El control a Puigdemont queda en manos de la Policía antiterrorista y el CNI

El trabajo realizado por los departamentos de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil así como el que llevan a cabo los servicio de Inteligencia del CNI son prácticamente el único agarre legal que tienen las fuerzas de seguridad españolas para controlar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante su estancia fuera del país. Sus movimientos y sus posibles intentos de acceder a España a través de cualquier frontera —ya sea por tierra, mar o aire— solo pueden ser vigilados gracias a estos agentes que conforman servicios destinados durante la mayor parte del tiempo a la lucha contra el terrorismo y que ahora se centran en esperar el momento en que el líder de JxCAT decida cruzar la línea.

"El tema es complicado, ya que no hay fronteras dentro del espacio Schengen y, por lo tanto, un vuelo con destino El Prat, por ejemplo, es considerado un viaje interior, con lo que no hay registros de pasajeros que sirvan para investigar", valoran fuentes policiales. Uno de los sistemas que quedan fuera es la denominada Información Avanzada de Pasajeros (API), creada inicialmente para el control de la inmigración ilegal y que incluye datos esenciales de viajeros que se desplazan fuera de la Unión Europea, como su nombre y apellidos, su fecha de nacimiento, su pasaporte o los lugares de origen y de destino.

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Al no haber abandonado Puigdemont la zona comunitaria, no tiene sentido que las autoridades policiales accedan a este fichero para tomar nota de las personas que ingresan en los vuelos procedentes de cualquier país de fuera de la Unión Europea con destino a España. El expresidente de la Generalitat, por lo tanto, podría tomar un avión desde Bélgica a cualquier aeropuerto de España y no sería controlado por este sistema. "No hay por lo tanto ninguna alerta que salte si este hombre decide volar", añaden las mismas fuentes.

Al no existir un control sistemático de los pasajeros que llegan, las inspecciones son muy reducidas. Los recursos que tienen los miembros de los servicios de Información de las fuerzas de seguridad en este contexto se limitan, por un lado, a los tradicionales controles visuales de personas en la frontera. Los policías que trabajan en los aeropuertos españoles tienen claro que existe una orden de detención en España contra el expresidente catalán y que en el momento en que este acceda al país debe ser conducido a una comisaría. No hay avisos previos, por lo tanto, y cualquier policía podría encontrarse al dirigente nacionalista por sorpresa en su puesto de trabajo.

Asimismo, la Policía y la Guardia Civil tienen capacidad para realizar labores de inteligencia, de recopilación de información y de análisis de fuentes abiertas como las redes sociales con el fin de determinar los planes del candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, un arma de doble filo por otro lado, teniendo en cuenta los últimos mensajes emitidos por esta vía por las personas cercanas a Puigdemont, que tratan de confundir a los ciudadanos dando por hecha la presencia del 'expresident' en Barcelona hoy para la sesión de investidura, un pleno que finalmente ha sido pospuesto por el presidente del Parlament.

Los seguimientos y las vigilancias son otros recursos utilizados por los agentes de los servicios de Información, como de hecho indicó el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien admitió estar trabajando para evitar que el 'expresident' "pueda cruzar la frontera en helicóptero, en barco o en el maletero de un coche". El máximo responsable de la seguridad nacional reconoció haber "diseñado un dispositivo" para evitar que el político burle los controles y aparezca de pronto en el Parlament para ser investido.

Fuentes policiales aseguran que Puigdemont será detenido sí o sí en el caso de que decida entrar en España, ya sea en el paso fronterizo, en el aeropuerto, en un puerto pesquero, en su trayecto hacia Barcelona, por las calles de la Ciudad Condal o durante su acceso a la propia cámara autonómica. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró la orden europea de detención sobre Puigdemont y el resto de dirigentes catalanes fugados, pero mantuvo la española, por lo que el 'expresident' sería arrestado en el momento de pisar suelo español y puesto a disposición judicial por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el marco de la causa que dirige el alto tribunal.