3.000 alumnos trans cambiaron su nombre en registros de la Junta con la ley andaluza

La ley trans andaluza fue pionera en 2014 al incluir un concepto que, ocho años después, ha generado un bloqueo institucional que ha provocado una sonora bronca entre los socios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La autodeterminación de género, es decir, la posibilidad de que una persona trans cambie su nombre de nacimiento con el que se corresponde con su identidad sin la necesidad de aportar informes psicológicos o pasar por un tratamiento médico. Esto ha permitido, según datos de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), que unos 3.000 estudiantes de todas las etapas educativas puedan cambiar su nombre en las listas de colegios, institutos o universidades. O que 2.300 personas hayan hecho lo propio con su tarjeta sanitaria que da a las prestaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Es un día muy emocionante, esta ley nos va a quitar del olvido", apunta la presidenta de ATA, Mar Cambrollé. Esta sevillana es una histórica activista trans que participó activamente en el trámite de la ley andaluza y que saca pecho por cómo su colectivo "ha puesto el cuerpo" para lograr avances en materia LGTBI a pesar de que, a veces, "hemos sido olvidadas". En la foto, en el Parlamento andaluz, donde los colectivos celebran la aprobación del texto, Cambrollé aparece entre Antonio Maíllo, líder de IU entonces, y Esperanza Oña, la dirigente del PP andaluz que fue ponente de aquella ley.

TE PUEDE INTERESAR

Cambio sin informe médico y se prohíben terapias de conversión: el Gobierno aprueba la nueva ley trans

Agencias

La parlamentaria malagueña se arremangó para lograr que el texto, impulsado de forma conjunta por el PSOE e IU, saliese adelante por unanimidad. Para ello tuvo que desactivar la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acudiese al Tribunal Constitucional y colaboró activamente en la tramitación. Sobre todo en la ampliación de la cartera de servicios en materia sanitaria. "Las personas transexuales saben cómo son, saben lo que son, saben cómo quieren vivir, y tienen derecho a vivir de acuerdo a cómo se sienten, a cómo son y a cómo saben que quieren ser", dijo entonces Oña, según quedó registrado en el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía.

La ley andaluza fue la primera del país en reconocer la autodeterminación de género, lo que permite a las personas transexuales iniciar el tratamiento hormonal sin necesidad de que se les diagnostique disforia de género. También hizo posible los cambios de nombre en registros autonómicos y el resto de la Administración andaluza. Antes de esta norma solo el País Vasco y Galicia habían aprobado leyes trans, pero no incluían este derecho. El resto de regiones sí lo han ido incluyendo en los textos que han aprobado desde 2014 e incluso la norma vasca fue modificada en 2019 para incorporarlo, siguiendo la estela andaluza. Solo Asturias y Castilla y León no tienen una ley específica y en el caso castellanoleonés será complicado que la situación cambie. Vox considera esta norma como una de las "leyes ideológicas" que aspiran a derogar, junto a las leyes de derechos LGTBI o las de igualdad.

La pugna PSOE-Podemos y la teoría 'queer'

"Hay un feminismo 'voxificado", critica Mar Cambrollé, que tacha de "bulos apocalípticos" las llamadas de determinados sectores a rechazar este texto por considerar que "borra" a las mujeres. Ahí sitúa la exdirigente de IU Alba Doblas a un sector procedente del PSOE que ha sido reticente a la aprobación del texto. Doblas fue la parlamentaria de IU que fue ponente de la ley andaluza y ensalza su trabajo "codo con codo" con la socialista Soledad Pérez, que hizo lo propio por parte del PSOE. "Que nos veamos, señora Oña, señora Pérez, de la mano, defendiendo con el mismo ímpetu esta norma en el Congreso de los Diputados", dijo entonces la política cordobesa a sus compañeras de tramitación.

Ocho años después -el debate andaluz fue el 25 de junio de 2014- Doblas defiende la aprobación del anteproyecto de ley nacional como un logro "de la lucha feminista" y califica el texto de "avance espectacular" a efectos de registro. "Deja atrás el estigma patologizador", se congratula Doblas, que defiende que el texto, que lleva más de un año en el cajón del Consejo de Ministros "era bueno y podía suscitar consenso". No obstante, Doblas considera que se ha dejado por el camino de la negociación algunas políticas "por las que habrá que seguir luchando".

TE PUEDE INTERESAR

El borrador del CGPJ cree que la ley trans vulnera derechos de mujeres y menores

EFE

Entre las carencias, esta concejal del Ayuntamiento de Córdoba lamenta que las personas no binarias "no aparecen en la ley" y critica que se den tres meses "de reflexión" para un posible arrepentimiento del cambio en el registro. "Ya no hay un paso de un género a otro, hay mucho menos binarismo", defiende Doblas, que también cree que la defensa de las personas trans "se diluye" al haber fusionado la ley específica de este colectivo con la de derechos LGTBI.

Soledad Pérez, por su parte, tiene buenos recuerdos también de aquella tramitación y defiende el logro de eliminar la obligación de presentar un diagnóstico para solicitar el cambio en los registros autonómicos. Pero considera lógico el debate cuando la ley estatal alude a cambios en el registro civil, en pos de la seguridad jurídica. En el plano más ideológico, Pérez muestra sus dudas respecto a la teoría queer y su aplicación en política. "Las mujeres trans nos decían que querían que quieren ser mujeres, han peleado por ello", rememora la ex dirigente socialista, que critica a quien considera "frívolo" definirse como hombre o mujer en función a su identidad de género.