España cuenta con más de un millón de pozos subterráneos similares al de Totalán

España cuenta con más de un millón de pozos y captaciones para el aprovechamiento de las aguas subterráneas similares al de Totalán (Málaga), de 110 metros de largo y 25 centímetros de ancho, en el que desde el pasado domingo se busca al niño de dos años Julen, aunque esta cifra podría ser superior, según las ONG ecologistas.

Esta estimación oficial viene recogida en el 'Libro blanco del agua', del entonces Ministerio de Fomento (2000), si bien parte de las perforaciones son realizadas "de manera ilegal" —tal y como sucedió con el pozo en el que se busca al pequeño, que carecía de permisos de perforación— y con "impunidad" por parte de la Administración, según han indicado a EFE portavoces de distintas organizaciones ecologistas.

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En el año 2006, el Ministerio de Agricultura reconocía la existencia de 510.000 pozos ilegales en el territorio nacional, suficientes para el bombeo de "3.600 hectómetros cúbicos anuales y abastecer a 40 millones de personas", ha recordado a la agencia EFE el coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. "El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2017 de forma no oficial, elevaba esta cifra a más de 1.000.000 de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hm3/año", señala Greenpeace en marzo de 2018 en su web.

Aunque la actual Ley de Aguas es una "buena herramienta" para hacer frente a este asunto, a juicio de los ecologistas la Administración pública "decide mirar para otro lado", ha expresado el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea. De hecho, según datos de esta ONG, en los últimos cinco o seis años tan solo se han cerrado "cinco" de estas prospecciones ilegales.

Esta práctica, extendida por todo el territorio, ha sido especialmente denunciada en el Parque Nacional de Doñana, donde varias ONG ambientalistas han estimado "más de 1.000 perforaciones ilegales".

La mayoría de los pozos perforados en España se destinan a labores de regadío, según ha explicado Martín Barajas, quien ve parte del problema en "una política agraria que fomenta la agricultura de regadío a cualquier precio". En este sentido, desde Greenpeace han recalcado la necesidad de "adaptar" las políticas de agricultura "a la disponibilidad de agua", algo que "aún nadie se está planteando".

En el plano medioambiental, esta práctica provoca "gravísimos estragos" sobre las masas de agua, como su "irreversible" contaminación, su sobreexplotación o la disminución del caudal de los ríos, según han denunciado ambos portavoces. Como ejemplo, Martín Barajas señala el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Acuífero 23), donde a pesar de las abundantes lluvias de la pasada primavera "estaba todo prácticamente seco". En el futuro, el cambio climático no hará sino "acrecentar este problema", que debería ser "prioritario" en la agenda ambiental nacional.