El CSIC crítica la falta de opiniones técnicas en la ley de regadíos de Doñana

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, ha asegurado este jueves que la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana adolece de una "opinión técnica" desde el principio, no ahora en su tramitación parlamentaria.

En declaraciones a EFE, Revilla ha indicado que "no hay mucho que valorar" en relación con que este organismo se haya quedado fuera de los comparecientes en dicha tramitación: "Habría que preguntarle a la Comisión del Parlamento el motivo por el cual no quieren tener una opinión técnica con respecto al posible efecto que puede tener esa proposición de ley sobre la conservación de Doñana".

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Sin embargo, más allá de esta exclusión y en este punto, cree que en esta cuestión "hubiera sido necesario un planteamiento de origen Ejecutivo no legislativo; cualquier modificación de la planificación territorial se realiza en base a informes técnicos previos".

"No sabemos la superficie, ni de qué zonas están discutiendo, no sabemos si hay agua disponible de superficie para poder cubrir lo que se está planteando, no sabemos si es legal o no; hay un montón de dudas que existen precisamente porque no se ha hecho esta tramitación previa técnico-administrativa que en cualquier proceso de planificación territorial hay que hacer, algo que ya lo han dicho también los propios abogados del Parlamento", ha abundado.

Revilla ha considerado que la proposición de ley "vuelve aún más complejo un problema que ya es suficientemente complicado, genera una demanda consolidada de agua que no se puede cubrir con el acuífero en su estado actual, lo cual lo vuelve aún más complicado".

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"Llevamos muchos años esperando que el estado del acuífero se mejore; la legislación vigente, que es el problema principal que tenemos en Doñana, no se cumple, tenemos sentencias del Tribunal Superior de Andalucía y del Tribunal Europeo de Justicia pidiendo que se cumpla la ley, pero seguimos en las mismas, en consolidar un aumento de la demanda que ahora mismo, y desde hace años, está extrayendo del acuífero de manera ilegal", ha explicado.

En su opinión, "existen dudas sobre la legalidad del cambio que se pretende hacer y, en vez de aplicar la legislación vigente y hacer uso de las competencias que tiene cada administración para intentar mejorar la situación de Doñana, pues lo que hacemos es utilizar Doñana como un elemento en la discusión política para seguir hacia adelante sin hacer nada por solventar el problema".