El campo andaluz mostrará su "ruina" a los ministros europeos reunidos en Córdoba

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiso tener un gesto con su tierra, Córdoba, y consiguió que la cumbre de ministros europeos del ramo se celebre en la ciudad andaluza, con motivo de la Presidencia española de la UE este semestre. El encuentro, para el que ya han confirmado su asistencia los representantes de los 27 países, se celebra desde este domingo hasta el próximo martes en un clima informal y en el que no se prevé que se tomen grandes decisiones. El campo andaluz, sin embargo, sí expondrá ante los representantes europeos la "ruina" del sector.

El gesto de Planas no ha servido para calmar el estado de indignación del sector agrícola y ganadero andaluz. A los graves problemas por el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de sus explotaciones, la competencia desleal de terceros países y la sequía extrema, se suman ahora amenazas como las nuevas políticas "verdes" sobre fitosanitarios, que pueden poner en jaque al sector especialmente en los países del sur.

El gesto del representante del Gobierno central con Córdoba no ha servido para calmar el estado de indignación del sector agrícola y ganadero

Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA y las Cooperativas Agroalimentarias han convocado conjuntamente una manifestación el martes en Córdoba para realizar una "enmienda a la totalidad" sobre el rumbo de la política europea en materia agraria y para "exigir soluciones coherentes en materia de cambio climático y seguridad alimentaria". El campo andaluz aprovechará la celebración de la reunión, que contará con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para concentrarse a las 11 de la mañana en el Puente romano, muy cerca del punto de la reunión.

Los agricultores andaluces aseguran que la actual situación "pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española", con más de un tercio de la producción final agraria y del 50% del empleo agrario nacional. Además, recuerdan que el nuevo reparto de la PAC supondrá un recorte de unos 500 millones de euros para esta comunidad.

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Las organizaciones convocantes recuerdan que el sector agroalimentario andaluz acumula dos años de estrechos márgenes como consecuencia del encarecimiento de los inputs, que se ha visto agravado por la guerra en Ucrania. El incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros, provocó un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat. Aunque este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores y ganaderos continúan trabajando en una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus explotaciones.

Por otro lado, la sequía persistente desde el año 2017 está provocando una caída de la productividad del campo andaluz "ante la ausencia de una política hidrológica adecuada a la situación climática".

El campo andaluz pide a los ministros europeos de Agricultura un trato igualitario para producciones europeas y de terceros países

La pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es especialmente preocupante en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% —al pasar de los 1.151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023—. O en sectores como el de los cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.

En este contexto, mientras el sector productor busca la fórmula para mantener la rentabilidad de sus explotaciones, agricultores y ganaderos aseguran que "asisten indefensos a una entrada indiscriminada de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales más laxas a las que están sujetos los productores europeos". Una llegada de productos que viene, además, acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios.

Por ello, el campo andaluz pide a los ministros europeos de Agricultura un trato igualitario para producciones europeas y de terceros países. En concreto, demanda a los representantes que sean coherentes con sus normas del juego e intensifiquen los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos producidos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están sometidos agricultores y ganaderos comunitarios, requisitos que, sin embargo, son totalmente etéreos en un mercado globalizado, señalan las organizaciones convocantes.

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Asimismo, recuerdan que la inestabilidad en la que se encuentra el sector agroalimentario andaluz se ve agravada con el nuevo marco normativo de la Política Agraria Común (PAC), forzando un proceso de desestructuración para el que el sistema agrícola no está preparado. Así, las teorías verdes de la De la granja a la mesa o la reducción de fitosanitarios y materias activas priman sobre los criterios productivos. Se trata de unas políticas que se aprobaron a espaldas de la principal región productora del territorio español, restando, de esta forma, recursos económicos al campo andaluz, e incrementando la burocracia —en contra de las demandas del sector—, lo que ha supuesto un mayor coste económico y emocional para agricultores y ganaderos.

Ante esta realidad, las organizaciones agrarias y las cooperativas lamentan también que la ausencia de una política hidrológica nacional con criterios técnicos y dotada de presupuesto suficiente para modernizar la red de suministro ponga en jaque un sector que aporta cerca del 10% del Producto Interior Bruto del país.