ERC propone controlar Ascó y Vandellós tras la consulta soberanista

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido que apoya al Gobierno convergente de Artur Mas, quiere el control de las centrales nucleares que hay en esta comunidad. La medida, según el borrador de la ponencia que representará en la Conferencia Nacional por la República Catalana que el partido celebra el próximo julio, se tomaría tras el referéndum independentista que los nacionalistas quieren convocar el año próximo. Tanto ERC como CiU dan ya por supuesto que los ciudadanos de Cataluña votarán a favor de la secesión y afilan armas para comenzar a tomar medidas “de Estado” el día después.

Así, el texto de la ponencia que Esquerra quiere llevar ante sus bases señala: “Será necesario tomar el control de la seguridad de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, crear el germen de un organismo nacional de seguridad nuclear y reclamar al Estado español la parte correspondiente del fondo para el desmantelamiento y almacenaje de residuos que ahora controla Enresa”.

Lo cierto, sin embargo, es que la vida de estas dos centrales tiene fecha de caducidad. En realidad, este año habría de empezar un proceso de desmantelamiento, pero finalmente se pospuso su cierre hasta mediados de la próxima década, cuando cumplan 40 años de actividad. De ahí que los republicanos señalen en su ponencia que “las perspectivas nucleares globales aconsejan seguir los pasos de Alemania o Japón y considerar el escenario de un cierre controlado del parque nuclear catalán con la correspondiente sustitución de esta fuente energética por otras con más futuro y menos inconvenientes medioambientales. En todo caso, hemos de hacernos cargo de los residuos radioactivos generados por estas centrales, bien negociando su traslado, bien eligiendo la ubicación de un depósito geológico permanente”.

Esquerra propone también negociar con el Gobierno español “la asunción de parte del déficit de tarifa a cambio de recuperar también aquella parte de las primas a las energías renovables que hemos pagado los catalanes, pero que se han invertido en territorios españoles”.

El abastecimiento energético preocupa en gran medida a Esquerra. El sistema energético troncal, dice la ponencia, “está operado físicamente por tres entidades responsables del transporte energético en la Península: Red Eléctrica de España, que opera en el sistema eléctrico; Enagas, el gas natural; y la Compañía Logística de Hidrocarburos para los productos petrolíferos”. Aunque señala que no se prevén “problemas de suministro”, Esquerra aboga por que, "como primeras actuaciones en el proceso de independencia, el Estado catalán habrá de crear las instituciones reguladoras correspondientes (Comisión Nacional de Energía o similar) para fijar una normativa propia que regule el sector energético y para negociar la propiedad y la gestión de los activos de transporte en territorio catalán”. Apuesta, en este sentido, por negociar el mantenimiento de personal técnico cualificado en los centros operativos de gestión y subraya que “posiblemente nos convenga continuar formando parte del MIBEL, que es el regulador del sistema eléctrico de la Península Ibérica”.

Exigencias a las operadoras 

Además, “a las empresas suministradoras de electricidad, gas y gasolina se les exigirá la creación de subsidiarias catalanas con un CIF del nuevo Estado, con el que habrán de liquidar sus impuestos y otros gravámenes. Es preciso destacar el impuesto especial sobre los hidrocarburos, que puede suponer hasta un 40% del precio final. Se ha de procurar que a corto plazo, y en tanto no haya una normativa propia, se mantengan precios equiparables a los anteriores para que los consumidores no puedan atribuir un incremento de precios al proceso independentista”.

Esquerra también considera que los servicios de telecomunicaciones son prioritarios y es preciso asegurar que funcionen bien, "porque la población interpretaría como una indicación de fracaso del proceso independentista la interrupción o el mal funcionamiento del servicio”. A las operadoras se les exigirá sólo “que constituyan una filial con CIF catalán para continuar operando con toda normalidad”. Pero, en un primer momento, las propias operadoras (y cita a Telefónica, Vodafone, Orange y ONO) deberán asegurar sus redes ante posibles ciberataques o interferencias radioeléctricas hasta que la Generalitat no disponga de una unidad policial especializada. Esa tarea será reconocida como “una obligación de calidad del servicio”.

