Acusan a Puigdemont de usurpar funciones y piratear logotipos de la Generalitat

A veces, lo más obvio es lo que pasamos por alto. Eso es lo que pasa con el Gobierno catalán. El que se presente en el Parlament una propuesta de resolución instando al Ejecutivo de Quim Torra a respetar la ley y el Estatuto de Cataluña debería considerarse un oxímoron. Pero es la realidad.

La portavoz del PSC en la cámara, Eva Granados, y el portavoz adjunto, Ferran Pedret, presentaron en el mes de junio una propuesta de resolución pidiendo respetar el Estatuto “en su conjunto” y a no “desnaturalizar el sistema institucional de Cataluña mediante la creación o la financiación de ninguna Asamblea de Electos [el Parlamento paralelo que los independentistas quieren poner en marcha para no contar con los constitucionalistas, una media de dudoso cariz democrático] ni de ningún órgano parecido que pretenda atribuirse o simule las funciones y naturaleza propia del Parlament de Cataluña”. Eso, dicen los socialistas, podría suponer “un menosprecio o una usurpación, real o aparente, de la posición institucional del Parlament de Cataluña”.

De la misma manera, insta a Torra a hacer lo mismo con la creación o la financiación del Consell de la República, la entelequia que presidirá Carles Puigdemont y que trata de presentarse a ojos del mundo como el verdadero ‘Gobierno de Cataluña en el exilio’.

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A. Fernández. Barcelona

Pedret también elevó una batería de 18 preguntas al ‘president’ para conocer si tiene intención de crear “un órgano llamado Asamblea de Cargos Electos” y otro llamado Consell de la República, así como el encaje normativo de ambos en la Generalitat. Pedret recuerda que estos dos órganos fueron citados en el discurso de investidura por Torra como “vías de acción política republicana”. Le interesaba también conocer si el Govern va a atribuir a la Asamblea alguna de las funciones o de la representatividad que el Estatuto da al Parlament. Y lo mismo ocurre con el Consell de la República. ¿Asumirá alguna de las funciones que el Estatuto otorga al Govern? ¿Tendrá alguna función ejecutiva? ¿A través de qué mecanismo se creará? ¿Cuál será su naturaleza? ¿Qué encaje normativo tendrá? ¿Cuál será su ámbito de actuación? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus mecanismos de funcionamiento? También es preocupante conocer cuál es el vínculo que el Gobierno de la Generalitat establecerá con asociaciones o grupos informales que se autodenominen Asamblea de Electos o Consell de la República. Asimismo, preguntaba el diputado socialista por el coste de estas estructuras para su funcionamiento ordinario. ¿Se pagarán estos ‘juguetes’ de Puigdemont con cargo a los presupuestos de la Generalitat? Y, evidentemente, ¿cuáles son los vínculos que el Gobierno catalán establecerá con esas estructuras y cuáles serán las acciones para preservar la representatividad que, por ley, tienen el Parlament o el propio Govern?

¿Asumirá alguna de las funciones que el Estatuto otorga al Govern? ¿Tendrá alguna función ejecutiva? ¿A través de qué mecanismo se creará?

Silencio del Govern

El Gobierno de Cataluña mantuvo un ominoso silencio sobre el particular. En realidad, Torra es el primer interesado en poner en marcha esas estructuras paralelas para mantener la tensión con España. De ahí que el pasado 13 de julio, el PSC presentase otra propuesta de resolución en la que se pide reprobar al Govern “por su manifiesta incapacidad y falta de voluntad política de defender las instituciones catalanas y su imagen frente a los intentos de alguna iniciativa privada de usurpar las funciones, suplantarla o hacerse pasar por las instituciones de la Generalitat de Cataluña”.

Era un obús directo a la utilización que Puigdemont hace de un supuesto ‘Govern catalán en el exilio’, de la Asamblea de Electos y del Consell de la República, órganos creados y controlados por un grupo parlamentario concreto, Junts per Catalunya (JxCAT). Además, por si fuera poco, en sus comunicaciones, utilizan el logotipo de la Generalitat verdadera, lo que en cualquier lugar del mundo estaría penalizado.

De ahí que el PSC reclame que Torra active “todos los mecanismos e instrumentos a su alcance para la defensa de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, incluyendo al Parlament, frente a cualquier actuación orientada a usurpar la legitimidad y representatividad del sistema institucional de Cataluña”. Le pide también que en el plazo de dos meses presente un informe en la cámara en el que detalle las medidas tomadas.

Pirateo del logotipo de la Generalitat

Este mismo mes de julio, el PSC también dirigió otras 7 preguntas para conocer qué piensa hacer la Generalitat ante el uso de su logotipo por parte de personas ajenas a la propia institución. En este sentido, Puigdemont estaría no solo usurpando funciones como ‘president’ (no ha sido elegido como tal ni forma parte de un Gobierno democráticamente elegido), sino que estaría incurriendo en un ilícito penal al utilizar el logotipo del Govern, que solo puede utilizar el propio Govern. Además, con el añadido de que con su utilización manipula y tergiversa la naturaleza de los mensajes que emite, ya que simula que sus opiniones son las del gobierno de Cataluña, cosa incierta.

“¿Es conocedor el Govern de la Generalitat del uso en webs, redes sociales y en la emisión de documentos que hace un grupo de personas que se autodenomina Govern de la República Catalana, de los símbolos, marcas, tipografías, imagen gráfica e identificaciones propias de la Generalitat de Cataluña?”, preguntan los socialistas.

En este sentido, la normativa es muy estricta y nadie puede utilizar un logotipo de la Generalitat sin permiso. Su inclusión en algún documento, cartel, web, fachada de edificio o en cualquier otro lugar ha de ser específicamente permitido por el Govern, que además debe vigilar el buen uso que se hace del mismo.

Pero el Gobierno catalán es muy suyo: se da la circunstancia de que altos cargos con despacho en el Palau de la Generalitat colaboran habitualmente con los ‘piratas’ que utilizan el logotipo oficial, asesorando personalmente, aportando su ayuda o incluso difundiendo proclamas partidistas y noticias o globos sonda amparados con el logotipo del Govern pero haciéndolo servir para la República Catalana o el Govern de la República Catalana.

De ahí que el PSC haya preguntado también si el Gobierno oficial autorizó de alguna manera el uso de los símbolos, la imagen gráfica, las tipografías, las marcas y las identificaciones de la Generalitat “a este grupo de personas que se hacen pasar por un supuesto Govern legítimo’”. O sea, a Puigdemont y los suyos. Por último, interroga sobre las acciones legales de la Generalitat para “combatir el intento de este grupo de personas de atribuirse la representación legítima de la Generalitat de Cataluña y de hacerse pasar por la Administración y el Govern de la Generalitat”.

El ‘president’ Torra, pues, ya tiene deberes para este verano, aunque con los antecedentes ideológicos y personales que tiene en sus alforjas difícilmente se avendrá a dar alguna explicación. Su deriva frentista despeja toda duda: barra libre para los amigos y estacazo para los enemigos.