Las autonomías y Sánchez Gordillo, entre los grandes receptores de la PAC

La política agraria común (PAC) ha abierto un nuevo frente del Gobierno de la nación con Andalucía, y es grave. El campo vuelve a estar en pie de guerra y todas las organizaciones agrarias, al unísono, algo raro hasta la fecha, advierten al ministro Luis Planas: esperan que remita la pandemia para volver a sacar los tractores a la calle.

El Gobierno socialista ha conseguido enfrentarse a todo el campo andaluz, levantado en armas, tanto grandes como pequeños agricultores, incluso asociaciones como COAG, tradicionalmente afín al PSOE. Si los socialistas ya tenían un problema en Andalucía, su granero electoral clave, la PAC puede ahondar aún más la brecha. Los primeros en salir, advierten, serán los olivareros de Jaén, una provincia castigada y ya incendiada por la reciente adjudicación de la base logística del Ejército de Tierra a Córdoba, de lo que culpan a la vicepresidenta Carmen Calvo.

El conflicto prendió por el real decreto aprobado el pasado 27 de enero que impone la convergencia interna, es decir, mecanismos para equiparar a todos los preceptores de ayudas directas y acortar las grandes distancias que existen actualmente.

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La rebelión de Andalucía tiene también que ver con un tópico. Se quejan los agricultores y ganaderos de que el ministerio vuelva a azuzar el cliché de que son grandes señores del campo, los tradicionales terratenientes, los que se están llevando el mejor trozo del pastel de las ayudas europeas. Niegan que sea así. Un repaso por las ayudas públicas, que son de acceso público en la página oficial del Fondo Español de Garantía Agraria, deja algunas sorpresas.

¿Dónde va el dinero?

Los gobiernos autonómicos y algunas de sus agencias públicas son los más beneficiados por estas ayudas. Los datos se corresponden con el total de subvenciones que llegan de la Unión Europea, no solo con el pago directo a agricultores; por lo que están incluidos, por ejemplo, fondos de desarrollo rural que ejecutan el Estado y las comunidades. Las agencias públicas que reciben ayudas lo hacen porque tienen actividad agraria. Fue una de las condiciones del anterior marco que ahora expira, que deja fuera a los meros propietarios de terrenos sin actividad agraria. Además de estar sujetos a las inspecciones agrarias, los preceptores tienen que justificar que una parte de sus ingresos procede de la venta de productos agrarios.

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En el listado de los 15 mayores beneficiarios de la PAC en 2019, figuran los gobiernos de Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio, Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario de esta comunidad, Extremadura y Madrid. Todos por delante de la primera gran sociedad que acapara un mayor volumen de fondos, el grupo alimentario Dcoop, una gran cooperativa alimentaria que tiene entre sus socios empresas —la gran mayoría, cooperativas— que a su vez tienen como propietarios a 75.000 agricultores y ganaderos. Es el mayor productor oleícola mundial, con sede en Málaga.

También están en este club de los grandes agraciados los gobiernos de Aragón, Murcia y Asturias. Así como Alvinesa Natural Ingredientes, la mayor destilería de España, en manos de Artá Capital, el fondo de inversión de la familia March, y el grupo navarro AN, formado por 161 cooperativas y 41.912 agricultores.

Un 1%, más de 100.000 euros

Según los datos del FEGA, en 2019, los 7.400 millones de la PAC que llegaron a España (4.800 en pagos directos a agricultores) se repartieron entre 684.704 beneficiarios. Pero la distribución de los fondos es heterogénea. Un 1% de los beneficiarios recibió ayudas de más de 100.000 euros. Al final, este grupo se repartió el 27% de la cantidad total en 2019. La mayor parte de los perceptores de las ayudas, sin embargo, reciben menos de 10.000 euros y la suma de sus ayudas solo supone un 17,1% del total. Del total de la cantidad de ayudas que llegan, un 36% es en concepto de pago básico.

Entre los beneficiarios, figuran también empresas como Telefónica. El concepto de la PAC por el que recibió fondos en 2019 (2.635.465,39) es 'Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales'. La empresa está en la número 70 del 'ranking' de los que más dinero recibieron con cargo a estos fondos europeos entre los casi 685.000 beneficiarios españoles.

Entre los ‘grandes terratenientes’ está la cooperativa de Sánchez Gordillo

Tampoco hay que pensar en grandes terratenientes. Por ejemplo, la cooperativa Tierra, Trabajo y Libertad, de Marinaleda (Sevilla), que no paga por el uso de la tierra desde 1992, está en el puesto 3.162 entre los casi 685.000 beneficiarios. Sí que figura en el selecto grupo de los que cobran más de 100.000 euros.

Un cambio brusco

Esta es la radiografía del reparto total de las ayudas que el Ministerio de Agricultura quiere cambiar. El objetivo del real decreto que ha incendiado el campo andaluz es "cambiar un sistema de reparto implantado hace dos décadas que arroja una situación desequilibrada e injusta", defienden desde el departamento de Luis Planas. Es una exigencia además de la UE desde 2015, recuerdan, que España "está realizando con excesiva lentitud". El objetivo es conseguir la convergencia en dos años, 2021-2023, antes de la entrada en vigor de la nueva PAC, que aún se está perfilando. Un cambio demasiado brusco y acelerado, advierten las asociaciones andaluzas.

Ese decreto ha conseguido lo impensable. Todas las organizaciones agrarias en Andalucía, las que representan a los grandes agricultores, pero también las cooperativas o las pequeñas y medianas explotaciones, van de la mano contra las pretensiones del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Que en esa foto haya organizaciones que siempre se han vinculado a los socialistas deja claro el grado de indignación y también la oportunidad brindada al Gobierno andaluz de PP y Cs de ponerse al frente de todo el sector agrario andaluz.

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"El real decreto ataca directamente la principal región agraria de España", recuerdan las asociaciones andaluzas. El 34% de preceptores de ayudas de la PAC se ubica en Andalucía, el 37% del valor añadido bruto (VAB) agrario. Los cálculos señalan que con los planes del ministerio para el reparto de fondos, perderán un 50% de los 1.300 millones que perciben anualmente, entre pago básico y verde, los 232.000 perceptores andaluces. Dejará fuera del sistema a entre 54.000 y 120.000 productores, sostienen Saha, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Recuerdan que han tenido un papel crucial en la pandemia y que ya venían de una situación muy complicada, lo que agrava el sentimiento de castigo.

Ronda de negociaciones técnicas

El ministerio ha enviado esta semana, y volverá la próxima, al secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, pero no logró calmar los ánimos. Al revés, los agricultores exigen a Planas "sentarse cara a cara" y lo acusan de estar escondido. Es llamativo, porque hasta julio, cuando el ministerio viró su rumbo, el ministro de Agricultura era el más valorado desde Andalucía, incluso desde el Gobierno de PP y Cs. Su desgaste es ahora mismo importante.

Desde el ministerio, aseguran que en 2021 la convergencia apenas moverá un 3,5% del total de los importes de pago básico y que solo un 1,8% de los beneficiarios perderá más del 20%. "Ninguna región perderá dinero, pero se redistribuirá para que los que menos perciban vean aumentados sus ingresos", sostienen desde el departamento de Planas. Afirmación que niega al unísono el campo andaluz. Y este es el principio. El reparto de la PAC, que entrará en vigor en 2023, aún está por perfilar y con muchos aspectos abiertos. Es la antesala de la batalla y ya promete.