La paz de Doñana se rompe y Andalucía y el Gobierno vuelven a chocar por los regadíos

La concordia de Doñana se rompe. El Gobierno central y la Junta de Andalucía vuelven a chocar tres meses después del acuerdo firmado en noviembre que sirvió para cerrar, en teoría, una guerra que ya duraba dos años. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha asegurado este lunes en una comparecencia en Madrid ha puesto en suspenso la entente,a expensas de la reunión que tiene con Juanma Moreno este jueves 22 de febrero para abordar la sequía. El motivo es una nueva pugna sobre los regadíos después de que el PSOE andaluz haya denunciado que un nuevo decreto del Ejecutivo autonómico recoge parte de la ley que provocó el choque inicial y que abría la puerta a la legalización de cultivos en el entorno del parque natural.

Ribera ha explicado que en la tarde de este lunes se comunicaría con el presidente andaluz para suspender el encuentro hasta que su departamento haya analizado la norma que se aprobó en el Consejo de Gobierno andaluz del pasado día 6 de febrero y que el Parlamento autonómico aprobará este miércoles. Los socialistas han denunciado que el texto, que incluye la reforma de hasta 178 normas, recoge una revisión de la Ley Forestal de Andalucía que permite la conversión en suelo agrario de suelos que hayan sido dedicados al cultivo forestal en los últimos años. Esta reforma estaba en la ley de ordenación de los cultivos de la corona norte de Doñana que no llegó a aprobarse después del acuerdo alcanzado por Moreno y Ribera a finales del pasado año.

A mediodía de este lunes, el Gobierno andaluz todavía no tenía constancia de la suspensión de la reunión, explican desde la Consejería de Presidencia. El propio Antonio Sanz, titular del departamento, se ha comunicado con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente para intentar encarrilar la polémica. En el Gobierno andaluz rechazan que el fragmento del decreto de simplificación que se ha calcado de la ley de regadíos de Doñana se traduzca en una suerte de amnistía a regantes de la zona del humedal y aseguran que el Ministerio de Transición Ecológica estaba al tanto de la reforma. "Se ha tratado con ellos en diversas reuniones", zanjan después de que la ministra haya dicho que la modificación que denuncia el PSOE andaluz le llega "por sorpresa" y no descarta que sea "un malentendido".

El artículo 242 del decreto de simplificación establece que las superficies donde se hubieran plantado especies forestales, pero que tienen un pasado de uso agrícola, podrían revertir al uso original si así lo plantea el propietario. El requisito es que sean especies forestales de "turno corto", que son los chopos y los eucaliptos. Sí quedan excluidas las reversiones a uso agrícola que se hayan producido antes de la entrada en vigor de la norma, algo que ha ocurrido este mismo lunes tras su publicación en el BOJA el pasado viernes.

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Según la Junta, el citado artículo es una adaptación de la ley forestal andaluza a la estatal, que ya permite esa reversión. "En ningún momento se habla de regadíos ni de Doñana", añaden desde San Telmo a pesar de que la redacción es idéntica a la del texto que sí aludía a las comarcas del entorno del humedal onubense. El cambio de uso "no quiere decir en absoluto" que esas parcelas pasen a tener derechos de agua si no los tenían. En la Junta explican además que no es una "medida de aplicación automática", es decir, que debe ser solicitada por el agricultor y "analizada caso a caso".

"Tardaremos dos minutos en ponernos de acuerdo", añaden en el Gobierno andaluz en una nueva oferta de diálogo a Teresa Ribera. Estaba previsto que Moreno y Ribera se vieran este jueves en San Telmo para abordar las obras relacionadas con la sequía en busca de una unidad de acción para paliar la escasez de agua. Es llamativo que el presidente de la Junta haya apelado en más de una ocasión a ese acuerdo de Doñana para buscar nuevos pactos con el Ejecutivo central, lejos de la guerra del agua en la que están embarcados otros dirigentes territoriales.

Junta y Gobierno enterraron el hacha de guerra por Doñana el pasado noviembre después de dos años de choques por la norma impulsada por PP y Vox y que pretendía regularizar terreno en el entorno del parque, algo que el Ejecutivo central rechazó de plano. El acuerdo llegó tras comprometerse Ribera a invertir hasta 300 millones para que los agricultores de la zona cambiasen precisamente el uso de sus tierras para desechar el regadío en las comarcas que se nutren todavía del acuífero que hay bajo el humedal.