Los argumentos con los que Bravo convenció a Juanma Moreno para el adelanto electoral

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), aseguró desde el comienzo de su mandato que iba a agotar la legislatura, que acababa en noviembre de este año, como símbolo de estabilidad política y económica en Andalucía. Pero la realidad ha superado a las buenas intenciones y, desde Navidad, las opiniones dentro del Consejo de Gobierno se habían dividido entre quienes consideraban más oportuno seguir adelante hasta después de verano y los que pedían el adelanto ya. Finalmente, se impuso la segunda corriente, con un peso específico del consejero de Hacienda, Juan Bravo, para persuadir al dirigente popular. La cuestión económica fue clave, especialmente porque la región no podía avanzar sin unos presupuestos adaptados a la realidad actual.

Moreno escuchó en estos tres últimos meses múltiples teorías, de carácter político y electoral, sobre la conveniencia para el PP de aprovechar determinadas coyunturas. Sobre la mesa estaban el 'efecto Feijóo', el crecimiento de Vox, la fragmentación de la izquierda o el escaso conocimiento del socialista Juan Espadas. También siguió atentamente las encuestas que le muestra su equipo y las que se publican en los medios de comunicación.

Se trataba de unas cuentas de 43.816,3 millones de euros, las mayores en la historia de la comunidad, con un crecimiento del 9%

Entre los principales argumentos para alargar la legislatura, el presidente andaluz tenía la necesidad de aprobar algunas normativas que formaban parte de sus promesas electorales, como la Ley de Economía Circular y Ley de Función Pública, entre otras, que se quedarán a las puertas. Además, seguir hasta después de verano le permitiría inaugurar algunas de las obras estrellas que ha llevado a cabo en este ciclo, como la ampliación del Metro de Málaga o la entrada en total funcionamiento del Hospital Militar de Sevilla.

Sin embargo, en el otro lado, uno de los más claros y vehementes defensores del adelanto electoral ha sido el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Juan Bravo, que advirtió insistentemente que la actual situación era muy perjudicial para Andalucía y que la Administración estaba muy tocada desde el 25 de noviembre. Aquel día, Vox, que llevaba meses reclamando ir a las urnas cuento antes, se unió a los partidos de izquierda para tumbar el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022 y poner en jaque la legislatura. Marcó un antes y un después.

Se trataba de unas cuentas de 43.816,3 millones de euros, las mayores en la historia de la comunidad, con un crecimiento del 9% respecto al de 2021. Eran consideradas fundamentales por el Gobierno autonómico para afrontar la salida de la crisis originada por el covid-19. Desde aquel golpe, la actividad del Ejecutivo presidido por Moreno se fue complicando extraordinariamente, al tener que gobernar con unos presupuestos elaborados en 2020 y que no tenían en cuenta múltiples factores como los que afronta la región y el país en estos momentos, desde la inflación desbocada a los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

Opinión

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Juan Bravo le ha hecho ver a Moreno que existían argumentos a corto y medio plazo que dificultaban y en algunos casos imposibilitaban seguir con normalidad la acción de Gobierno. Un ejemplo es que la Junta ya había empezado a ver en este último trimestre que las empresas adjudicatarias de numerosas obras amenazaban con paralizarlas por el incremento de los precios de los materiales, que en determinados productos se ha incrementado un 40%, como el acero, y del transporte.

El 1 de marzo, la Junta aprobó un real decreto que ampliaba la normativa ya aprobada por el Gobierno central para compensar a las empresas que trabajan con la Administración autonómica, con el objetivo de "no parar obras y para no poner en peligro la viabilidad de esos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo". Se estima que el alza de los precios puede estar en una horquilla entre el 10% y el 20%, que es el tope máximo que impone el Estado para su revisión.

El principal argumento esgrimido por el consejero de Hacienda y Fondos Europeos tiene que ver con la segunda parte de su cargo: la ejecución del dinero que llega de la UE y que es fundamental para el desarrollo económico de la región. Juan Bravo ha asegurado en todo momento que 2023 es un año en el que Andalucía se juega mucho en los fondos europeos y mostraba su horror ante la posibilidad de que las elecciones fueran en octubre o noviembre. No se podía funcionar con unos presupuestos desactualizados y diseñados en verano de 2020.

El propio consejero reconoció las limitaciones de una Administración desbordada, especialmente tras el estallido de la pandemia

Tal y como explicaba recientemente en una entrevista en El Confidencial, la Administración andaluza se enfrenta a un reto colosal para tramitar miles de expedientes que permitirán la ejecución de los fondos, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Con respecto a los primeros, 2023 es el año límite y ascienden a unos 8.300 millones de euros. Según denuncia el consejero, cuando el actual Gobierno de PP y Cs entra en San Telmo a principios de 2019, se encuentra con que, a falta de un año para que acabe el periodo previsto por la UE, la Junta socialista solo había dejado certificados por 1.500 millones de euros.

Esto obligaba al Ejecutivo de Juanma Moreno a certificar cerca de 7.000 millones entre 2019 y 2023 y con una Administración poco engrasada en esta materia. De hecho, esta situación creó uno de los momentos de mayor tensión en la coalición de Gobierno, cuando en septiembre de 2020 el presidente andaluz traspasó al departamento de Bravo la gestión de los fondos que hasta entonces gestionaba Economía, en manos de Rogelio Velasco (Cs).

En estos tres años, la Junta ha conseguido certificar unos 1.000 millones anuales, pero aún quedan más de 4.000 millones que deben justificarse ante la UE a finales del próximo año. El propio consejero reconoció las limitaciones de una Administración desbordada, especialmente tras el estallido de la pandemia. "En general, desde el punto de vista de la gestión administrativa, se ha multiplicado por tres el volumen de trabajo", asegura.

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En febrero del pasado año, el Parlamento autonómico aprobó un decreto ley que recogía medidas de agilización administrativa y racionalización de recursos para el impulso de los fondos Next Generation y al marco financiero plurianual para 2014-2020, que se extiende hasta 2023. Aquella normativa está dando sus frutos y Juan Bravo se siente satisfecho de la evolución de la gestión tras este último año y por ello le ha insistido a su jefe de la necesidad de ayudar a ese avance con la aprobación cuanto antes de unos nuevos presupuestos que reflejen esta nueva realidad.

El consejero de Hacienda ha conseguido en este mes una doble recompensa a su insistencia. Por una parte, Juanma Moreno ha adelantado las elecciones y convocado a los andaluces a las urnas el próximo día 19 de junio. Por otra, el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha nombrado vicesecretario de Economía en el Comité Ejecutivo de los populares, convirtiéndose en uno de los hombres fuertes de Génova. Sin embargo, no quiere instalarse en Madrid y no oculta su ilusión por repetir en el cargo si Moreno revalida su Gobierno.

Al contrario del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que saldrá de San Telmo en verano para dedicarse exclusivamente a su nueva responsabilidad de coordinador nacional del PP, a Bravo le gustaría seguir en el Ejecutivo autonómico y llevar a buen puerto el objetivo que se había propuesto.