El colectivo LGTBI pide que la ley trans no exija revisión médica y evite humillaciones

Las piezas del rompecabezas de Carol encajaron a sus 47 años. Tarde, como ella misma reconoce. Cuenta esta sevillana de 61 años que hasta entonces había experimentado una vida muy confusa respecto a su propia identidad. No entendía que pudiese sentirse mujer y que le atrajeran las mujeres. Tampoco tenía un entorno con el que compartir sus dudas. Las amistades, “circunstanciales”, eran pocas debido a su carácter introvertido. Hasta que en internet se topó con un foro de personas transexuales en el que otras como ella narraban situaciones similares a la suya. “Se sentían mujeres, pero también les gustaban las mujeres —relata—; y pensé que era lo mío. Ahí supe que era trans”.

Lo primero que hizo fue salir a la calle “vestida de mujer”. “Y me gustó tanto que ya solo pensaba en la hormonación”, recuerda. Pero entonces Carol Ferrer se topó con el sistema sanitario del año 2007, previo a la pionera ley integral de transexualidad andaluza de julio de 2014. Su médico de cabecera la derivó a la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género, en el hospital Carlos Haya de Málaga, el centro de referencia al que debían ir todos los transexuales andaluces como paso previo a su acceso al tratamiento de reemplazo hormonal. Y lo que ocurrió en ese gabinete psiquiátrico todavía escuece a Carol y muchos de los que por allí pasaron.

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“La psiquiatra me hacía preguntas escabrosas: que si me bañaba vestida o desnuda, si veía presencias extrañas o fantasmas, si tenía tendencias suicidas o pensaba matar a alguien de mi familia, que cómo exprimía el trapo, si a la derecha o a la izquierda; que si al entrar en un autobús, me sentaba junto a un hombre o junto a una mujer, que si me sentía más cómoda teniendo sexo con hombres que con mujeres, que si me excitaba en caso de oír a mis padres teniendo sexo”, enumera Carol. “Eran preguntas humillantes, porque ponían en entredicho lo que realmente soy”.

Carol no olvida la frialdad de esa consulta situada en la planta sótano del hospital. Pese a los años, recuerda nítidamente la distancia, física y emocional, con su interlocutora, a la que los trans llamaban Juana la Loca. Aún tiene vivo el recuerdo de la tensión de la sala de espera, con tres sillas y gente de pie. Las caras de tensión al entrar y las de desolación al salir. “Parecía una ratonera”, certifica.

La reivindicación de las organizaciones trans se lleva topando décadas con la oposición de la mayoría del arco parlamentario

Había días en que las consultas duraban 20 minutos. En otras ocasiones, se iban a una hora. Incluso había veces en que la psiquiatra que siempre la atendía estaba acompañada de alumnos de Medicina en prácticas: testigos de las intimidades de quienes allí se desnudaban para obtener el visto bueno que les abriese la puerta del siguiente nivel: la hormonación.

En el caso de Carol, las citas se prolongaron durante más de dos años. “Mis compañeros trans me decían que no dijese que era bisexual, porque se podría alargar el proceso bastante”, recuerda. Pero siempre le negaban la hormonación. Hasta que se cansó de ir, se buscó un médico privado y pudo iniciar su transición.

España sigue sin contar con una ley estatal que dé derechos a las personas trans. La reivindicación de las organizaciones trans se lleva topando décadas con la oposición de la mayoría del arco parlamentario. Una situación que parecía revertirse con el acuerdo de gobierno de las fuerzas progresistas, pero que lejos de concretarse en avances ha tensado la relación entre los socios de gobierno. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), alcanzó hace meses un consenso con una veintena de organizaciones trans con el objetivo de satisfacer demandas históricas como la autodeterminación de género, que vendría a corregir los agravios que sufrieron Carol y otras personas trans tiempo atrás, y que aún sufren en algunas comunidades autónomas. Pero la férrea oposición de los socialistas ha frenado la aprobación de una ley estatal y a las personas trans no les queda otra que seguir amparándose en las leyes autonómicas, siempre que las haya. Una desigualdad que pesa.

