El barrio que huele a 'maría': así se convirtió La Corta en una plantación "intensiva"

La Corta es el nombre de un pequeño barrio de la zona norte de Málaga compuesto en su totalidad por viviendas públicas. Edificios de dos o tres alturas de una arquitectura simple, pero funcional, que se construyeron como una solución habitacional para personas con pocos recursos. Un complejo deprimido que desde hace tiempo exhala un olor reconocible. El aroma de la marihuana que "se percibe desde la rotonda" de entrada y que procede de las numerosas casas que, por una supuesta dejadez o imposibilidad de las administraciones, fueron transformándose en una "industria intensiva". En la 'gerencia', supuestamente, un conocido clan. La Policía Nacional ha logrado recuperar 22 de estas casas a las que no podían acceder familias que las necesitaban. Un total de 17 habían sido convertidas en invernaderos. Sin paredes, sin muebles, totalmente destrozadas para convertirlas en un espacio completamente diáfano. Un detalle esclarecedor: la situación se había desmadrado tanto que el riesgo que corrían los verificadores prácticamente impedía realizar inspecciones convencionales.

La operación que ha permitido liberar estos inmuebles se produjo a mediados de marzo. En torno a 70 agentes de distintas unidades, y liderados por investigadores de la Comisaría Oeste, irrumpían de forma coordinada en domicilios previamente marcados. Era el resultado de semanas de vigilancias en condiciones inimaginables, ocultos en 'territorio comanche', donde difícilmente se puede poner un pie sin tener ojos recelosos siguiendo los pasos. "Ellos saben quiénes viven allí" y los desconocidos no son bien recibidos.

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El objetivo de la intervención: el clan de 'Los Range'. Una familia que regenta el barrio, con numerosos antecedentes y que ha sido objeto de otras operaciones antidroga. "No son muy numerosos" en comparación con grupos que operan en otros puntos de la capital malagueña, pero son tremendamente "dominantes" en las calles de La Corta. "Desde hace mucho años", precisan las fuentes consultadas, que los vinculan directamente con un entramado de cultivo de marihuana que se extendía por numerosas viviendas públicas distribuidas por tres calles anexas.

Siete de ellos, informan, fueron detenidos en las dos fases en las que se llevó a cabo la operación durante los días 10 y 14 de marzo. Pero "ya están fuera". Ni siquiera pisaron la cárcel, a pesar de que los agentes incautaron 4.377 plantas y constataron una "industria intensiva" que producía "tres o cuatro" cosechas anuales. La escasa respuesta penal al cultivo de cannabis es uno de los factores que está provocando la migración de antiguos narcos a una actividad que puede ser bastante lucrativa. "Dependiendo del momento, el precio del gramo puede oscilar entre los cuatro o cinco euros", explican, para añadir que la inversión que requiere esta actividad delictiva tampoco es excesivamente costosa: "Lámparas, balastros, ventiladores, extractores… Quizá lo más caro sean los aparatos de aire acondicionado. Pero con la primera recogida se ha amortizado la inversión".

"Si a eso le añadimos que suelen tener enganchada la luz ilegalmente y que disponen de las casas para las plantaciones, todo son beneficios", afirma uno de los agentes que participó en la intervención, y que describe gráficamente la degradación de unas viviendas que debían estar destinadas a gente necesitada. "Los pisos, originariamente, se distribuían en dos dormitorios, un salón, cocina, un lavadero interior y una pequeña terraza", que se situaban a lo largo de un pasillo. Pero cuando los agentes entraron en ellos, tras salvar zonas comunes que habían sido enrejadas, derribar puertas blindadas con bisagras al revés y sortear perros de presa, se encontraron con que estaban "destrozados". No había un solo mueble y "habían tirado todos los tabiques" para transformar el inmueble en un "espacio diáfano" convertido en un invernadero. "Una puerta y cuatro paredes" con decenas y decenas de plantas. "Como si fuera una selva", aseguran.

En las dos 'tiradas' de la operación se recuperaron 22 viviendas públicas. 17 de ellas, destinadas exclusivamente al cultivo de 'maría'; y las otras cinco, de uso compartido. En una de estas, "la familia dormía en un colchón tirado en el salón, mientras que el resto estaba lleno de plantas". Exactamente, 252. "Estar permanentemente respirando ese olor debe ser perjudicial", comenta este investigador, que señala que en el algunos pisos, junto con la plantación, había niños viviendo y alguna embarazada.

"En ninguna de las 22 viviendas residía la familia a la que inicialmente se le había adjudicado"

Eso sí, "en ninguna de las 22 residía la persona a la que se le había adjudicado", lamentan las fuentes consultadas, que añaden que las excusas que ofrecieron los okupas fueron múltiples: "Que han alquilado el domicilio a algún familiar, que no tenían dónde vivir...".

Dudas en el seguimiento

Los informes que están a disposición del juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, que mantiene las diligencias del caso, reflejan una supuesta "desidia" en el control de estos inmuebles públicos. Según se destaca, al menos, desde 2016, o estaban vacíos y destinados al cultivo de 'maría', o estaban ocupadas. Una situación que se ha prolongado en el tiempo sin que las administraciones hayan actuado con la necesaria diligencia, se plasma en los documentos. No obstante, otras fuentes sondeadas consideraron que esta apreciación no se ajusta a la realidad porque "nunca se ha dejado de hacer inspecciones", pero sí precisaron que han tenido que adaptarse a las circunstancias "extremas" del barrio y "emplear otras vías".

