"No queremos ayudas, queremos pescar": el temor de la flota española por la ruptura con Rabat

El 17 de julio, las playas de la costa de Cádiz estarán a reventar. El Palmar, Zahara, Tarifa, Los Caños o Bolonia son nombres que resuenan en los planes de vacaciones de media España. Barbate no tiene ese renombre, pero sí tiene un puerto pesquero señero donde llegan el atún que luego se comen en los chiringuitos de las playas vecinas a precio de oro. Pero no solo llegan atunes a Barbate. También llegan boquerones y sardinas. Y algunos vienen de las aguas marroquíes y saharauis, donde los barcos españoles (y de la UE) pescan gracias a un acuerdo entre Bruselas y Rabat que expira el 17 de julio y cuyo final tiene en alerta a los 98 barcos españoles que tienen luz verde para faenar al otro lado del Estrecho gracias a esa entente.

No se trata de la primera ocasión en la que el final del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos pone en riesgo al sector en puertos canarios, andaluces y gallegos. Cuando en 2013 se firmó el actual acuerdo, el caladero marroquí llevaba año y medio clausurado para los barcos europeos. Lo sabe bien Tomás Pacheco, presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros y dueño de una embarcación que ha faenado en aguas del país vecino en las últimas dos décadas. "Es una alternativa al caladero del Golfo de Cádiz", explica el barbateño, que cuenta que son 22 los barcos de la localidad gaditana que pueden trabajar en las aguas que forman parte del acuerdo, aunque en las últimas fechas han estado acudiendo entre 7 y 8.

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Europa Press

El 17 de julio tendrán que volver casi con total seguridad si se tiene en cuenta que Bruselas no está negociando ahora mismo una prórroga o la firma de un nuevo pacto sobre pesca con Rabat. Esto es así porque el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el acuerdo aprobado en 2019 era ilegal porque incluía a las aguas del Sáhara Occidental. Y según la justicia comunitaria, Marruecos no tiene potestad sobre la antigua colonia española. La Comisión y los estados miembros recurrieron la decisión, pero la resolución no se espera hasta principios del año que viene. "Si sale en línea con el TJUE, nos podemos olvidar", reconoce Javier Garat, secretario general de Cepesca, la Confederación Española de Pesca, y Europêche, patronal europea del ramo.

Este sanluqueño dibuja un panorama incierto. "Habrá quien pueda seguir pescando en el Golfo de Cádiz", aventura. Una posibilidad que corrobora el barbateño Tomás Pacheco, que cifra en 350 el número de trabajadores que pueden verse afectados solo en su localidad. La solución intermedia pasa por activar una serie de ayudas por paralización temporal de la actividad, que según explica Garat deben salir del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. El propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha reclamado una prórroga del acuerdo que, de momento, parece muy lejana.

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En esa idea abunda el eurodiputado del PP Gabriel Mato, responsable de pesca en su partido, que detalla que las ayudas solo se pueden dar si se considera que el acuerdo se ha roto por fuerza mayor. "Nosotros entendemos que ha sido así", explica el dirigente popular, que defiende que la imposibilidad de ampliar el acuerdo por la sentencia del TJUE se encuentra dentro de esa casuística. Y en caso de que no sea así, reclama al Gobierno central que "no sea cicatero" y active mecanismos de apoyo a los pescadores.

"No queremos ayudas, lo que queremos es pescar", apunta Pacheco este pescador admite que "si vienen, serán bienvenidas dadas las malas condiciones y los cargos que acarreamos". Se refiere a la consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el efecto que provocó en la subida del gasoil con el que se mueven los barcos. Javier Garat añade un recuerdo más lejano, los dos años de pandemia en los que no se pudo pescar en la zona. Pero ahora, "con el combustible más bajo, los pesqueros españoles estaban volviendo a utilizarlo", añade el jefe de Cepesca.

"Siempre es necesario, mientras más posibilidades hay de pescar, más opciones hay", defiende Garat que añade un matiz relevante. A pesar de que España tiene la mayoría de licencias —93 de 138— la mayor parte de las capturas las hacen grandes pesqueros neerlandeses y polacos en busca de anchoas y arenques. En el caso español, el reparto es de 22 cerqueros, 25 palangreros de fondo de pesca artesanal en el norte; y 10 barcos de pesca artesanal, 12 de pesca demersal y 23 cañeros atuneros en el sur. Los productos, además del boquerón y la sardina que pescan los gaditanos, también incluyen la merluza y la palometa.

La contrapartida para Rabat de estos permisos consiste en unos ingresos de 50 millones de euros. "Es el pacto que más dinero les reporta”, desvela Javier Garat, que detalla que los fondos van para mejorar infraestructuras portuarias y formación, entre otros fines. Pero el presidente de Cepesca apunta a lo simbólico. "Es un país vecino, nuestra frontera con África y Estratégico en la lucha contra el terrorismo… no sé hasta qué punto este tipo de cuestiones se pueden ver afectadas por la ausencia de acuerdo", zanja.

Gabriel Mato (PP) defiende que el comisario europeo de Pesca no puede ser el mismo que el de Medio Ambiente, como ocurre ahora

"Los pescadores también son vulnerables y necesitan protección", afirma Gabriel Mato, que es crítico con determinadas decisiones del comisario europeo del ramo, que además de la competencia en materia de pesca, también tiene la de medio ambiente. El responsable de esta cartera es Virginijus Sinkevicius, el mismo que tiene en jaque a la Junta de Andalucía por la ley de regadíos del entorno de Doñana. Y la apuesta de Mato es que en el próximo colegio de comisarios sus competencias pasen a estar en agricultura para evitar "dictados contra el sector pesquero" después de que en momentos como la pandemia los pescadores se esforzaran en seguir llevando pescado a las lonjas.