Una ley pionera con efecto dominó

Andalucía aprobó —por unanimidad de PSOE, IU y PP— en julio de 2014 la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pionera e inspiradora de las aprobadas en otras comunidades autónomas. La autodeterminación de género está recogida en ocho de ellas.

La OMS sacó la transexualidad de su lista de trastornos mentales en el año 2018

A nivel estatal, la vigente ley que regula la autodeterminación de género, que se remonta a 2007, requiere que la persona haya sido diagnosticada con disforia de género, lo que exige un informe médico o psicológico. Además, también se pide que quien lo solicita haya estado sometido a un tratamiento de reemplazo hormonal para acercar sus rasgos físicos al sexo requerido. Algo que debe quedar certificado por otro médico. Esto es, a ojos de las personas trans, patologizar la transexualidad.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó la transexualidad de su lista de trastornos mentales y del comportamiento en el año 2018, las organizaciones trans siguen reclamando una ley trans estatal que revierta la de 2007, que “patologiza las identidades trans”, denuncia la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé. “Sobre esa ley, pesa algo peor: nació con fecha de caducidad y el tiempo nos ha dado la razón”. Y cita la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a menores el cambio de sexo en el Registro Civil, en contra de lo que establece la ley. La activista también se remite a jurisprudencia que advierte de que “la hormonación como requisito para la autodeterminación de género o el diagnóstico de disforia de género podría entrar en colisión con la dignidad de las personas trans”.

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“También lo dice la Unión Europea, por activa y por pasiva, en una resolución de 2015 del Consejo de Europa: la identidad legal de las personas trans debe ser a través de un trámite administrativo, rápido, transparente y accesible, sin límite de edad y que no exija peritación médica”, resuelve Cambrollé.

Ángel también pasó por una Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) como paso previo, y obligatorio, al tratamiento de reemplazo hormonal. “Sigo teniendo pesadillas”, asegura este jerezano de 34 años. “Fue un trato horrible y discriminatorio —sentencia—; a los animales de granja se les trataba mejor”.

Su relato es similar al de otras personas trans. Cita con el médico de cabecera y derivación automática a una UTIG. “No lo entendí, yo no tenía ninguna enfermedad mental, solo quería ir al endocrino”, asegura.

"Que si me excitaba con animales"

Recuerda Ángel que no dejaba que su madre entrase con él en la consulta de aquella psiquiatra. Ya dentro, tenía que soportar una retahíla de incómodas preguntas. “Que si yo practicaba la zoofilia, que si me excitaba con animales, que si había visto tener relaciones sexuales a mis padres, que si cuando era pequeño usaba vestidos, si me masturbaba con la ropa interior del sexo opuesto, que si salía con hombres o mujeres, frecuencia en mis relaciones sexuales, que si, cuando de niño jugaba a papás y mamás, qué rol desempeñaba… Mil chorradas indignantes. Contesté a todas como lo sentía, pero me dijeron que no lo veían claro y que tenía que volver. Yo era gay, salía con hombres, y eso no le encajó a la psiquiatra. ¡Que yo no rechazara el color rosa no le cabía en la cabeza!”, detalla el joven.

Regresó un mes después, y siguieron las preguntas. “Que si oía voces, que si le hablaba a la televisión, que si tenía amigos, que si había intentado suicidarme… Salía llorando de la consulta, con ataques de nervios, pero me amenazaban con que si no respondía no me darían las hormonas”, enumera. Y volvieron a pedirle que volviese. Y en cada cita, más de lo mismo. “Me llegaron a decir que sentía fobia social y que era trans porque tenía problemas con mi madre. Me sacó a Freud del baúl de los recuerdos. Me sentí insultado”, confiesa Ángel.

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Dos años y medio estuvo yendo a esa consulta. Hasta que unos amigos le recomendaron que respondiese a la medida del test. Les dijo que tenía novia, se cortó el pelo y empezó a vestir de negro. Y le dieron la hormonación. “Querían que cumpliese un canon, con el estereotipo de un hombre”, valora el joven.

Ángel no lo entendió entonces y sigue sin entenderlo hoy, cuando sigue leyendo en las redes sociales a personas trans denunciando sus encuentros con psicólogos en aquellas comunidades autónomas en las que no existe una ley trans. “Por eso es tan importante aprobar una ley trans estatal que nos dé seguridad jurídica”, insiste.

