Una paz de 1.400 millones: la Junta y el Gobierno cierran la pelea por Doñana

La Junta de Andalucía y el Gobierno central invertirán 1.400 millones de euros en el entorno del Parque Natural de Doñana para promover una alternativa al cultivo de fresas y reducir las captaciones de agua. Así lo han anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quienes han acordado la retirada definitiva de la ley para ampliar regadíos y un nuevo paquete de inversiones en el entorno del Parque Natural. Ambos han enterrado el hacha de guerra durante una visita al parque natural, donde se ha sellado el primer gran pacto del nuevo Ejecutivo de Sánchez con una comunidad gobernada por el PP tras el último ciclo electoral.

La fotografía entre Ribera y Moreno permite poner fin a dos años de conflicto. El presidente andaluz, que ha celebrado el "diálogo" con el Gobierno central, ha anunciado que la Junta invertirá otros 700 millones en la zona, una cantidad que permite doblar la apuesta inicial del ministerio. De ese paquete, casi la mitad irá a parar a obras hidráulicas y 251 millones para la modernización de cultivos, aunque algunos proyectos como la compra de terrenos de Veta la Palma ya se habían anunciado. El acuerdo entre administraciones incluye varias medidas para promover alternativas al cultivo de berries y subvencionar el cierre de regadíos en la zona.

En este sentido, habrá tres ayudas a las que podrán acogerse los regantes del entorno de Doñana. La primera de ellas conllevará un compromiso de renaturalización de los terrenos por parte de los agricultores, que deberán abandonar el cultivo de fresas durante los próximos 10 años para convertirlo en espacio forestal y cobrar, a cambio, una importante suma de dinero. Esta partida, la más ambiciosa, contempla el pago de 100.000 euros por hectárea para los regantes renuncien a cultivar durante los próximos años. Hasta un 70% del dinero será aportado por el gobierno central y la subvención será complementada por la Junta y la Diputación.

También habrá ayudas para la reconversión de regadíos en cultivos de secano o ecológicos, aunque el pago será inferior en esos casos. De los 1.400 millones se beneficiarán no solo los cinco pueblos de la Corona Norte, la comarca beneficiada inicialmente por la ley de regadíos. También otros 14 municipios del área de influencia del parque natural, que incluso alcanzará a Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, y otros pueblos de la provincia de Sevilla. Todos los regantes de estos municipios podrían acogerse a las ayudas.

El protocolo supone la suspensión definitiva de la ley de regadíos presentada por PP y Vox en el Parlamento andaluz. Con esta propuesta se pretendían regularizar unas 700 hectáreas de la Corona Norte, comarca del entorno de Doñana, que se habían quedado fuera de la reordenación del territorio en 2014. Una ampliación de cultivos intensivos que puso en pie de guerra a los ecologistas y que el Gobierno central iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Algunos de los agricultores beneficiados contaban con sanciones por extraer agua ilegalmente tras mantener durante años sus cultivos de regadío sin permiso.

El acuerdo llega casi dos meses después de la tregua firmada en el Palacio de San Telmo, tras una llamada de la ministra al presidente para desbloquear la situación. Desde entonces, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han encapsulado la negociación, evitando interferencias en semanas de una gran tensión política por la amnistía y la investidura de Pedro Sánchez.

Voluntad de acuerdo

Ambas administraciones tenían voluntad de acuerdo, como no había ocurrido en los dos años anteriores. Moreno ordenó paralizar la polémica ley de regularización de regadíos y Ribera puso sobre la mesa 350 millones más para actuaciones en el entorno del parque, con las que ha sido mucho más fácil diseñar un proyecto alternativo a la ampliación de regadíos en el entorno del Condado. Tras ese compromiso, la inversión de la Junta permite doblar la inversión y alcanzar una lluvia de millones para contentar a todos.

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Tras escuchar a los actores implicados, se constituyó una mesa política y otra técnica para diseñar un proyecto común. En esta ocasión no han trascendido los puntos de desencuentro entre la Junta y el Gobierno central, aunque los ha habido. “Si radiamos la negociación, sabemos que no va a funcionar”, defendían los miembros más activos en la negociación.

El principal obstáculo ha sido el visto bueno de los agricultores afectados, quienes incluso han pedido reactivar la tramitación de la norma. De hecho, los últimos detalles del acuerdo para subvencionar la reconversión se han cerrado a última hora. En las últimas semanas, los pactos con los independentistas y la tensión política a nivel nacional tensaron la cuerda sin llegar a romperla, con un intercambio de reproches en público tras semanas de negociación. “No hay oferta que convenza a los agricultores y veremos a ver si al final hay acuerdo”, trasladaban fuentes del entorno de Moreno el día que Sánchez era investido presidente.

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Con el acuerdo, España podrá acudir a la cumbre del clima que empieza esta semana en Dubái con un gran consenso para proteger el Parque Natural de Doñana. “El mundo nos mira”, había defendido Ribera tras firmar la tregua con Moreno. Más allá del conflicto político, el mayor humedal de Europa pasa por el peor momento de las últimas décadas. La influencia del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o la sobreexplotación del acuífero amenazan el futuro del enclave, hasta el punto de que la Unesco ha amenazado con incluirla en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si no se revierte la situación a corto plazo.

Con este ambicioso acuerdo, se reducirán las captaciones del parque tras cerrar un documento en el que "todos ganan". La realidad es que incluso los agricultores necesitaban una salida, después de que los eecos de la ley de regadíos provocaran campañas de boicot en Europa y el sector de la fresa se sentía amenazado. El acuerdo incluye fondos para la promoción de los berries, cuyos productores deberán trasladar una imagen de sostenibilidad y respeto al parque en una sociedad cada vez más concienciada con el cambio climático.