Investidura de Puigdemont: El TC se justifica: actuó por la urgencia excepcional de la investidura de Puigdemont. Noticias de Cataluña
ADMITE QUE NO HAY PRECEDENTES

El TC se justifica: actuó por la "urgencia excepcional" de la investidura de Puigdemont

El tribunal de garantías hace público su auto un día después de la resolución que cierra las vías a que el 'expresident' asuma de nuevo la dirección del Govern

Foto: Imagen de la sede del Tribunal Constitucional. (EFE)
Imagen de la sede del Tribunal Constitucional. (EFE)

El Tribunal Constitucional ha hecho público, poco más de un día después de su decisión sorpresa del sábado, que veta todas las vías a Carles Puigdemont para ser investido presidente, el auto en que fundamenta las razones que lo condujeron a dictar una resolución totalmente inesperada. En el texto, suscrito por todos los magistrados, admite que actuó sin que exista precedente alguno de una decisión similar y conducido por la "urgencia excepcional" impuesta por la inminente investidura de Puigdemont.

En sus fundamentos jurídicos se reconoce que el fin de la resolución fue evitar "los daños que el Gobierno" quería soslayar a través de la suspensión que demandaba. Lo contrario —dice— supondría vaciar de contenido la prerrogativa que la Constitución reconoce al Ejecutivo y que permite que los actos impugnados ante el TC queden en suspenso mientras se decide sobre el fondo.

La decisión adoptada el sábado supone, en concreto, que para ser investido presidente de la Generalitat Puigdemont debe acudir personalmente a la cámara y obtener antes autorización del juez. También acuerda apercibir al 'president' del Parlament, Roger Torrent, de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir él y la Mesa del Parlament si desobedecen esta resolución. Ni Puigdemont ni los cuatro diputados que permanecen junto a él en Bruselas podrán delegar el voto, concreta la decisión. Es decir, Puigdemont, no solo tendrá que estar presente, sino que además necesita recabar la autorización del juez Pablo Llarena aunque comparezca personalmente en la cámara. "Está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión", destaca.

El TC explica ahora que la jurisprudencia aplicada hasta el momento ha tendido a admitir las reclamaciones del Gobierno contra los actos de las comunidades autónomas y dictar la preceptiva suspensión. La valoración ha dependido de forma tradicional de criterios formales, pero nunca antes el tribunal de garantías se había topado con un supuesto en que, no siendo posible adoptar de modo inmediato la decisión sobre la admisión o la inadmisión de la impugnación, sí se aprecien "razones de urgencia para adoptar la medida solicitada por el Gobierno, en atención a las alegaciones formuladas por este en el fundamento de la solicitud".

El TC se justifica: actuó por la "urgencia excepcional" de la investidura de Puigdemont

A lo largo de 12 páginas en las que el tono es predominantemente técnico, los magistrados —con la excepción de Ollero, ausente por una enfermedad— entienden que el tribunal puede decidir la suspensión de los actos o disposiciones recurridas antes de acordar la admisión a trámite de la impugnación para evitar que, mientras se toma esta decisión, "la eficacia de los actos impugnados cause los daños que el Gobierno a través de la suspensión pretende evitar", en este caso que no se impida la investidura a distancia y haya un candidato a 'president' fugado.

Es decir, en este caso, concurren "razones de urgencia excepcional" que obligan a habilitar la medida cautelar tras la ponderación de los distintos intereses en conflicto. Los daños, en caso contrario, son "de imposible o difícil reparación", agrega.

El Constitucional explica, además, que cree pertinente "evacuar un trámite de audiencia" al propio Puigdemont y los diputados del Parlamento de Cataluña antes de decidir sobre la admisión o rechazo de la reclamación del Gobierno que, recordemos, no ha sido aún atendida y que ha quedado superada por la medida cautelar dictada el sábado. Los magistrados precisan que quieren contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión. "No cabe descartar que la decisión que se adopte cuando se resuelva esta impugnación pueda incidir en los derechos o intereses legítimos de los diputados", dice.

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