Entra en prisión el otro alto cargo de los ERE con cáncer; José Antonio Griñán sigue a la espera

José Antonio Griñán es ya el único condenado por el caso de los ERE que no ha entrado en prisión tras la ejecutoria de la Audiencia de Sevilla. Esto es así porque el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha ingresado en una cárcel de Cádiz tras ordenarlo la Audiencia la semana previa a Semana Santa. Hay que tener en cuenta que Barberá, como el expresidente de la Junta, padece un cáncer y había solicitado la suspensión de su pena para tratarse fuera de prisión. Pero el tribunal sevillano rechazó la solicitud.

La defensa de Barberá pidió amparo en virtud del artículo 80.4 del Código Penal, que otorga a los jueces la potestad de suspender una pena de cárcel en caso de enfermedad incurable. La situación del exviceconsejero es conocida desde hace tiempo, a diferencia de la de Griñán. Al exlíder del PSOE andaluz se le diagnosticó el cáncer a principios de diciembre, justo cuando la Audiencia ordenó su ingreso en prisión junto con el resto de los ex altos cargos condenados por la pieza política del caso ERE. Esa diferencia ha sido clave para la decisión del tribunal que ha acelerado la entrada de Barberá en la cárcel Puerto III para cumplir su pena de siete años por los delitos de malversación y prevaricación.

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Carlos Rocha. Sevilla

Hay otros seis políticos que están en prisión desde finales de diciembre y principios de enero. La primera en ingresar fue Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, que está en la cárcel de Alcalá de Guadaíra. Luego se produjo el goteo de entradas, con los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández en Huelva y en Puerto III; y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Empleo Jesús Rodríguez y el exdirector de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ingresaron en Sevilla I.

La situación de Griñán difiere de la de Barberá por el reciente diagnóstico de su cáncer de próstata y lo incipiente de su tratamiento. Así lo defendió la forense María Ángeles Dichas en el informe del Instituto de Medicina Legal emitido a principios de año. La Audiencia asumió las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que proponía esperar a que el expresidente acabase su tratamiento de radioterapia para pasar un nuevo examen médico y decidir si podía seguir en prisión.

La Audiencia está a la espera de que la defensa de Griñán informe sobre el final del tratamiento para volver a examinar al expresidente

La suspensión de la pena que decretó la Audiencia a principios de enero estaba vinculada a la finalización del tratamiento. El informe médico de los servicios de Urología del Hospital Virgen del Rocío estimaba en tres meses la duración del proceso. Por ese motivo, el tribunal sevillano inquirió a la defensa de Griñán, en manos del letrado José María Calero, a que aportase nuevos informes médicos. Al no haber terminado el tratamiento, el abogado se limitó a informar al respecto, por lo que la Audiencia lo instó a avisar en cuanto terminase.

El siguiente paso será someter a Griñán a un nuevo examen médico que sirva para dilucidar si puede seguir tratándose del cáncer en prisión. En este contexto hay que tener en cuenta que la directora de la cárcel Sevilla I, a petición de la Audiencia, dio cuenta de cuáles eran los servicios médicos del centro. En ese escrito, dejó claro que es posible que un interno enfermo de cáncer se trate desde prisión, con visitas al hospital para recibir la radioterapia y acudir a las consultas de revisión. El matiz, eso sí, consistía en admitir que hay problemas para el traslado urgente de presos por falta de efectivos de Policía Nacional, que son quienes se encargan de esta tarea.