La Junta de Andalucía inicia 1.679 desahucios para recuperar viviendas de su propiedad

Las calles Canoa y Bustamante son dos céntricas vías de la capital malagueña, enraizadas en el castizo barrio de La Trinidad, y muy próximas a los polos culturales, hoteleros y de ocio que tanto se asocian a la ciudad fuera de sus límites. En los números 4 y 2, respectivamente, se alzan dos edificios de vivienda pública construidos por la Junta de Andalucía y que durante un largo tiempo han sido territorio del 'clan del Buhe'. Una familia que se hizo con más de una veintena de inmuebles para convertirlos en un 'todo incluido' del narcotráfico donde hileras de toxicómanos adquirían sus dosis y las consumían en espacios que rememoraban a los fumaderos de opio. Esta situación cambió en febrero de 2021. La Policía Nacional desplegaba un amplio operativo para desmantelar este supermercado de la droga vertical y liberaba 18 domicilios que se habían apropiado los miembros del clan, supuestamente, coaccionando y amenazando a sus legítimos adjudicatarios. Dieciocho casas que ahora esperan a una nueva familia y que representan un porcentaje mínimo de las 1.679 de titularidad autonómica que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha detectado en los últimos tres años que habían sido okupadas, destinadas al cultivo de marihuana o usadas irregularmente.

La Agencia de Rehabilitación de Vivienda de Andalucía (AVRA) explicaba días atrás que estos bloques de la capital malagueña forman parte de un plan de mejora y han precisado de medidas especiales para evitar que volviesen a ser okupados. Se tapiaron los accesos, se instalaron cámaras de identificación facial conectadas con alarmas y se contrató vigilancia privada para disuadir a los más osados. Y, aun así, hubo quien lo intentó. Porque el problema es que estas viviendas públicas se encuentran sumidas en un bucle de okupación que la Administración regional asegura que trata de cortar para que vuelvan a cumplir el fin social para el que fueron construidas.

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Según los datos facilitados por el Ejecutivo andaluz, la AVRA gestiona 49.058 inmuebles de titularidad autonómica en toda la comunidad. Sevilla, con 11.299, es la provincia con mayor número, seguida de Cádiz (9.495), Málaga (5.727), Córdoba (5.700), Huelva (4.953) y Jaén (4.734). Granada y Almería, con 3.975 y 3.175, respectivamente, se sitúan a la cola.

El peso de estas cifras, no obstante, varía si tenemos en cuenta la población, ya que la malagueña, por ejemplo, duplica o triplica a la cordobesa u onubense, que cuentan con un número muy similar de viviendas públicas. Esto, en parte, tiene su explicación en que se contemplan otras variables socioeconómicas a la hora de decidir dónde edificar estos recursos habitacionales.

Lo llamativo es que al menos 1.679 de esas 49.058 casas, aproximadamente el 3,5%, estaban siendo destinadas a un uso irregular. Y decimos al menos porque son las que han podido ser detectadas por la Junta de Andalucía durante los últimos tres años e iniciar un proceso de recuperación. No se puede obviar que muchos de estos domicilios, como ha ocurrido en la barriada malagueña de La Corta, han permanecido años y años okupados ilegalmente o han sido convertidos en invernaderos 'indoor' de cannabis sin que la Administración regional actuara con contundencia. Semanas atrás, 22 de ellos eran recuperados en otra intervención de la Policía Nacional, e inmediatamente fueron tapiados.

Se ha dado el caso de que algunos adjudicatarios no utilizaban la VPO como primera residencia

Sevilla, con 419, es donde la AVRA ha iniciado más procesos de "desahucio administrativo, recuperaciones posesorias y delitos leves de usurpación relacionados con okupación y otras circunstancias irregulares", como que "el adjudicatario de la vivienda no la utilice como primera residencia o la utilice para usos distintos al residencial".

Jaén (313), Cádiz (240) y Granada (212) son las otras provincias en las que más trámites de recuperación se han puesto en marcha durante los últimos tres años. Les siguen Córdoba, Almería y Huelva, con 189, 154 y 139, respectivamente. Málaga, sorprendentemente, solo contabiliza 13. Una cifra que solo la intervención en los edificios de calle Canoa y Bustamante sobrepasa.

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La incidencia de este fenómeno, como es lógico, depende del parque de viviendas públicas de cada lugar, por lo que, con base en las cifras, su impacto es mayor en la provincia jiennense, ya que el 6,6 de estos domicilios está inmerso en un proceso de desahucio.

Este procedimiento está condicionado por los tiempos judiciales, de ahí que únicamente la mitad de los inmuebles, 841, el 50,1%, estén ya a disposición de la Administración autonómica para poder adjudicarlos a familias que los necesiten y quieran darle un correcto uso. El resto, 838, sigue inmerso en un proceso abierto. Y 179, desde 2019.

Las fuentes consultadas por este periódico explicaron que el personal que debe fiscalizar la posesión de estos domicilios se encuentra habitualmente con la falta de colaboración de los moradores, cuando no con su hostilidad, y recuerdan que no pueden acceder a su interior sin autorización. No obstante, aseguraron que se están haciendo esfuerzos para recuperar estos bienes públicos para que realicen el cometido social para el que fueron construidos.