Las inhabilitaciones pesan más sobre los políticos catalanes presos que la cárcel

Dentro de mes y medio se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo sobre los "hechos de octubre" en los que desembocó la primera fase del 'procés' en Cataluña. Pero sus efectos políticos irán más allá de las condenas de cárcel, sean estas duras —unos 12 años para Oriol Junqueras, el termómetro para todos los encausados— o blandas —cerca de ocho años para el presidente de ERC—. Junqueras afronta su situación en clave Nelson Mandela, según apuntan fuentes de su formación política. Pero otras fuentes jurídicas advierten que el mayor riesgo para toda una generación de políticos independentistas no se encuentra en los años de prisión, sino en las inhabilitaciones que vayan aparejadas. Serán las inhabilitaciones y no la cárcel la que dé la puntilla a los líderes de la intentona independentista de octubre de 2017.

Los años de inhabilitación coinciden con los años de cárcel. Tomemos el caso de Oriol Junqueras. Ahora tiene 50 años. Si lo inhabilitan 8 años, podrá volver a la política a los 58 años. Si la inhabilitación fuese de 12 años, a los 62 años. Si llegan a ser de 15 años podrá volver a presentarse la alcaldía de Sant Vicenç dels Horts a la edad de su jubilación, cuando su tiempo ya haya pasado y sea como sea la Cataluña de entonces, poco se parecerá a lo que es Cataluña ahora.

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En lo personal, la cárcel es mucho más dura que la inhabilitación. En lo político, la inhabilitación resulta letal para políticos profesionales, como los encausados. Además, la cárcel tiene atenuantes de los que carece la inhabilitación. Por ejemplo, la prisión preventiva descuenta años de la condena. Siguiendo con el ejemplo de Junqueras, en el ejemplo optimista, con ocho años de cárcel solo le quedaría cumplir seis, al haber pasado dos en preventiva. El buen comportamiento también supone una excarcelación anticipada. En cambio, esos criterios no rigen para la inhabilitación.

Así, la inhabilitación cuenta desde que se dicta la sentencia y para ella no rigen compensaciones ni descuentos. Se ha de cumplir de manera íntegra, sin beneficios de gracia de ningún tipo. Los años de inhabilitación serán los que marque la sentencia en año de condena de reclusión. Y eso supone el final de las carreras políticas de Junqueras, Jordi Sànchez, actual presidente de JxCAT; o de políticos como los 'exconsellers' Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn o Raül Romeva.

La perspectiva de los indultos

No está previsto, en este momento que estos políticos soliciten el indulto. El único que podría sentirse inclinado a ello es Forn, según apuntan algunas fuentes pero no ha dado ningún paso en ese sentido. Lo dicho, es la vía Mandela. No hay indulto que valga. Pero, aunque lo pidiesen, daría igual. Fuentes del Gobierno aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría inclinarse por los indultos. Pero el actual marco legal prevé que el indulto pueda ser parcial. Es decir, que se indulte la cárcel pero no la inhabilitación, que seguiría vigente.

La mayoría de líderes encausados, con Junqueras a la cabeza, descartan pedir el indulto pero eso no incluye a Carme Forcadell y las 'exconselleras'

Por tanto, el debate político alrededor de los indultos es un poco estéril. Ni piensan pedirlos unos, ni otorgarlos de manera total desde el Ejecutivo. Lo que supondría que Junqueras y el resto de encausados correrían la misma suerte que Carles Puigdemont, solo podrán dedicarse a la política a través de personas interpuestas. Puigdemont se garantizó que no le atrapasen, pero no pensó en cómo volver.

Los indultos solo servirían para una parte de los encausados. En medios independentistas cercanos a los presos se señala que la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; o las 'exconselleras' Dolors Bassa; o Meritxell Borràs sí que podrían solicitar el indulto, pero que sus planes no pasan ya por dedicarse a la política.

Opinión

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Mandar desde la cárcel

Junqueras está dirigiendo el partido desde la cárcel. ERC elegirá otra ejecutiva en septiembre, en un nuevo Congreso. Será la que encumbrará al vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, como candidato, porque inhabilitado, Junqueras no podrá volver a presentarse a la Generalitat, mientras que Puigdemont sí que lo hará. De nuevo, el verdadero peso político no lo dará la cárcel, sino las inhabilitaciones. Por mucho que el independentismo tire de la cárcel para chantajear sentimentalmente a sus votantes, la épica Mandela no asegura nada en la política catalana. Que se lo pregunten si no a Quim Forn y su fracaso en la candidatura por Barcelona.

En el congreso de septiembre, Junqueras volverá a presentarse a presidente del partido. Los primeros años funcionará, pero ni Junqueras ni nadie podrá mantener una situación de poder real así todos los años que dure la inhabilitación. Lo dicho, para políticos profesionales peor que la cárcel.