Fiebre sevillana del oro negro: vecinos en pie de guerra por la búsqueda de gas y petróleo

El Gordillo es una barriada limítrofe entre Sevilla y el municipio de La Rinconada. Allí, los vecinos se han movilizado contra Penélope. Ese es el nombre del proyecto de la empresa Oil & Gas Capital para buscar yacimientos de gas y petroleo. Hay preocupación. Fue en 2012, con el PSOE en el Gobierno andaluz, cuando esta empresa obtuvo permisos de investigación en la cuenca alta y baja del Guadalquivir.

Junto a Penélope, recibió autorización el proyecto Ulises, en la provincia de Jaén. Son zonas poco exploradas. Si las prospecciones dan buenos resultados, cuál será el siguiente paso, ¿el ‘fracking’?, alertan los ecologistas. Quieren arrancar al Gobierno andaluz un compromiso firme y que prohíba por ley esta fórmula. De momento, no tienen suerte, reina el silencio pese al compromiso 'verde' de Juan Manuel Moreno (PP), y las sospechas se disparan.

No solo exploran en esa barriada sevillana, donde ya ha habido protestas. También hay prospecciones en el suelo de San Jerónimo, en la zona de Majaravique, en la capital sevillana. Allí, Equo denunció el pasado viernes que había sido agredida una persona que se acercó a grabar un vídeo con su teléfono móvil para mostrar que la empresa ha desplegado sus trabajos y había movimientos de tierra. Los vecinos aseguran que en El Gordillo hay casas “a 40 metros” y que en la barriada vive sobre todo “gente muy mayor”. Denuncian que ya sufren “la contaminación acústica por el paso de máquinas y camiones” que, aseguran, “invaden caminos privados” que fueron arreglados por el propio vecindario.

Licencias en regla

El ayuntamiento de la localidad sevillana de La Rinconada dio la autorización para que se iniciaran los trabajos. En un documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, da autorización para la perforación en suelo no urbanizable o agrícola, pese a que está a escasos metros de las viviendas de los vecinos que protestan. El plazo estimado de las obras es de seis meses. Empezaron la pasada semana. El documento municipal cierra con una advertencia: “Sondeo de prospección, no se autoriza extracción sin autorización del ministerio competente, ni métodos no tradicionales o de fracturación hidráulica”. En ningún caso, reseña un portavoz del ayuntamiento, se permite el ‘fracking’.

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P. Bruni

Desde Equo, son claros: estas prospecciones son el primer paso y si las catas del suelo fueran positivas, el siguiente paso, “sí o sí”, sería el ‘fracking’. En Andalucía, supuestamente está prohibido su uso como sistema de prospección minera. Una proposición no de ley aprobada en el Parlamento andaluz declaró la comunidad libre de esta técnica y muchos ayuntamientos también secundaron este pronunciamiento. Sin embargo, hay dudas sobre el efecto real de estas declaraciones.

Desde 2014, el Tribunal Constitucional fue tumbando todos los intentos autonómicos de vetar el ‘fracking’ en sus territorios. El Gobierno central, del PP, requería la intervención del Constitucional por invasión de competencias y este le daba la razón. Sin embargo, Castilla-La Mancha dio con la fórmula, dividiendo su territorio en zonas concretas donde se impedía esta técnica que rechazan de plano los ecologistas. Andalucía no ha legislado en ese sentido. Ese vacío legal y el hecho de que las licencias de prospección concedidas hacía años y ‘durmientes’ hasta la llegada del Gobierno de PP y Cs se hayan justo ahora reactivado encienden las alarmas.

Técnica de "alto riesgo"

La técnica en cuestión, que tras un alud de peticiones en los años 2000 se frenó en España en 2014 y desde entonces el Gobierno no ha recibido ninguna nueva solicitud, se reactiva ahora en Andalucía. La fracturación hidráulica es señalada por los ecologistas como una práctica de “alto riesgo” para la salud con un “grave impacto” en el medio ambiente. Consiste en perforar hasta cuatro kilómetros bajo tierra hasta llegar a rocas de pizarra y luego inyectar agua mezclada con arena y aditivos químicos que rompen las rocas y hacen que el gas acumulado empiece a subir.

Los ecologistas alertan del grave daño al medioambiente. Los trabajos de la empresa Oil &Gas, que pese a la insistencia de este periódico no ha querido dar su versión, se retomaron en Sevilla justo en el arranque de la cumbre del clima en Madrid. Buscan gas y un petróleo de baja calidad.

Abraham Velázquez, miembro de Equo-Verdes en Sevilla, señala que esto se fraguó con el Gobierno socialista. “No denunciamos ninguna ilegalidad. Hasta donde sabemos, toda la documentación es correcta, lo que denunciamos fundamentalmente es que no será ‘fracking’ pero están perforando para ver si conviene o no el yacimiento, así que la siguiente fase será la de fracturación hidráulica sí o sí. A 500 metros hay viviendas e igualmente inyectan agua y productos químicos a unos 400 metros de profundidad. Hay una cosa adicional, si al lado de mi casa me empiezan a construir un edificio que va a albergar una central nuclear, lo lógico es pararlo antes de que traigan el plutonio. El riesgo existe”, defiende. Han abierto una recogida de firmas. La semana próxima, decidirán si se dirigen a la Junta o directamente llevan la iniciativa al Congreso a través de la coalición Más País-Equo.

Sin alegaciones

Los ecologistas aseguran que la tramitación para autorizar el proyecto se hizo de forma “abreviada”, y eso, denuncian, ha favorecido la desinformación de las personas posiblemente afectadas.

El Gobierno andaluz asegura que ha cumplido todos los trámites y no hubo alegaciones. Efectivamente, señalan desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Oil & Gas Capital SL solicitó realizar un sondeo en el término municipal de La Rinconada. “Se realizaron los preceptivos informes relativos a infraestructuras, vías pecuarias, espacios naturales protegidos y gestión del medio natural, tal y como establece la normativa. Entre ellos, al propio Ayuntamiento de La Rinconada, que emitió un informe positivo relativo al proyecto y dio autorización a la compatibilidad urbanística, a Ecologistas en Acción, la Diputación de Sevilla o la Confederación Hidrográfico del Guadalquivir”. “En el trámite de audiencia, el dictamen ambiental se remitió en abril a distintos organismos y organizaciones (entre otras, a la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Sevilla) y no se presentó ninguna observación”. Automáticamente, se concedió la licencia.

Equo añade el riesgo de la provocación de terremotos, “hasta el punto de que el propio Boris Johnson ha prohibido, el pasado 2 de noviembre, estas prácticas en Reino Unido por el riesgo de movimientos sísmicos provocados por la fractura de las rocas en el subsuelo”. En España, el caso más claro fue el de Castor, promovido por ACS y que ha terminado costando millones de euros al Estado por paralizar la obra tras advertirse un serio riesgo sísmico. Los ecologistas lograron frenar el proyecto de Gas Natural en Doñana y ahora la empresa pleitea en los tribunales por elevadas indemnizaciones de hasta 358 millones de euros.