Doble vida en Bruselas: de día empleados de la CE, de noche recaudadores de Puigdemont

Son discretos, anodinos. No peregrinan a Waterloo ni se hace selfis con el 'expresident' catalán Carles Puigdemont. Pero han sido uno de los pilares de la red de entidades que apoya todo el montaje del Consell per la República en Bélgica. Son el poder tranquilo del soberanismo catalán enquistado en el seno de la Comisión Europea. Se trata de las personas que copan los cargos en la asociación belga Catalunya Cultura i Progrés AISBL, más conocida como CATCiP. Así, tanto el presidente como la secretaria o la tesorera de CATCiP son empleados públicos de la Comisión Europea, organismo con el que está enfrentado Carles Puigdemont. Se da la circunstancia de que CATCiP es la entidad que cobra los 10 euros para apuntarse al registro ciudadano de la república virtual catalana, que ya cuenta con más de 67.000 inscritos.

CATCiP fue fundada en mayo de 2018, entre otros, por Joan Matamala, hermano de Josep Maria Matamala, senador por JxCAT y amigo personal y estrecho colaborador de Carles Puigdemont. Josep Maria Matamala ocupa, además, un puesto como administrador de otra asociación belga, CATGlobal ASBL, que da cobertura legal a las actividades del Consell per la República.

Sin embargo, todos los cargos de responsabilidad en CATCiP los ocupa personal de la Comisión Europea. El presidente hasta el pasado mes de mayo era Alfons Vázquez i Obiols, empleado en la Unidad de Nutrición Animal y Medicamento Veterinario de la Dirección de la Salud de la Comisión Europea.

Consultado al respecto, Vázquez ha explicado que en mayo dejó la presidencia de CATCiP y valora el desempeño de este cargo como "actuando solo a título personal, haciendo que mis opiniones me representen exclusivamente a mí mismo y nunca a la institución para la que trabajo y respetando el código de conducta de los funcionarios de la Comisión”. En opinión de Vázquez, CATCiP no tiene objetivos “contradictorios con los objetivos y actividades de la Comisión Europea”, pese a que CATCiP esté apoyando la independencia de Cataluña y no así la Comisión.

La secretaria de CATCiP es Maria Vilar-Badia, que en la Comisión Europea es abogada en el área legal de la Dirección General de Justicia. Maria Vilar-Badia asegura: “Mi jerarquía, directa y superior, están plenamente informada de mis actividades relacionadas con CATCiP”.

El trío comunitario se cierra con la tesorera de CATCiP, Mercè Griera, que ahora ya no trabaja en la Comisión Europea pero que durante años fue jefa de proyectos IT de la Dirección General de Transformación Digital. Griera no ha respondido a las preguntas de El Confidencial.

Conflicto de intereses

En sus estatutos, CATCiP se limita a asegurar que es una asociación a favor de la difusión de la herencia cultural, política y económica de Cataluña, y aunque no menciona la independencia, sí que habla de “creación de bases de datos”, que es en lo que se basa el registro ciudadano. Sin embargo, el conflicto de intereses con el respeto de la legalidad por que aboga la Comisión Europea parece evidente.

La normativa de la Comisión Europea establece que cualquiera de sus 32.000 trabajadores públicos está obligado “a ser independiente, imparcial, objetivo y leal. Cualquier interés personal o participación en empresas u organizaciones que pudiera comprometer el cumplimiento de sus obligaciones debe declararse inmediatamente”.

La normativa de la Comisión Europea establece que cualquiera de sus 32.000 trabajadores públicos está obligado "a ser independiente, imparcial y objetivo"

Del mismo modo, se marca que “las actividades externas, remuneradas o no, cubiertas por esas normas deben autorizarse previamente” y que deben ser notificados “los intereses personales que puedan menoscabar su independencia o cualquier otro conflicto de interés que se produzca en el ejercicio de sus funciones”. Portavoces de la Comisión Europea, preguntados sobre la situación creada alrededor de CATCiP y de los trabajadores de la Comisión implicados en este proyecto del independentismo catalán, no han querido entrar en este caso en concreto y se han limitado a señalar que "el Estatuto de los funcionarios, las reglas según las cuales gestionamos nuestros recursos humanos, acordado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en el Consejo, permite a los miembros del personal realizar actividades externas, dentro de ciertas limitaciones. En todo momento y en todas las circunstancias, nuestro personal sigue sujeto a los principios de ética e integridad".

Vínculos con España

CATCiP es una AISBL, mientras que CATGlobal es una ASBL. La diferencia es la 'I' de internacional. Por eso CATCiP debe ser reconocida por un real decreto belga y ha de mantener objetivos y actividad internacionales.

Los vínculos más internacionales son con España, en concreto con la Fundació Llibreria Les Voltes, con sede en Girona. El presidente de esta fundación, Joan Matamala, y el vicepresidente, Lluís Antoni Jaile i Benítez, son miembros fundadores de la asociación belga. Es imposible saber si la Fundación Llibreria Les Voltes ha hecho donaciones a CATCiP, ya que esta fundación catalana no presenta cuentas desde el año 2016, pese haber sido requerida por la Generalitat para ello. Otro de los socios fundadores de CATCiP es un empresario inmobiliario belga jubilado: Jean Pierre Ribot.

En España, también han impulsado una web para sortear obras de arte de temática independentista entre aquellas personas que hagan donativos, con un mínimo de 50 euros y un máximo de 200.