Las viviendas públicas de La Corta son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta, organismo que impulsa y gestiona el parque inmobiliario de estas características en la región. Dependiendo de los acuerdos que selle con los ayuntamientos, delega o no el control de las promociones. En el caso concreto de esta barriada malagueña, sigue siendo la encargada de las tareas de verificación, como explicaron fuentes de la Administración autonómica, aunque el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) también ha tenido y tiene vinculaciones al ejercer "labores de mantenimiento" y otros cometidos. Los roles de ambas administraciones, y la ausencia de un acuerdo jurídico que no termina de sellarse, generan una situación ambigua en la gestión del barrio.

Las fuentes consultadas explicaron que el personal de la AVRA, por cuestiones legales, no puede acceder a los inmuebles cuando los moradores se niegan a colaborar. ¿Qué pueden hacer entonces? Pues la única opción que tienen es llamar a un agente para que intente identificar a las personas que están en el interior. Este proceso, no obstante, pierde cualquier efectividad simplemente en el momento en el que el okupa no abre la puerta. En el caso de que se constate fehacientemente que el domicilio está okupado, se inicia el proceso judicial de desalojo.

Pero esta labor se agrava en un contexto como el de La Corta, donde el sentido de autoridad se evaporó hace tiempo y la integridad de los inspectores corre peligro. "Nunca se ha abandonado el trabajo de verificación, pero es que las circunstancias hacían imposible realizarla de una forma convencional, por más que las administraciones lo han intentado". Esto, en parte, ha generado una sensación de impunidad y una ocupación crónica que impedía el acceso a esos recursos habitacionales a personas que realmente los necesitaban, como se objeta en las diligencias.

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Las fuentes consultadas explican que 'Los Range', supuestamente, ejercían un control total sobre estas casas y los datos recabados describen un presunto mercadeo a su alrededor con operaciones de compraventa que oscilaban los 15.000 euros por cada una. Eso, en el mejor de los casos; porque en otras ocasiones, según precisan en casos similares, han mediado "amenazas y extorsiones". En la barriada, aseguran, se había instaurado la "ley del silencio" y el miedo hacía que muchos callasen ante las injusticias que se producían. "Ahora han sido varias las personas que han querido darnos las gracias, pero sin que nadie lo sepa". Porque el miedo sigue latente.

Los cultivos eran auténticas bombas de relojería por su deficiente instalación eléctrica. "Peligrosamente inestables", las define uno de los agentes. Su origen eran enganches ilegales y el riesgo de que un incendio acabase extendiéndose por los edificios era real. Además, provocaba continuos cortes de luz que podían afectar a vecinos que "utilizan respiradores para poder vivir".

Nuevo protocolo

La Corta ha sido escenario de otras intervenciones policiales contra el cultivo de marihuana. Sin ir más lejos, en octubre fueron detenidas tres personas y aprehendidas más de 500 plantas. Pero como ocurrió en el pasado, horas después de que los agentes hubiesen abandonado el inmueble, ya había personas merodeando para okuparlo de nuevo y proseguir con el negocio. Esto ocurrió también tras la última intervención. Los cuerpos de seguridad supieron que habían entrado en alguno de los pisos, aunque todo parece indicar que fue para llevarse material.

Este bucle o "círculo vicioso" ha motivado un cambio de paradigma a la hora de abordar estas okupaciones vinculadas al narcotráfico. Las citadas fuentes han explicado que en la actualidad se actúa de forma conjunta con el personal de la AVRA para que, una vez intervengan los policías, rápidamente se bloqueen los accesos al domicilio. Así lo han hecho en La Corta. Conforme los agentes sacaban las plantas del interior, los operarios tapiaban puertas y ventanas. Solo en cinco siguieron sus moradores dentro "porque había menores viviendo" en ellas.

La intervención de los albañiles "descolocó" a muchos de los que asistían al operativo policial, ya que era la primera vez que tenían la sensación de que el negocio podía colapsar. "¿Cómo nos vais a quitar las casas?", recuerda uno de los agentes que le preguntó otro de los curiosos con cierto descaro. El nuevo protocolo, cuyo éxito decaería sin la implicación de los responsables de la Agencia Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, es un aviso a navegantes: "Ahora son conscientes de que el que use una casa de titularidad pública para el cultivo de marihuana se arriesga a perderla".

La noche de la operación, una caravana de coches dejó la barriada. Trasladaban cultivos a otra zona

El operativo, en el que también participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Comisaría Norte, la Policía Científica, el Servicio de Medios Aéreos y miembros del GOA y el GIP de la Policía Local de Málaga, la AVRA y el IMV, se saldó con un total de ocho detenidos, el registro de 27 inmuebles y la incautación de miles de plantas. Pero su simbología ha sido mayor. Se ha logrado asestar un duro golpe al clan de 'Los Range', despertarlos de la comodidad en la que estaban instaurados.

La reparación de las 17 viviendas recuperadas por ahora "va a costar un dineral", y parece que hay gente que ha comenzado a solicitarlas. Los agentes esperan que finalmente tengan el destino para el que se construyeron y no tengan que volver a intervenir porque han vuelto a ser convertidas en invernaderos de cannabis. La noche de la primera fase de la operación se observó una caravana de vehículos saliendo de la barriada, que supuestamente trasladaba plantaciones "a otro lugar". La Corta ya no es segura… Para ellos.

220 viviendas construidas en 1993

La promoción de 220 viviendas de la barriada La Corta se construyó en 1993 mediante convenio firmado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, para realojar temporalmente a familias que por entonces habitaban en otras viviendas, en su mayoría ruinosas o con condiciones de habitabilidad claramente inadecuadas, que deberían ser demolidas para la ejecución de otras promociones. Las 220 viviendas fueron cedidas a AVRA en 2007. Desde entonces, se han ejecutado en el barrio tres actuaciones de reparación y rehabilitación de los edificios, y de reurbanización de los espacios públicos, lo que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros, precisó la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.