El plazo para los informes de la ley del aborto complica los planes de Irene Montero

El anteproyecto de ley del aborto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, ha comenzado su andadura, pero es previsible que esta no sea tan rápida como desearía el Ministerio de Igualdad, que tutela la reforma legislativa. Pese a que la intención del Ejecutivo es tratar de apurar al máximo los plazos de la primera fase de tramitación y lograr que entre en vigor durante la legislatura, los tiempos previstos para la elaboración de los informes preceptivos que deben emitir el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado complican el calendario que baraja el departamento que dirige Irene Montero.

Fuentes jurídicas dudan de que los dictámenes de los tres órganos puedan estar listos antes del próximo verano, como busca el Ejecutivo. En el horizonte, aparece marcada una fecha en rojo que provoca la urgencia del Gobierno: el fin de la legislatura, que se sitúa en torno a noviembre de 2023. Consciente de la estrechez de los tiempos, el Ministerio de Igualdad tiene la intención de reclamar que los informes, obligatorios aunque consultivos, se emitan de urgencia, es decir, en un máximo de 15 días para cada uno de los organismos, con la intención de agilizar la tramitación.

Sin embargo, las fuentes consultadas consideran "insuficiente" ventilar el trámite en dos semanas cuando se trata, además, de una ley de enorme calado y repercusión social. Entre las medidas que quiere poner en marcha el Ejecutivo se encuentra, por ejemplo, la eliminación de la autorización de los padres para las menores a partir de los 16 años. A la complejidad se suma el sistema en el que se elaboran los informes, en los que se incluyen observaciones al articulado o su efecto en otras leyes vigentes. Se emiten de forma sucesiva o paralela, por lo que, incluso en el caso de que se cumpliera esa quincena que busca Igualdad, los trámites se alargarían hasta julio.

El primero en informar es el Consejo Fiscal. En las elecciones celebradas el pasado 5 de mayo, la Unión Progresista de Fiscales, más cercana a los partidos de la coalición, perdió la mitad de sus vocales. La conservadora Asociación de Fiscales obtuvo seis representantes frente a dos de la UPF y se sumó, por primera vez, un consejero de la Asociación Independiente Profesional de Fiscales (APIF). Tras la elaboración del informe, este se aprueba en uno de los plenos del consejo, que suele reunirse una vez al mes.

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Tampoco el Consejo General del Poder Judicial tiene —de momento— la composición que le gustaría al Gobierno. En varias ocasiones, la ministra Montero ha acusado al Consejo de "bloquear" la tramitación parlamentaria de sus leyes. Sucedió, por ejemplo, en el caso de la ley trans, sobre la que acusó al órgano de gobierno de los jueces de retrasarse tres meses en la elaboración de ese informe, que finalmente se aprobó el pasado abril por unanimidad.

El trámite

A la hora de elaborar su dictamen, la Comisión Permanente del CGPJ debe designar a tres ponentes que se encargan de elaborar una propuesta con un plazo inicial de 30 días y la posibilidad de pedir prórrogas. Esta se eleva al pleno, que o bien la aprueba o bien decide modificaciones sobre ese borrador. El calendario del Consejo tiene previsto plenos para el mes de junio y puede convocarlos de forma extraordinaria. Como ejemplo, la Permanente acaba de designar ponentes para los dos últimos anteproyectos aprobados: el anteproyecto de ley orgánica complementaria de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores y el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad. En último lugar, se encuentra el Consejo de Estado.

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Una vez superada esa fase, el proyecto de ley regresa al Gobierno, que puede modificarlo en función de las observaciones y lo eleva de nuevo al Consejo de Ministros. La intención del Ejecutivo es que esto suceda en septiembre, pero su previsión no podrá cumplirse en ningún caso sin los citados informes. A partir de ahí, la norma —que reforma la que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— pasa al Congreso, donde entra en fase de enmiendas, y después al Senado, con el mismo recorrido. El recorrido habitual ronda los dos años, como demuestra otra norma del Ministerio de Montero, la del 'solo sí es sí', aún atascada en la Cámara Baja.

Con la aprobación del anteproyecto el martes, el Gobierno inició el camino para una nueva regulación que incluiría, además de la desaparición del consentimiento paterno para menores, bajas cubiertas por la Seguridad Social para reglas incapacitantes y a partir de la semana 39 de embarazo. También la prohibición de publicitar en España agencias de gestación subrogada y la gratuidad y blindaje de la píldora del día después.