Así espiaron los Mossos a El Confidencial por "no ser afín al proceso independentista"

La Policía Nacional ha descubierto que los Mossos d'Esquadra investigaron a directivos y periodistas de El Confidencial porque consideraban que este medio podía representar una amenaza por su "carácter constitucionalista y no afín al proceso independentista que llevaba a cabo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña". La policía autonómica volcó los datos en un dosier de cuatro páginas sin membrete que había permanecido oculto hasta ahora. El pasado 26 de octubre, solo unas horas antes de que entrara en vigor el artículo 155 de la Constitución, intentaron destruirlo junto a otros documentos de inteligencia confeccionados sin ningún control judicial. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía los encontraron en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) cuando estaban a punto de ser lanzados al fuego.

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El hallazgo de este dosier sobre El Confidencial aparece reflejado en un informe de la Policía Nacional incorporado al sumario que instruye la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sobre la pasividad de los Mossos durante el 1-O y los registros en la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre. El dosier, adelantado por 'El Periódico' y al que ha tenido acceso este diario, estaba en la caja número 21 de uno de los vehículos empleados por los Mossos (modelo Ford Transit) para desplazar la documentación a la incineradora.

Según la Policía Nacional, el documento repasa la trayectoria de El Confidencial y la experiencia de varios profesionales, con especial atención a los periodistas que trabajan en la delegación en Cataluña de este medio. Entre los que fueron investigados se encuentran el editor y consejero delegado, José Antonio Sánchez, el director general, Alberto Artero, y el subdirector, Alberto Pérez Giménez. Detalla sus respectivas carreras profesionales, formación académica, datos personales y la responsabilidad que tenían en el medio en el momento de la redacción del informe. De los datos se desprende que su creación data de 2012.

El informe se vuelve más detallado en el análisis de la delegación territorial de Cataluña. Se centra en los dos periodistas de El Confidencial en la comunidad autónoma, Antonio Fernández y Marcos Lamelas. En ambos casos, los Mossos recopilaron sus trayectorias laborales. Además, en lo que afecta a Antonio Fernández, reflejaron datos de seguimientos, incluyeron su fotografía y otras referencias de carácter personal como su DNI, teléfono móvil y domicilio.

Los investigadores de la policía autonómica no se detuvieron ahí. También rastrearon datos sobre personas supuestamente relacionadas con Antonio Fernández. En concreto, según refleja en su informe la Policía Nacional, los Mossos recopilaron información sobre un periodista que había participado en el inicio del proyecto de El Confidencial en Cataluña, Á. B., y sobre la empresa en la que este trabajaba ya en el momento de redacción del dosier, Ukelele Newsroom. La directora ejecutiva de esta firma también fue reseñada, M. H. G. S.

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"Como se puede observar", concluye la Policía Nacional, "dicho informe se efectuó con la finalidad de obtener información personal de los periodistas reseñados, dada la línea política del medio de comunicación para el que trabajan o han trabajado: de carácter constitucionalista y no afín al proceso independentista que llevaba a cabo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, desconociéndose quién efectuó dicho informe y a quién iba dirigido".

Como adelantó El Confidencial, la documentación incautada demuestra que la intención de los hombres bajo el mando de Trapero era destruir en las horas previas a la aplicación del artículo 155 documentos que probaban la existencia de seguimientos a dirigentes de partidos políticos y que se extendían a otros sectores del mundo empresarial y social. La incautación de los papeles frustró sus intenciones.

Las furgonetas con las cajas fueron interceptadas solo un día antes de que Carles Puigdemont proclamara en el Parlament la declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes oficiales de los Mossos aseguraron que se trataba de una simple destrucción de archivos antiguos e inservibles que tenía como objetivo liberar espacio en sus instalaciones centrales. Según explicaron, el proceso se realizaba periódicamente y estaba protocolarizado. Pero, ante los indicios de que en esa partida podía haber datos comprometedores sobre la actuación del cuerpo el 1-O, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional se llevaron las cajas para revisar su contenido.

En su última declaración ante la jueza Lamela, el mayor Trapero negó haber ordenado que se eliminaran estas pruebas. El actual jefe del cuerpo, Ferrán López, defendió esta versión en el Tribunal Supremo, donde aseguró que esta destrucción de documentos se realizaba de forma periódica y que todo lo que se incluyó en las cajas consta en los discos duros de los servidores policiales.