Cambio sin informe médico y se prohíben terapias de conversión: el Gobierno aprueba la nueva ley trans

El Gobierno ha dado luz verde este lunes, víspera del Día Internacional del Orgullo, al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que despatologiza a las personas trans al eliminar la exigencia de un informe médico para que estas puedan cambiar su nombre en el Registro Civil.

"Es una ley muy importante que viene a continuar con la tarea y la labor que este país emprendió en el año 2005 con la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo del presidente Zapatero", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia. En el primero, cubrirán un formulario en el que manifestarán su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio, y recibirán información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación.

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En la segunda, que debe ser en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitante ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio de sexo. En el plazo de un mes tras esa segunda comparecencia, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el proyecto de ley trans que no incluye grandes cambios respecto al texto inicial y mantiene el derecho al cambio de sexto en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma.

Además de esta medida, el proyecto de ley permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana y el Gobierno se compromete a redactar una orden ministerial en el plazo de seis meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.

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Del mismo modo, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento; consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral, y garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.

Este texto, que pasa ahora a su fase de tramitación en el Congreso, también prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado, entre otras medidas.