los impuestos de la cataluña independiente

El Govern planeó financiarse con 'fracking', energía nuclear y gases de efecto invernadero

Un documento secreto revela que el Ejecutivo de Puigdemont quería que la Agencia Tributaria de Cataluña se apropiara de los impuestos minoritarios que cobra y gestiona el Estado

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (d) conversa con el exvicerpresidente del Govern y 'exconseller' de Economía Oriol Junqueras. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (d) conversa con el exvicerpresidente del Govern y 'exconseller' de Economía Oriol Junqueras. (EFE)

El Govern de Carles Puigdemont buscó hasta última hora nuevas vías para financiar el Estado propio tras la declaración unilateral de independencia (DUI). El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, comandado por Oriol Junqueras, pretendía que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se quedara con los ingresos que capta el Estado a través de pequeños impuestos, como los que gravan los gases fluorados de efecto invernadero, la producción de energía eléctrica, las primas de seguros y hasta el polémico 'fracking', la extracción de gas y petróleo mediante la inyección en el subsuelo de agua a alta presión.

La Guardia Civil encontró en los ordenadores de la oficina del exsecretario de Hacienda del Govern Josep Lluís Salvadó, uno de los altos cargos detenidos el pasado 20 de septiembre en la operación Anubis contra las llamadas estructuras de Estado y los preparativos del referéndum del 1-O, una tabla con información exhaustiva sobre los impuestos minoritarios que cobra y gestiona la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El documento está incorporado al sumario que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona y está siendo analizado en estos momentos por los agentes del Instituto Armado.

El archivo, hallado junto a otros informes y borradores de trabajo de la ATC, revela que los cerebros del 'procés' descendieron hasta el más mínimo detalle para preparar la desconexión con el resto de España. Así, en la tabla, a la que ha tenido acceso El Confidencial, aparecen los considerados impuestos pequeños junto al dinero que el Ministerio de Hacienda espera captar mediante cada uno de ellos en el ejercicio 2017, la normativa que los regula y, finalmente, el objeto concreto que queda gravado por la tasa correspondiente.

El primero que se menciona es el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, utilizados en los aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y extintores. El tributo fue aprobado en 2013 y, según los Presupuestos de este año, permitirá a las arcas públicas ingresar 100 millones de euros en el conjunto del territorio nacional. Repercute sobre “la primera venta o la primera entrega de gases fluorados después de su producción, importación o adquisición intracomunitaria”, así como el “autoconsumo”.

La Generalitat también se fijó en el “impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados”, más conocido como 'fracking', una actividad regulada por primera vez en la Ley 8/2015 del sector de los hidrocarburos. Hacienda no contemplaba ingresos por este concepto en 2017. El bajo precio del gas y las reticencias de la comunidades autónomas a este método de extracción por sus riesgos medioambientales han frustrado todos los proyectos presentados por empresas del sector. Sin embargo, los arquitectos del 'procés' también contemplaron el 'fracking' para financiar el Estado propio.

Los dos tributos más atractivos que gestiona Hacienda, dentro de la categoría de los “impuestos pequeños”, son los que gravan “el valor de la producción de la energía eléctrica”, que debe generar ingresos este ejercicio en el conjunto de España de 1.497 millones de euros, y el “impuesto de las primas de los seguros”, que debe captar este año otros 1.493 millones de euros. La consejería que lideraba Junqueras también centró su atención en estas tasas, así como en los impuestos sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y sobre “el almacenaje de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizados”. Según los Presupuestos del Estado, estos dos últimos conceptos tendrían que cosechar un total de 275 millones de euros en 2017. Tres de las siete centrales nucleares que hay en funcionamiento se encuentran en Cataluña (Ascó I, Ascó II y Vandellós II). Producen casi la mitad de la potencia nuclear del sistema eléctrico nacional.

El último impuesto en el que se fijó la Generalitat, según la tabla intervenida en la operación Anubis, es el que se repercute en las “apuestas múltiples deportivas”, regulado en la Ley 13/2011 de regulación del juego. Hacienda prevé ingresar con ese tributo otros 75 millones de euros a lo largo de este año.

La Generalitat pretendía ejecutar el cobro de estos y otros impuestos a través del programa informático e-SPRIU, una aplicación diseñada por IBM y T-System en colaboración con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de Cataluña, que iba a permitirle al Govern el tratamiento de datos a gran escala para poder desplazar definitivamente a la Hacienda española tras la proclamación de la DUI.

En la bandeja de correo de Salvadó apareció un plan para crear el Ejército de Cataluña, que iba a contar con hasta 22.000 soldados

Junqueras y el propio Puigdemont presentaron la nueva ATC el pasado 4 de septiembre, asegurando que estaba preparada para asumir el mandato que saliera del referéndum independentista del 1-O. La Guardia Civil investiga ahora las inversiones de la Generalitat en e-SPRIU ante los indicios de que el Ejecutivo de Junts pel Sí invirtió más dinero del necesario para conseguir que tuviera capacidades que rebasaban el marco del Estatuto de Autonomía, unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos.

Además de la tabla sobre los “impuestos pequeños”, los investigadores se incautaron de otros documentos que confirmarían que el Govern estaba preparado para consumar la ruptura con la Constitución, aunque después de proclamar la DUI el pasado 27 de octubre varios consejeros optaran por marcharse a Bruselas con Puigdemont a la cabeza y el resto abandonó ordenadamente sus despachos oficiales. La Guardia Civil también encontró una lista con más de 40 decretos para desarrollar la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República (LTJR) y apropiarse de las competencias del Estado. Además, en la bandeja de correo de Salvadó apareció un plan para crear el Ejército de Cataluña, que iba a contar con hasta 22.000 soldados.

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