Sin noticias de las cuentas de Waterloo 20 meses después de la fuga de Puigdemont

Carles Puigdemont y su entorno político en Bruselas llevan más de 15 meses pidiendo dinero a los catalanes para financiar su actividad exterior. Las vías son diversas, desde abonarse al Consell per la República y pagar los 10 euros de rigor hasta ingresar donaciones a las diversas organizaciones que apoyan al entorno de los presos. Muchas de ellas han creado entidades sin ánimo de lucro en Bélgica. En su inicio, se prometió que habría transparencia sobre el uso de los fondos. Pero 15 meses después de la primera iniciativa, la financiación de la Casa de la República en Waterloo y todas sus iniciativas políticas están envueltas en la mayor opacidad.

Sin embargo, al principio no iba a ser así. La primera iniciativa de este tipo fue la web DefensaExili.org en marzo de 2018. Esta web incluso llegó a recaudar bitcoins para evitar que se pudiese seguir el rastro del dinero. Sin embargo, las promesas que se hicieron y que todavía se encuentran publicadas en esa página se han incumplido.

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En DefensaExili se asegura que “los responsables de la administración del fondo, desde la elaboración y aprobación del presupuesto hasta el control de su ejecución, serán los miembros del Govern en el exilio”, es decir, Puigdemont y el resto de miembros del Consell. Sin embargo, estos ni han presentado presupuesto alguno ni han dado explicaciones sobre su ejecución.

“Periódicamente, se publicará información de seguimiento del fondo, sobre la evolución de los ingresos y el destino de los recursos”, se afirma en DefensaExili. Algo que también ha brillado por su ausencia. Otra de las promesas que se hicieron en su día a los independentistas que les aportaran donativos era que “de manera regular se ejecutará un control externo de la buena administración por parte de un consejo formado por personas independientes y ajenas a las actividades financiadas por el fondo, que velarán para que los recursos recaudados se destinen a las actuaciones y finalidades previstas y publicitadas”. Este organismo ni se ha creado.

Por último, se prometió que “anualmente se hará una auditoría externa por parte de una empresa profesional y sus resultados se harán públicos”. Esta auditoría no se realizó a fecha de 31 de diciembre y tampoco está previsto que se lleve a cabo a 30 de junio.

El Confidencial se ha dirigido al Consell per la República para preguntarle sobre estas cuestiones, entre ellas si CATGlobal ASBL, la entidad belga que gestiona la base de datos del registro ciudadano que les ha permitido captar más de 600.000 euros, va a presentar cuentas, cuándo lo va a hacer y si incluirá en el perímetro otras asociaciones belgas vinculadas, como el caso de Cataluña Cultura i Progrés (CATCiP AISBL), que es la que cobra los 10 euros por inscribirse en el registro ciudadano. Esta asociación es una entidad fundada por Joan Matamala, hermano del empresario de Girona Josep Maria Matamala, en la actualidad senador por JxCAT y hasta ahora administrador de los fondos de Puigdemont y sus acólitos en Bruselas.

Las explicaciones de Casajoana

Lo más parecido a una explicación lo ha dado la presidenta de CATGlobal, Erika Casajoana, en una entrevista al semanario 'El Temps' a principios de este mes de junio: “Soy presidenta de CATGlobal, la asociación ligada a Waterloo que promueve la idea de la democracia, de la cultura catalana y también canaliza donaciones hacia el Consell per la República”. Casajoana también integró la lista por las europeas de Puigdemont como número cuatro, y como él y Toni Comín difícilmente podrán ser eurodiputados, tiene muchos números a medio plazo de acabar siendo eurodiputada.

En esta entrevista, Casajoana no facilita cifras pero sí explica cuál es la principal partida de gasto: “Es una asociación sin ánimo de lucro. Cuando entras en la web del Consell per la República, te sale que lo gestiona CATGlobal. Sirve para dar cobertura y cobijo jurídico a todo esto. CATGlobal recibe donaciones para los exiliados y para cubrir todos sus gastos en abogados, por ejemplo. Todos los exiliados catalanes reciben los gastos jurídicos —que son monumentales— a través de CATGlobal”.

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La presidenta de esta asociación no pierde la oportunidad de solicitar más fondos: “Convendría que la solidaridad fuera más intensa. Yo siempre digo a la gente que menos ir a Waterloo —también es comprensible que quieran ir a ver al presidente— y más hacer donaciones para mantener las únicas instituciones libres de España”.

La transparencia, en cuestión

No hay más explicaciones. Y eso que en su momento desde DefensaExili se prometió que serían Puigdemont y el resto de miembros del Consell “los responsables de determinar los mecanismos de captación de donaciones, sean campañas puntuales, cuotas periódicas, etc. La gestión técnica del fondo se regirá por los principios de eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia”. De la eficiencia y eficacia poco se puede comentar, pero por ahora la transparencia no ha sido el punto fuerte de esta iniciativa.

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Lo curioso es que los damnificados de estas prácticas son los propios independentistas que respaldan el proyecto. Los que pagaron los 10 euros ni siquiera han recibido el carné prometido, aunque se espera, según fuentes del entorno belga de Puigdemont, que a finales de mes se produzcan cambios en este sentido y se formalice la subida de cuotas que anunció Toni Comín. Pero como nadie protesta, tampoco hay presión para cambiar nada.