Torra estudia una crisis en octubre para meter a la CUP y los comunes en el Govern

Tras la sentencia del Tribunal Supremo por el intento independentista de octubre de 2017, prevista para el mes de octubre, Quim Torra ha de acompañar las previsibles protestas populares con una reacción institucional. Pero no pueden ser unas elecciones, por varias razones. Porque Oriol Junqueras las ha pedido desde la cárcel y hay que llevarle la contraria, porque las encuestas son desfavorables para JxCAT y porque Carles Puigdemont prefiere una convocatoria de elecciones a final de año. Pero entonces, ¿qué hacer? La alternativa que estudian en el Palau es una crisis de gobierno que dé entrada en la Generalitat a la CUP y los comunes, según apuntan fuentes del sector independentista.

Sería lo que definen como “el Govern del 80%”. Fuera de Cataluña no se entiende, pero uno de los mantras del independentismo es que hay un 80% del electorado que está a favor de celebrar un referéndum acordado con el Gobierno de Madrid. También se define como que el 80% de los votantes está a favor del derecho a decidir. Pero este 80% no existe. Se trata solo de una proyección demoscópica que nace de una encuesta del diario 'Ara' de 2018.

En pocas palabras, eso supondría un Gobierno de concentración nacional, que además de ERC y JxCAT incluyese a un representante de la CUP y a otro de los comunes, según apuntan fuentes de los socios del Gobierno en la Generalitat. El de los comunes de Ada Colau, con el compromiso de aprobar los Presupuestos de 2020 que ya está preparando Pere Aragonès. Sin embargo, se trata solo de una idea que se está barajando en Palau para que los CDR y las bases independentistas no tengan la percepción de que ellos están sumidos en las propuestas mientras que la Generalitat no hace nada.

El pasado mes julio, la CUP ya se abrió a entrar en el Govern, siempre que este se mantenga en una postura de choque frontal contra el Gobierno de Madrid. Precisamente la posición que ha anunciado Quim Torra esta semana hablando de “volver a la confrontación”. En parte, el 'president' estaría preparando el terreno para dar este paso.

La CUP ya lo planteó así en su asamblea extraordinaria de Celrà el pasado mes de julio, donde se habló de “ampliar su radio de acción hacia los comunes”, por lo que no sería tan raro gobernar con ellos.

La ventaja para la CUP sería un Gobierno breve, de valor simbólico, para proyectar hacia el exterior que una mayoría de los catalanes está a favor de la independencia, y que se disolvería en diciembre o cuando Torra fuese condenado a la inhabilitación.

El dilema de Colau

En cambio, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene un dilema. Gana poco en gobernar cerca de cuatro meses con el derechista de Quim Torra, por mucho que quisieran ver en libertad a personal como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Le gustaría quedar bien con parte de su público, los que han votado a una persona como Jaume Asens, el hombre que recomendó a Gonzalo Boye para que fuese el abogado de Carles Puigdemont.

Pero no es suficiente. Colau tiene la alcaldía asegurada durante cuatro años a través de su pacto con el PSC y podrá aprobar los Presupuestos. La situación exacta es que Torra la necesita a ella para aprobar sus cuentas, pero ella no necesita a Torra para sacar adelante las suyas.

El talón de Aquiles de la operación 'Govern del 80%' es que Colau carece de incentivos para apoyar un Ejecutivo que será breve y con alto coste electoral

Además, sería un Govern simbólico que duraría apenas cuatro meses, hasta que Torra convocase elecciones anticipadas, esta vez sí, para que Carles Puigdemont tuviese margen suficiente para volverse a presentar a la Generalitat por última vez.

Esta posición de fuerza de Colau es la que debilita a Torra para intentar una operación así. Eso y un juicio que le puede inhabilitar por haber colgado el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat cuando fue requerido para retirarlo por la Junta Electoral Central.

Cuidar las apariencias

Por tanto, la crisis de Govern, si al final se lleva a cabo, será más cosmética que otra cosa. Una manera de que parezca que se apoya a los CDR mientras protestan en la calle pero sin saltarse la ley.

No es lo que quiere ERC, primer problema. Y hay que decidir qué dos 'consellers' salen, segundo problema. Uno ha de ser de ERC y otro de JxCAT. Se considera que la 'consellera' de Agricultura, la republicana Teresa Jordà, está quemada. Pero hay que buscar alguien del lado de JxCAT que pueda salir y eso ya resulta más complicado con el difícil equilibrio entre el PDeCAT y los independientes de JxCAT.

Por tanto, la supuesta operación 'Govern del 80%' es muy difícil de llevar a la práctica. Por ver quién sale, por ver quién entra para un periodo tan breve y por los pocos incentivos de Colau para secundar una operación política de tanto calado.