Unos okupas se quedan con un castillo de Santander por llevar más de 30 años viviendo en él

El castillo de Corbanera es una fortificación militar construida a finales del siglo XIX en la zona conocida como La Maruca, apenas a 4 kilómetros del centro de Santander. Ahora, después de más de un siglo en pie, un informe de la Universidad de Cantabria (UC) ha determinado que las familias que llevan ocupando el edificio desde hace décadas se han ganado el derecho a quedarse con él legalmente.

El castillo se levantó durante las guerras carlistas en el año 1874 y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012 por su interés histórico. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santander tenía dudas sobre a quién pertenecía ya que se habían construido viviendas en el interior del recinto y eso suponía un problema legal. Por eso se encargó un informe a la Universidad de Cantabria que, ahora, lo ha dejado todo muy claro.

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Los encargados de elaborarlo han sido Juan Baró Pazos y Javier Barcelona Llop, ambos catedráticos de Historia del Derecho y de Derecho Administrativo de la UC. Tal y como recoge El Diario Montañés, en su informe concluyen que el castillo no pertenece al Ayuntamiento de Santander porque ha estado ocupado por varias familias "desde una fecha no determinada y hasta el momento actual, (…) lo que ha desembocado en una usucapión extraordinaria al concurrir todos los requisitos exigidos para que ésta tenga lugar: posesión en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente".

Quién debe encargarse de su conservación

En el informe, que tiene 154 páginas y ha costado casi 18.000 euros, los catedráticos reconocen que "no se puede establecer el comienzo del concepto de dueño" y señalan dos fechas, 1950 o 1961. Pero, en ambos casos, entienden que ha transcurrido "el tiempo legalmente requerido para que se pueda adquirir el bien por usucapión".

El Ayuntamiento de Santander pide al Gobierno regional que se encargue de su conservación

El Gobierno de Cantabria había manifestado en los últimos tiempos que, desde su punto de vista, el castillo era propiedad del Ayuntamiento de Santander y, por tanto, debían hacerse cargo de su conservación. Ahora, después del informe redactado pro los catedráticos de la UC, será el propio Ayuntamiento quien pedirá al Ejecutivo regional que se encargue de su mantenimiento.

Se basan en que son las comunidades autónomas quienes están obligadas a proteger los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural. El concejal de Patrimonio del ayuntamiento, Víctor González-Huergo, ha explicado que tanto el informe de la UC como los servicios jurídicos municipales coinciden en que el edificio no pertenece al Ayuntamiento y "carece de competencias para actuar en él", por lo que pasan la pelota de su conservación al Gobierno de Cantabria.