La Generalitat gastó 93.000 euros en buscar cuatro pisos para jóvenes

También fueron descubiertas diversas irregularidades más. Como, por ejemplo, que el mismo día y con el mismo adjudicatario (Fundación Sociocultural Atlas) se contrató “la dinamización de tres casales cívicos de forma separada, por 29.750 euros cada uno”. En total, pues, 89.250 euros que habían de sacarse a concurso por lotes. Y más: los servicios operativos de vigilancia por 490.768,54 euros se partieron en siete expedientes, de los que cinco tuvieron que ir a concurso y dos se adjudicaron por un procedimiento negociado.

El informe es prolijo: “La consejería adjudicó el servicio de limpieza de diferentes centros y establecimientos por importe de 2.885.606,01 euros y tramitó 21 expedientes de contratación, de los que siete fueron adjudicados mediante procedimiento negociado porque no superaban el límite de 30.050.61 euros y el resto, mediante concurso”. Y es extraordinariamente duro en este punto, porque asegura que este fraccionamiento “tuvo el efecto de eludir la publicidad comunitaria exigida por la directiva 2004/18/CE [es decir, de la Comunidad Europea] del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo del 2004”. A este respecto, cabe subrayar que los concursos superiores a los 603.000 euros han de publicarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea, requisito que evitó la consejería de Acción Social con el fraccionamiento de los expedientes.

En su descargo, la consejería admite algunas de estas irregularidades y justifica el precio pagado por la búsqueda de piso a jóvenes que “corresponde a la puesta en marcha de un proyecto experimental de intermediación”. También justifica el hecho de partir los grandes contratos porque “la aplicación informática de contratos no permite hacer lotes”. Y aclara que “posteriormente, se tramitó un procedimiento de contratación mediante lotes utilizando una aplicación informática de contratos, con el resultado de un expediente muy artesanal, con muchos documentos ad hoc, número de expedientes forzados que la máqiuna no daba, y multiplicar de manera manual la introducción de datos de todos y cada uno de los expedientes que derivan de los lotes”.

En dos expedientes, los fiscalizadores encontraron también criterios de adjudicación sospechosos. Por ejemplo, para la adjudicación del contrato “para la elaboración y redacción del plan estratégico de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Cataluña a la empresa Estratègies de Qualitat Urbana SA por 60.000 euros, la Generalitat valoraba los medios materiales y los recursos humanos. Estos criterios también fueron tenidos en cuenta en un contrato de 410.424,85 euros a la compañía Adocat SA para el “depósito, custodia, revisión de datos, tría y consulta de documentación administrativa del Departamento de Acción Social y Ciudadanía”. En este caso, además, se tenía en cuenta que la empresa tuviese la certificación ISO 9001 (normativa de calidad), que dispusiese de un servicio de riesgos laborales y que fuese una empresa clasificada. Normalmente, los criterios que se apartan de las generalidades suelen limitar las ofertas y favorecen a determinadas empresas que optan al contrato.

El primero de los contratos, a pesar de su monto, no fue adjudicado por concurso, sino “negociado sin publicidad”. El Departamento reconoce que “se convidó a un único licitador”, cosa que permite la ley, y que, como la oferta presentada se ajustaba a las prescripciones técnicas, se consideró adecuada la adjudicación. En cuanto al segundo contrato, “se valoró el hecho de disponer de la ISO por entender que se refería a la ISO del producto y considerar de interés para el objeto del contrato conocer cómo se organizaba la empresa para la obtención de aquel producto y apreciar la eficiencia en sus circuitos”.