dirigentes de la CUP Carles Riera (actual diputado) y de los exdiputados Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra. Asimismo, Boya propuso como testigos a Albano Dante Fachin (exdiputado de Podemos), a Lluís Llach (JxCAT), a Ferran Civit (ERC) y a Antoni Castellà (JxCAT).

También se admitió la comparecencia como testigos de los miembros de la Mesa José María Espejo y David Pérez, así como las de los letrados de la Cámara Antonio Bayona y Xavier Muro o la de los líderes parlamentarios de la oposición: Inés Arrimadas (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Lluís Franco (Catalunya Sí Que Es Pot) y Xavier García Albiol (PP), así como de Pere Sol, secretario general del Parlament. También declararán Ernest Benach, expresidente del Parlament y la letrada Mercè Arderiu (a propuesta de Anna Simó), así como la expresidenta del Parlament Núria de Gispert (a propuesta de Lluís Corominas).