Más madera en el fraude de Empleo: el Parlamento cita al dueño de un prostíbulo

El Parlamento andaluz vive este viernes, un día antes de la jornada de reflexión ante el 10-N, un nuevo capítulo de la comisión de investigación de la Faffe, la fundación de Empleo extinguida en 2012 y bajo investigación judicial por desvío de fondos públicos y enchufismo. Lo hará a lo grande, con un supuesto proxeneta sentado como compareciente.

Seguirá así la gran bronca que se abrió en sede parlamentaria a 72 horas de la cita con las urnas con una estrategia política avalada por PP, Cs y Vox, que convierte el Parlamento andaluz en un escenario más, casi el más importante en la recta final, de la campaña electoral. Es algo que no había ocurrido antes.

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Esta tarde está citado José Ruiz García, el dueño del prostíbulo Don Angelo’s, el lugar donde el directivo de la Faffe pagó 15.000 euros en una gran juerga la noche del 22 de marzo de 2010. Al día siguiente, alguien volvió, abonó en metálico y suspendió los pagos con la tarjeta bancaria a cargo de la Faffe. Así se evitaba dejar rastro. Esa noche coincidió con un cambio de Gobierno en Andalucía. Hubo una crisis que supuso la salida, entre otros, del consejero de Empleo, Antonio Fernández. Nunca se ha sabido quiénes acudieron a esa fiesta. Es una de las preguntas que le caerán al dueño del prostíbulo, quiénes eran habituales en esas juergas y si se pagó más veces con tarjeta.

15.000 euros en una noche

El directivo de la Faffe que pagó en el puticlub fue Fernando Villén, un socialista vinculado a la rama gaditana del partido. No pagó una sola vez. Ante la jueza que investiga esta pieza específica, declaró que pagó 10 veces en clubes de alterne “al equivocarse de tarjeta de crédito”. Sostuvo además que devolvió todo el dinero. Dijo que aquella noche, al Don Angelo’s acudió con “amigos y conocidos”.

Según un auto de la Guardia Civil, se hicieron un total de 43 cargos en clubes de alterne en 10 visitas en locales de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El que hoy acudirá al Parlamento andaluz es dueño del establecimiento sevillano, donde se abonó la factura más elevada. En las puertas de este sitio, ya cerrado, arrancó su campaña electoral el pasado diciembre quien es hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP).

Antes, están convocados tres exconsejeros: Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez de Arellano. Los tres acudirán, según ha podido saber este periódico, y se acogerán a su derecho a no declarar para no contribuir a una comisión que tildan de “acto electoral”.

Los exconsejeros de Empleo y Hacienda están citados hoy en la comisión de investigación

Es lo mismo que hizo este jueves Manuel Chaves, que a primera hora, seis minutos después de las ocho y media de la mañana, se sentó en la comisión de investigación y dio lectura a unas líneas en las que lamentaba que se rompieran “reglas no escritas” y la “neutralidad” del Parlamento. Después, tras retirarle el uso de la palabra el presidente de la comisión, Enrique Moreno, de Cs y novato en la Cámara, que porfió con el expresidente en una bronca bochornosa, Chaves se levantó y se fue. Hasta ahora, los partidos respetaban la última semana de campaña electoral. De hecho, los diputados acordaron suspender el pleno que hubiera tocado esa semana.

El plantón de Díaz

A diferencia de Chaves, no acudieron por el Parlamento sus sucesores. No fue José Antonio Griñán, que comunicó por escrito al presidente de la comisión que no había recibido la notificación. Al parecer, la dirección del domicilio donde le enviaron la carta era errónea. En la misma línea comunicó su ausencia Susana Díaz, quien rechazó la citación remitida al Parlamento andaluz porque “no es su lugar de trabajo”. Díaz no ha explicado en primera persona por qué no acudió. El PSOE podría haber recurrido por electoralistas estas convocatorias en la comisión de investigación ante la Junta Electoral Central, pero prefirió no hacerlo, por miedo a un revés, y aferrarse a esos supuestos errores de forma. Vox ya ha anunciado que acudirá a los tribunales. El PP asegura que lo está estudiando.

Tampoco acudió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que alegó un informe del Consejo de Estado que avala que los parlamentos autonómicos no pueden citar a miembros del Gobierno central. La exministra de Empleo Fátima Báñez también alegó ese informe cuando el Parlamento andaluz la citó en una comisión de investigación de los cursos de formación.

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La Faffe lleva coleando muchos años ya. Fue una fundación creada en 2003 y extinguida en 2012, tras estallar otro escándalo, el de los ERE, con los mismos protagonistas en la Consejería de Empleo. Se separó como una pieza específica en la macrocausa de los cursos de formación y el caso sigue su curso en los tribunales. Se denunció además un centenar de casos de supuesto enchufismo dentro de esta fundación pública. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que se realizaron contratos “indiciariamente irregulares” por importe de 9,4 millones de euros. La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó entre 2009 y 2010 subvenciones sin justificar en la Faffe por valor de 55,6 millones de euros. Los tribunales apercibieron en varias ocasiones al Gobierno andaluz de Susana Díaz denunciando una estrategia de bloqueo de la investigación y que se retrasó el envío de documentos a los juzgados más de un año.