“En conclusión –añade el texto-, no se prevén dificultades insuperables en el caso de las comunicaciones electrónicas, si bien la cuestión es más compleja en el caso del espectro en manos de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de los militares españoles, así como las radiocomunicaciones aeronáuticas, que será preciso considerar en relación a todos los aspectos de la seguridad nacional”. Para ello, el nuevo Estado catalán tomará el control del “dominio espectral”.

El control del agua

Al ser el control de las fuentes energéticas un factor clave en la constitución de un nuevo Estado, los republicanos proponen también gestionar toda la política del agua a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA). La ACA, según el texto republicano, “podría tomar el control total sobre los recursos hídricos al día siguiente de la independencia. De hecho, actualmente ya ejerce este papel de autoridad con competencias exclusivas en el ámbito de la gestión y la planificación, aunque esta planificación ha de ser aprobada finalmente por el Gobierno español mediante el Consejo Nacional del Agua”. 

Lo malo es que la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que gestiona el grueso del agua catalana, fue vendida deprisa y corriendo por el Gobierno de CiU el pasado mes de noviembre, precisamente cuando ese Gobierno estaba en interinidad. ATLL fue comprada por un holding liderado por Acciona que pagó a la Generalitat 1.000 millones de euros, gracias a los cuales Artur Mas pudo cuadrar los números de su Gobierno en el ejercicio pasado. La compañía Agbar interpuso varios recursos y tanto otro organismo de la Generalitat como los tribunales le han dado la razón, por lo que la titularidad de la ATLL está, actualmente, en entredicho. De ahí que la ponencia de ERC señale que “habría que analizar a fondo si esta participación privada en la gestión del agua puede generar algún problema de suministro (o de calidad) al día siguiente de la independencia. A priori, no lo parece, porque el sector privado querrá continuar teniendo ingresos, pero no podemos descartar que las empresas de obediencia española (como podría ser el caso de ATLL) puedan tener presiones que generen dificultades. En este sentido, recuperar la plena gestión pública del agua eliminaría incertidumbres durante la transición”.

En otro de los puntos de la ponencia, señala que “la reciente privatización de ATLL, fruto del ahogo económico a que está sometida Cataluña, ha puesto en manos de un grupo empresarial español la red básica de abastecimiento en alta del sistema Ter-Llobregat. Será preciso proponer la recuperación de la gestión pública de este sistema”.

Respecto al control de los recursos hídricos, Esquerra asegura que, tras el referéndum, Cataluña pasará a tener plenas competencias en la política del agua y la planificación hidráulica y se ha de coordinar “con el Estado español en relación a la gestión del Ebro, el Xènia y el Noguera Ribagorçana y con el Estado francés en relación a la cuenca del Segre y del Garona”. Y eso, porque “Cataluña dejará de estar sometida a las leyes del Estado español y, por tanto, habrá de tramitar en el Parlament un nuevo marco legal en materia de agua aplicable a todo su territorio”. Lo que pretende es alcanzar acuerdos con España de corte similar al Convenio de Albufeira, por el que se repartió con Portugal la gestión de las cuencas del Duero y del Tajo.

Los recelos hacia el Estado español en el texto de ERC son continuos. En otro de sus apartados, la ponencia señala que “existe la posibilidad de que el Gobierno español decidiese reducir mucho el caudal del Ebro en verano para dificultar el abastecimiento de agua a los cultivos, lo que tendría efectos notables sobre el ecosistema”. Esta reducción se haría mediante el embalse de Mequinenza, ubicado en Aragón, que es el que libera agua para generar energía hidroeléctrica.

Lo que sí tiene claro ERC, sin embargo, es que “la ampliación del programa de medidas y de los programas de control y seguimiento en las cuencas del Ebro implicará una ampliación de las actuaciones necesarias y, por tanto, un posible incremento tanto de costes del servicio y de gestión del ciclo del agua como un mayor volumen de recursos a gestionar”.