La "cara oculta" de los cuerpos de seguridad: 20 agentes se suicidan de media cada año

Lentamente, y empujado por los estudios y las opiniones de los expertos, el suicidio se ha ido abriendo hueco en la agenda política y mediática. Considerado un tabú, silenciado por ese miedo al efecto contagio, las cifras que lo sitúan como la primera causa de muerte externa en el país han revelado una problemática intrínsecamente ligada a la salud mental. Un fenómeno que tiene su reflejo en los cuerpos de seguridad del Estado, donde prácticamente en la última década se han contabilizado 185 suicidios —145 empleando un arma de fuego—, lo que supone una media de 20 fallecimientos al año. Esta circunstancia ha llevado al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a la Guardia Civil a establecer protocolos de prevención. Las iniciativas son valoradas por los sindicatos y asociaciones profesionales, pero consideran que deben ampliarse.

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Según los datos que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso El Confidencial, desde 2012 a 2020 —las estadísticas de este año aún están elaborándose— 87 policías nacionales y 98 guardias civiles se quitaron la vida, siendo 2017 el ejercicio más trágico con 28 fallecimientos. En 24 de estos —el 85,7%— se emplearon armas de fuego, aunque no se especifica en cuántos se utilizó la reglamentaria o una particular.

El análisis por comunidades autónomas revela que Madrid es la que más casos presenta. Un total de 39 agentes —17 del Instituto Armado y 22 del CNP— se suicidaron durante el periodo de análisis. Esta cifra representa el 21 por ciento del total, cuatro puntos menos que Andalucía, la segunda región en casos —32—.

La autonomía andaluza es la que registra más muertes autoprovocadas entre agentes de la Guardia Civil, con 19, mientras que la madrileña, con 22, es la que presenta una mayor incidencia dentro de la Policía Nacional.

Canarias y Valencia, con 17 y 15 episodios consumados, respectivamente, les siguen en números absolutos; mientras que Cantabria y La Rioja, con un único fallecimiento en casi una década, son las comunidades que mejores guarismos contabilizan. De la información recabada, además, se desprende que un miembro del CNP se quitó la vida estando en el extranjero, se supone que estando en una misión internacional o destinado en el dispositivo de seguridad de alguna embajada.

Especialmente curiosos son los datos de Asturias. Con tres agentes muertos en la horquilla de tiempo objeto de estudio, es una de las comunidades donde el suicidio tiene menos presencia en las plantillas de los cuerpos policiales. No obstante, si se analiza el total de la población, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) —correspondientes a 2018— la sitúan como la región que presenta la peor tasa: 13,47 casos por cada 100.000 habitantes. Como contraposición, en Andalucía y Madrid este indicador fue de 7,53 y 5,19, respectivamente.

Constante goteo

Esta problemática afecta prácticamente por igual al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, pues en más de la mitad del periodo analizado se supera la decena de agentes caídos y se aproxima notablemente en el resto. Y de los datos oficiales se desprende que una media de 20 agentes al año decide quitarse la vida: 11 guardias civiles y 9 policías nacionales, lo que pone de relieve un incesante goteo que ha llevado a los responsables policiales a activar protocolos para tratar de atajar esta problemática.

Una resolución fechada el 5 de noviembre de 2020 desarrollaba un Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida en la Dirección General de la Policía. El fin del mismo es "definir los objetivos a perseguir y las medidas a implantar para llevar a cabo la promoción de la salud mental y, en especial, la prevención de actitudes suicidas entre los funcionarios policiales": Para ello despliega tres niveles de prevención: "primaria, secundaria y terciaria".

En el seno del Instituto Armado se ha activado un protocolo para adoptar medidas específicas ante situaciones de naturaleza psiquiátrica, psicológica o ante conductas anómalas que afecten a los guardias civiles. Fue aprobado en la Orden General número 6 del 19 de julio de 2018 y se complementa con el Plan Preventivo de Asistencia Psicológica (PPAP), vigente desde el año 2010 y que "vino a sustituir y a mejorar el II Plan de Prevención de Conductas Suicidas que estuvo vigente desde 2005 hasta 2009".

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Estos programas, no obstante, no satisfacen a todos los representantes de los agentes. Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), explica a este periódico que llevan años "hablando con los grupos parlamentarios para transmitirles la necesidad de abordar este problema a través de una comisión de estudio multidisciplinar y no solo con los mecanismos internos de la Guardia Civil".

"Por su naturaleza militar, los guardias civiles tienen vedado el acceso a instrumentos que sí están al alcance de otras profesiones para velar por el respeto a sus derechos. Esto hace que en ocasiones nos encontremos indefensos para resolver conflictos laborales internos o detener posibles casos de 'mobbing' que pudieran darse como en cualquier organización de otro tipo y que pueden potenciar un ambiente propicio para la aparición de este tipo de trastornos", señala.

"Es la cara oculta de la Guardia Civil", sostiene Carmona, que afirma: "Necesitamos incrementar el número de psicólogos adscritos a las Unidades de Prevención de Riesgos Laborables, incluso recurriendo a profesionales externos", lo que facilitaría que los agentes "puedan tratarse sin miedos". Además, reclama la dotación de armeros en todas las unidades "para no llevarse el arma reglamentaria a casa" y evitar la estigmatización laboral: "Que para un guardia civil darse de baja psicológica no signifique 'manchar' su expediente y condenar su vida profesional".

Fuentes del sindicato Justicia Policial (Jupol), aunque muestran su satisfacción por la puesta en marcha de un protocolo antisuicidios en el ámbito de la Policía Nacional, consideran que "hay que seguir mejorando el sistema de atención psicológica", "incrementar el número de facultativos que prestan el servicio" e "implementarlo en todas las provincias".

Esta organización, que recuerda que hace tiempo puso en marcha el programa SOS Jupol para ayudar a los afiliados que precisen ayuda psicológica y sanitaria, añade que herramientas como las habilitadas son "fundamentales" para "mejorar la salud mental de los miembros del CNP y evitar la lacra que supone el suicidio en el cuerpo".