Vox bloquea la agenda legislativa de Juanma Moreno y pide elecciones ya

De las palabras a los hechos. Hace menos de una semana Vox daba un ultimátum al Gobierno andaluz de PP y Cs y daba por roto el pacto tras acoger la comunidad a 13 menores inmigrantes para aliviar la presión en Ceuta. Este miércoles, en el pleno del Parlamento, se han visto las primeras consecuencias. Y son graves. El partido de extrema derecha ha asestado el revés más duro al Gobierno andaluz desde la investidura de Juanma Moreno, mientras que pide que se adelanten las elecciones autonómicas.

Vox ha impedido que se tramite la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio Andalucía, una norma clave con la que el Gobierno iba a cambiar profundamente el uso del suelo en la comunidad, eliminando trabas y trámites para la planificación urbanística. Una norma que se había pactado de forma informal con Vox, pero que han impedido que entre en el Parlamento.

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Isabel Morillo. Sevilla

Vox se ha abstenido frente a la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, apoyada por el PSOE y por los no adscritos de Teresa Rodríguez. El bloque de la izquierda suma 50 diputados. El de las derechas de PP y Cs, 47, aunque hubo 43 votos dicen "por un problema técnico". La abstención de Vox dejó claro que el Gobierno de Juan Manuel Moreno va a pasar una dura travesía del desierto si quiere continuar la legislatura y no anticipar elecciones autonómicas.

No queda ahí el revés de Vox a sus socios de PP y Cs. Ya por la mañana impidieron la tramitación por lectura única y unanimidad de la reforma de la ley de salud pública. Un cambio normativo que permitiría al Gobierno restringir la movilidad y otros derechos fundamentales para contener la pandemia sin tener que pedir aval previo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Fue el exportavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien anunció que su grupo iba a abstenerse, lo que dejaba en el aire la nueva ley del suelo andaluza. Cs y PP, que le sucedieron en el uso de la palabra, no ocultaron su decepción y su desconcierto con el sentido de la votación del grupo de Santiago Abascal. De hecho, han pospuesto la votación a última hora de la tarde en un intento desesperado de salvar la norma. Vox asegura que su decisión es "inamovible". La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), se saltó todos los acuerdos sobre votaciones que se habían alcanzado y anunció de forma sorpresiva que se posponía al final de la tarde. Las protestas de los grupos no la hicieron cambiar de opinión. De nada sirvió.

Adelante Andalucía fue quien registró la enmienda a la totalidad con el mensaje de que era una ley que devuelve a la comunidad al “pelotazo urbanístico”, que “elimina controles medioambientales” y que apuesta de nuevo por “el boom inmobiliario”, permitiendo construir en suelos que antes no se permitía. Los no adscritos de Teresa Rodríguez también se sumaron a tumbar una ley que consideran que abre la puerta al “ladrillazo”. En la misma línea el PSOE, que había mantenido su posición en el aire, se unió a la enmienda de Adelante para tumbar la norma de la Junta. La oposición criticó al Gobierno su "soberbia" y lamentó que se hubiera confiado con el apoyo de Vox y no hubiera intentado una negociación seria.

El Gobierno andaluz había aprobado y remitido al Parlamento la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) asegurando que suponía un cambio importante en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Se pretendía además su tramitación de urgencia, ya que el Gobierno andaluz defendía que, en plena crisis sanitaria por el Covid-19, iba a ser un revulsivo para la recuperación económica, “gracias a la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias a particulares y a empresas” en la tramitación de proyectos urbanísticos.

La nueva ley del suelo de PP y Cs ponía fin a la Ley de Ordenación Urbanística (2002) y la Ley de Ordenación del Territorio (1994) y desde el Gobierno defendían que era “una revisión integral del urbanismo andaluz”, reduciendo trámites administrativos y desbloqueando los problemas urbanísticos de muchos municipios, aflorando viviendas ilegales, unas 300.000. o ayudando a los ayuntamientos a aprobar sus planes urbanísticos. Casi 500 planes generales de ordenación urbanística (PGOU) han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales en los últimos años. Se pasará de los entre ocho y diez años de media para aprobar un plan general a una media de dos años.

El Gobierno defendía además que Andalucía se convierte, por otro lado, en la primera comunidad autónoma que elimina las clasificaciones de suelo anteriores para adaptarse a la ley estatal. Se establecen dos clases de suelo: urbano y rústico, frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

Vox también rechazó en el pleno la convalidación de un decreto ley que aprobaba una línea de subvenciones para las entidades locales autónomas andaluzas. Salió gracias al PSOE. Un proyecto de la cartera del vicepresidente Juan Marín (Cs), que no ocultó su indignación desde la tribuna y aseguró que "van a tener que dar muchas explicaciones" a sus votantes. Lo que sí salió adelante fue la proposición de ley que permitirá la reforma fiscal y la revisión de todos los impuestos en manos de la Junta. Una iniciativa que sí tenía la rúbrica de Vox. Ese fue su aviso, que solo iban a aprobar aquello que ya estuviera acordado y firmado y, por primera vez tras muchos avisos durante esta legislatura, han cumplido su palabra.