48 horas de bronca y un acuerdo en 2 minutos: Ribera y Moreno salvan la paz de Doñana

Cuando estalló la polémica que puso en riesgo el acuerdo de Doñana, en San Telmo aseguraron que serían capaces de ponerse de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica "en dos minutos". Y así ha sido, según cuentan fuentes conocedoras de la reunión que han mantenido este miércoles el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. El precio de un pacto tan veloz es sencillo. El Gobierno andaluz ha tenido que rectificar un texto aprobado hace apenas dos semanas después del que el Ejecutivo central temiese que un precepto del decreto de simplificación podría acabar en la regularización de tierras en el entorno de Doñana que ya no estaban dedicadas al regadío.

El artículo 242 del citado texto recogía unos párrafos calcados de la ley de ordenación de los regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana, la polémica ley que provocó un conflicto entre San Telmo y Moncloa que tuvo ecos sonoros en Bruselas. Se trataba de una reforma de la ley forestal andaluza que establecía que las superficies donde se hubieran plantado especies forestales, pero que tienen un pasado de uso agrícola, podrían revertir al uso original si así lo plantea el propietario. El requisito es que fueran especies forestales de "turno corto", que son los chopos y los eucaliptos. Sí quedaban excluidas las reversiones a uso agrícola que se hayan producido antes de la entrada en vigor de la norma, algo que ha ocurrido este mismo lunes tras su publicación en el BOJA el pasado viernes.

En el PSOE explican que desde el lunes ya se han registrado peticiones de cambios de uso al calor de esta norma, pero quedarán rechazadas después del acuerdo entre Fernández-Pacheco y Morán. El acuerdo incluye una redacción más restrictiva de la norma, pero también la entrada en vigor de la reforma el 17 de febrero, que es cuando se hizo efectivo el decreto que se ha convalidado este miércoles en el Parlamento regional. Los socialistas han vendido como una victoria esta modificación, "una rectificación en toda regla", en palabras de Juan Espadas, líder autonómico del PSOE que fue quien denunció el lunes que el citado decreto suponía "colar por la puerta de atrás" la reforma de los regadíos de Doñana que puso contra las cuerdas a Juanma Moreno.

Teresa Ribera mandó parar el acuerdo firmado en noviembre, que supuso el final a cambio de una guerra de dos años, y que acabó con 300 millones para los agricultores y municipios del entorno de Doñana con el objetivo de reducir la presión sobre las aguas subterráneas que nutren el humedal andaluz. En la Junta tenían claro que había que llegar a un acuerdo, sobre todo después de la apuesta por la vía pactista, como demuestra la reunión que tendrán este jueves la ministra de Transición Ecológica y el presidente de la Junta en San Telmo. En el orden del día estará la sequía, pero también este breve conflicto nutrido por la desconfianza que hay entre ambas partes.

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Carlos Rocha. Sevilla

El acuerdo exprés firmado entre las dos administraciones se produjo mientras se debatía en el Parlamento el citado decreto de simplificación. Es la medida estrella de la Junta en esta legislatura y supone el cambio de 178 normas entre leyes, decretos y órdenes. Y ha sido convalidada en la Cámara regional con el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La oposición de izquierdas critica que la Junta utiliza la fórmula del decreto para aprobar medidas que no son urgentes y que no están estrictamente relacionadas con la simplificación administrativa.

Tanto Por Andalucía como el PSOE han anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para recurrir el decreto. Para ello es necesario que 50 senadores o 50 diputados lleven el texto al Alto Tribunal o que sea el Gobierno central quien recurra la norma por invasión de competencias. Fuentes socialistas explican que están estudiando la vía a utilizar. Hay que recordar que el primer decreto de simplificación, aprobado en 2020, ya fue recurrido por el Ejecutivo central, lo que provocó la paralización de la entrada en vigor de los artículos afectados.