La izquierda andaluza saca la artillería contra los contratos de emergencia de Moreno

"Esta vez no hemos pinchado en hueso", apunta una fuente de la oposición de izquierdas en el Parlamento andaluz. Con ese convencimiento, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía están desplegando una estrategia en la Cámara para intentar desgastar políticamente al Gobierno de Juanma Moreno por el uso de los contratos de emergencia. La ofensiva, en este momento, es doble. De un lado está el empleo por parte de la Consejería de Salud de esta fórmula para derivar con clínicas privadas por 243 millones de euros desde 2021 con una normativa ya caducada. Del otro, la adjudicación de unas obras en carreteras a dos empresas de una misma familia sin experiencia en la materia por parte de Fomento.

Con esos mimbres, Adelante Andalucía ha registrado este martes en la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia. El portavoz de la formación, José Ignacio García, ha puesto como condición al PP que deje pasar esta iniciativa para que la formación izquierdista participe en la investigación parlamentaria sobre la extinta Faffe. Este organismo se ha constituido este martes con diputados de PP y Vox, ya que la izquierda ha calificado la iniciativa de "circo" y ve en su impulso (por tercera legislatura consecutiva) un fin electoralista.

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La idea de Adelante Andalucía nace muerta, puesto que el PP no está por la labor de abrir una investigación sobre semejante asunto. Los populares incluso creen que la Mesa del Parlamento podría no calificar la petición. Pero si eso ocurre, algo puramente técnico, es más que probable que el asunto llegue al debate en Pleno a pocas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo. Si el PP (o cualquier otro partido) rechaza la celebración de esta comisión, su creación deberá votarse en sesión plenaria y los cálculos de la coalición andalucista fijan este debate para la primera o la tercera semana de mayo.

En el PP el mensaje es de tranquilidad. Consideran que el anuncio de Adelante Andalucía es una forma de enmendar su presencia en la comisión de la Faffe después de que el PSOE y Por Andalucía anunciasen que no participarían de la investigación sobre la extinta fundación dependiente de la Consejería de Empleo. "No querían verse sentados solos con nosotros y con Vox", apuntan desde las filas populares antes de la constitución de este organismo, que será presidido por la diputada Maribel Lozano.

El Gobierno y el PP insisten en que los contratos de emergencia son legales y descartan que la polémica les erosione de aquí al 28 de mayo

En el Gobierno, también se mantienen impávidos al asedio de la izquierda. El propio Juanma Moreno, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Sierra Nevada, ha defendido la "legalidad" de todos los contratos, a pesar de que el PSOE ha anunciado que acudirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con los datos que ya tienen en la mano. Los socialistas, por boca de su portavoz, Ángeles Férriz, hablan de "corrupción sanitaria" e insisten en el asunto sanitario. El argumento que los empuja son las 50.000 personas que salieron a la calle en las manifestaciones convocadas el pasado sábado por las mareas blancas en las ocho capitales de la comunidad, la primera gran marcha que ha encendido las alarmas en San Telmo.

Pero el PSOE tiene puesto ahora el foco en otra consejería, la de Fomento que dirige Marifrán Carazo, aunque la dirigente vallisoletana del PP dejará su cargo en los próximos días para ser la candidata de su partido a la alcaldía de Granada. Los socialistas preguntarán a la titular de Fomento por este asunto en la comisión que se celebra este jueves en la Cámara autonómica. La portavoz socialista en la materia, Isabel Ambrosio, cuestionará a Carazo sobre "contratos realizados por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de conservación y mantenimiento de la red de carreteras autonómicas".

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En su pregunta, los socialistas no citan el asunto concreto que ha derivado en esta polémica. La semana pasada se hizo público, según adelanto la Cadena Ser, que Fomento había utilizado la contratación de emergencia para el arreglo urgente de varias carreteras en la provincia de Cádiz. Lo llamativo es que lo hizo a dos empresas sin experiencia y sin trabajadores: Juan Veas y Barveal, que son propiedad de Juan Veas y su hija, Bárbara Veas. El mensaje que sale de San Telmo con este asunto es el mismo: "todo es legal". La oposición duda, sobre todo, por el hecho de que estas compañías se dedican a las obras y construcciones en locales de restauración y, pese a eso, fueran invitadas al proceso para adjudicar a dedo estas obras.