Críticas al PSOE por un documento "tránsfobo"

“Ahora mismo, los derechos fundamentales de las personas trans se están pisoteando”, advierte Ángel, que señala a la vicepresidenta Carmen Calvo y a otros ministros socialistas. “No me decepciona el PSOE porque ya los conozco —sigue—, ya sé de qué van. Y Calvo o Ávalos han firmado un documento tránsfobo y patologizante. En vez de pedir disculpas, o dimitir, siguen insistiendo en la misma idea de la seguridad jurídica para las mujeres. ¿Y la nuestra? Porque desde hace dos años se nos ha puesto en el centro de la diana. Ya tenemos problemas solo por decir que somos trans. Se están levantando odio y violencia. Es horrible, tanto en redes sociales como en la calle. ¿Qué quieren? ¿Que nos maten?”.

Critican las organizaciones trans que España ha pasado de la cabeza a la cola en comparación con otros países de la Unión Europea. Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal han aprobado leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género. “Los políticos miran a Europa para los asuntos económicos, pero en lo que se refiere a las personas trans, se mira más para Hungría o Polonia, países que siendo de la Unión Europea no respetan a los colectivos LGTBI”, lamenta Mar Cambrollé.

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Pero insiste: “Habrá ley trans, con toda seguridad”. “Es un proceso irreversible que no lo va a frenar nadie. El principio de autodeterminación es una herramienta legal que devuelve a las personas trans la capacidad de ser sujetos de derecho”, defiende Cambrollé. “Es un escándalo internacional; y hay padres, madres, abuelos y abuelas dispuestos a todo por defender la igualdad”, sentencia la presidenta de la Federación Plataforma Trans.

El último capítulo de este tenso debate tiene como protagonista a la propuesta de fusión entre las leyes trans y la LGTBI, una idea impulsada por varias organizaciones LGTBI y que desbloquearía las negociaciones entre los socios de gobierno. Pero la solución no convence a todas las partes, sobre todo al colectivo trans, que ve en la unificación un insulto a sus años de reivindicaciones. “Nos invisibilizaría como sujetos políticos”, critica Cambrollé, que advierte de que seguirán las acciones de presión para que la ley trans estatal se convierta en una realidad. La próxima cita: el 15 de mayo.

40 años de una lucha sin fin

La amenaza de la 'furia trans' no es nueva. El colectivo ha protagonizado desde hace décadas una ardiente defensa de los derechos LGTBIQ+. Se enfrentó a la dictadura de Franco y a los gobiernos democráticos con posterioridad. Sus cuerpos tienen memoria. Han soportado insultos, agresiones y todo tipo de agravios. Pero siguen en una lucha que ha terminado para gais y lesbianas, pero que sigue siendo una realidad para las personas trans.

Lenna Guzmán, Lorena, sigue plantando batalla. Lo hace ahora, pidiendo que los trans tengan en sus propias manos “las llaves de su transición”; y lo hizo cuando se negó a contestar los test en aquella UTIG de Málaga. “Les respondí que tenía claro lo que era y me negué a contestar”, recuerda. “No tenía ni tengo ninguna enfermedad mental”, argumenta esta veterana.

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Cuenta Lorena que llegó un día en su vida en que puso punto y final a su “autorrepresión”, que se cansó de pensar en los problemas que hacer la transición podía generarle en el entorno laboral, o en las agresiones a las que se exponía. “Ya no podía más. O me suicidaba o daba el paso. Y elegí darlo”.

De la UTIG de Málaga, como el resto, no guarda buenos recuerdos. En los dos años que estuvo yendo, escuchó todo tipo de rumores. “De suicidios de gente que no aguantaba que les negasen una y otra vez las hormonas”, apunta. “La del suicidio es una respuesta que está ahí, porque acumulas mucho sufrimiento. Te cuestionan. Niegan tu identidad una y otra vez. Te aburren. Porque ellos tienen la llave del cambio, por eso llevamos 40 años luchando, por eso es tan importante la ley que nos niegan: para que lo que viví nadie vuelva a vivirlo, y para que podamos decidir y no sean otros los que lo hagan por nosotras”.