La Junta espera al Gobierno para decidir el confinamiento domiciliario de Granada

Otra batalla en la sempiterna guerra entre la Junta de Andalucía y el Gobierno. En este caso, el tablero está en Granada, una ciudad en la que el Ejecutivo andaluz ha cortado toda actividad que no sea esencial, pero en la que está encima de la mesa el confinamiento domiciliario por el aumento de casos de covid: ayer, había 879 hospitalizaciones, de las que 122 eran en UCI. La incidencia acumulada es de 1.358,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Las cifras de Granada son desalentadoras, las peores de Andalucía y entre las más negativas de España en incidencia acumulada. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, dijo el martes que el Ejecutivo regional había pedido el confinamiento domiciliario, pero fuentes de la Junta de Andalucía consultadas de la Consejería de Salud y también de la propia viceconsejería niegan que se haya solicitado.

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Marín dejó muy claro que el Gobierno andaluz había solicitado el cierre total de Granada, pero que el Ministerio de Sanidad no lo había concedido. Sanidad es quien tiene la competencia y debería cambiar el decreto de alarma para que la situación se hiciera efectiva.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido disponer de “todos los instrumentos” en la lucha contra el covid, en un claro mensaje que se entiende como una manera de pedir la modificación del decreto. Moreno remarca que no se puede pedir un confinamiento domiciliario selectivo para un territorio, en este caso Granada. El confinamiento debería ser para toda Andalucía y no un distrito sanitario o provincia en concreto.

Luis Salvador, alcalde de Granada, considera que lo que sufre ahora mismo la ciudad nazarí es, en la práctica, un confinamiento domiciliario

El Confidencial ya publicó el pasado 6 de noviembre que, según fuentes del Ejecutivo, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, permitiría el encierro en casa de la población. La tesis del Gobierno central, como ya indicó este diario, es que aquellos presidentes regionales que así lo decidan pueden ordenarlo y reclamar posteriormente la autorización judicial, como venía sucediendo antes de que se decretara la alarma de seis meses.

Luis Salvador, alcalde de Granada, considera que lo que sufre ahora mismo la ciudad nazarí es, en la práctica, un confinamiento domiciliario, al suprimirse las actividades no esenciales con el objetivo de “frenar drásticamente la movilidad”. “Es el Gobierno quien tiene competencia, no la Junta ni los alcaldes. Nosotros no podemos pedir confinamientos: para eso hay órganos competentes. Lo que tengo que hacer es poder garantizar la aplicación de todas las normas”, señaló Salvador a este diario.

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Joan Carles March, exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, sostiene que la ciudad andaluza necesitaba un confinamiento domiciliario hace ya tres semanas. “Si se hubiese hecho en ese momento, ya lo habríamos superado”.

"Medidas duras y contundentes"

March indicó el pasado 9 de octubre, cuando existían tres veces menos casos que los existentes actualmente, que hacían falta “medidas duras y contundentes”. “Fue ridículo lo de cerrar solo la universidad y el toque de queda en residencias y colegios mayores”, indicó el directivo sanitario.

E indicó: “Soy partidario de medidas duras. Los confinamientos hay que hacerlos mejor cuanto antes, porque ayudan a disminuir los casos positivos y la mortalidad. Si no se pone bien la salud, la economía no remontará”.